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5 de diciembre de 2014

CYBERBULLYING:



El presente artículo escapa un poco de nuestro trabajo acostumbrado. Sin embargo, en varias ocasiones, a veces como un “punto aparte” en el planteamiento de los casos, de parte de nuestros clientes, nos han manifestado elevadas preocupaciones por “malos tratos” para con sus menores hijos, por parte de otros menores, ocurridas a nivel de las redes sociales y provenientes de sus amigos/conocidos en el entorno, tanto escolar como de las comunidades en las que viven. “Malos Tratos” a los cuales no saben como enfrentarse, precisamente por tratarse de menores y de un mundo virtual en el que los adultos, a veces somos “analfabetos teconológicos”. Es así, que como madre y como profesional del derecho, decidí plasmar por escrito, lo que puede servir de marco de orientación para solventar el problema, que, a nivel escolar y desde muy tempranas edades, va en aumento, denominado popularmente, “Bullying”. En la actualidad, el Bullying está rebosando las fronteras personales y alcanzado niveles virtuales e ilimitados. Lo anterior porque el acoso entre menores, no se limita al horario escolar.  En Venezuela el 40% del total de los usuarios de internet tienen menos de 19 años. El 70% de los niños (6-9 años) tienen computadoras a su disposición, y el 51% de los adolescentes (10- 18 años) prefieren conectarse por internet, según detectó la investigación La Generación Interactiva Venezolana (2012) del Instituto de Investigaciones de la Comunicación (Ininco) de la UCV.  El 40% de los niños de 12 años ha sufrido bullying (46% ellas y 36% ellos) y la tendencia a la depresión o la ansiedad en estas víctimas es mayor. CONCEPTO: Es el uso de los medios telemáticos (Internet: Facebook, whatsapp, sms, telefonía móvil y videojuegos online) para ejercer el acoso psicológico entre iguales, NO entre adultos y menores, se trata de  acoso entre y exclusivamente entre menores. Si interviene algún adulto, estaremos ante algún tipo delictivo. Ocurre, entonces cuando un menor atormenta, amenaza, hostiga, humilla o molesta a otro mediante Internet, teléfonos móviles, consolas de juegos u otras tecnologías telemáticas. El menor acosador, se beneficia del anonimato, pues asume roles, seudónimos en la Red que, convierten al ciberbullying en un grave problema, pues complica la determinación del acosador para asignarle sanciones. FORMAS DE MANIFESTACIÓN: -Colocar fotos, imágenes, reales o montadas, que humillen a la víctima. –Crear páginas en las que se vote por la víctima en sentido negativo, “la más tonta del salón”, -Crear un perfil falso en nombre de la víctima, donde se escriban “confesiones” falsas, vejatorias, -Enviar mensajes ofensivos, en whatsaap, sms. COMO COMBATIR EL CYBERBULLYING A NIVEL LEGAL: Debemos partir de que este tipo de comportamiento, está penalizado en Venezuela, si un menor de edad ha sido víctima de un caso de cyberbullying,  puede acudir al  CICPC, en la División de Delitos Informáticos a colocar la denuncia, éste organismo deberá atender la situación en coordinación con el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolecentes. El Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolecentes, igualmente, puede tomar la denuncia, y está llamado a adoptar, incluso los correctivos necesarios, pasando previamente, por la citación del presunto acosador, en la persona de su representante legal. El Consejo, podrá adoptar medidas que protegan la integridad física y sicológica de la víctima, a los fines de hacer cesar el comportamiento en cuestión. La Fiscalía del Ministerio Público con competencia en menores, también puede servir para interponer denuncias en este tema. No obstante, por la efectividad demostrada en algunos casos, nuestro Despacho Jurídico, se inclina por el Consejo de Protección. Lo cierto es que, dependiendo de la gravedad del acoso, el menor puede ser sujeto de responsabilidad, incluso penal. La Ley Especial Contra Delitos Informáticos, en sus artículos 20 y 22, prevé la protección de la privacidad de datos o información personal: “El que por  cualquier medio se apodere, utilice, modifique o elimine, sin el consentimiento de su dueño, la data o información personales de otro o sobre las cuales tenga interés legítimo, que estén incorporadas  en un computador o sistema que utilice tecnologías de información, será penado con prisión de dos a seis años y multa de doscientas a seiscientas unidades tributarias.  La pena se  incrementará de un tercio a la mitad si como consecuencia de los hechos anteriores resultare un perjuicio para el titular de la data o información o para un tercero.”. La LOPNNA, establece la responsabilidad penal del adolescente, en su artículo 531. Por tanto, tenemos no solo la legislación, sino los organismos públicos, a través de los cuales podemos, como padres, obtener los correctivos y/o sanciones contra el bullying, cuando por ejemplo, la unidad educativa o nuestra comunidad, no logra resolver por si misma la situación en la que perjuicialmente se ven envueltos nuestros niños. La conclusión es necesariamente, no volverse cómplices silentes, por omisión, al no denunciar el bullying en cualquiera de sus manifestaciones. Seamos protagonistas activos en el cese al bullying!.
Dra. Ana Santander.  


29 de noviembre de 2014

CÓMO APOSTILLAR Y/O LEGALIZAR DOCUMENTOS NACIONALES O EXTRANJEROS:


En estos momentos de alta emigración de nacionales, son numerosos los casos de venezolanos que, por un motivo u otro, necesitan que sus documentos, (títulos de bachiller, actas de nacimientos, actas de matrimonio, títulos universitarios, entre otros), surtan plenos efectos en el exterior. A tales fines acuden a gestores para que les ofrezcan una solución “mágica e inmediata” a sus problemas. Nuestro objetivo, en el presente artículo, sin intención, que con el mismo se  agoten las innumerables circunstancias que puedan estar rodeando un caso, consiste en ofrecerles, (en lenguaje sencillo), el marco teórico básico que debe conocer para efectuar sus trámites: I DOCUMENTOS EMITIDOS EN VENEZUELA/VALIDEZ EN EL EXTERIOR: LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CONSULARES del Ministerio de Relaciones Exteriores es el órgano encargado con carácter general de la dirección, estudio, gestión y tramitación de todas las cuestiones referentes a la acción consular, a la política social y asistencial del Estado en relación con sus nacionales en el extranjero.  ¿QUÉ ES APOSTILLAR UN DOCUMENTO?: La apostilla de La Haya es un método para legalizar documentos a efectos de verificar su autenticidad en el ámbito internacional. Lo anterior de conformidad con el Convenio de la Haya, del cual forman parte más de 100 paises. Ahora bien, si el país a donde se piensa emigrar no es miembre de tal Convenio, no se “apostillará” el documento, pero si deberá  solicitar  “Legalización Consular” que cumple la misma función ya que es una certificación que otorga el Ministerio de Relaciones Exteriores.¿QUE ES LEGALIZACION?:  Es un trámite jurídico de validez internacional que consiste en el reconocimiento del nombre, cargo y firma de los funcionarios que han emitido un determinado documento y que en principio no evalúa el contenido del documento. Se efectúa en el Consulado o Embajada  del país de destino. Allí se Legalizan los documentos, tanto de Instituciones Públicas como Privadas, bien sea por razones de aplicar Apostilla o Autenticidad de los documentos. Los documentos deben estar debidamente sellados y firmados por la máxima autoridad de la cual emanan y luego estar avalados, por el Ministerio respectivo del cual dependen. En algunos casos, se requerirá de la expedición de NO existencia de antecedentes penales. La legalización permite que el documento tenga validez en el extranjero. La gestión consiste en la inserción al dorso del título o del documento de una constancia escrita que el trámite se efectuó. Generalmente, incluye la ciudad, la fecha y la firma de la autoridad responsable de la legalización. Los principales documentos académicos que deben legalizarse son:  Los títulos universitarios, diplomas y certificados de carácter oficial, expedidos por el rector o la máxima autoridad de la institución educativa.• Los títulos de educación secundaria expedidos por la máxima autoridad de la institución.• Las notas certificadas• El pensum de estudios. Puede requerirse la legalización de otro tipo de documentos, como la constancia de puesto y rango obtenida por el estudiante. Todo depende de las exigencias de la autoridad consular del país de destino y de la institución educativa a la que se desee ingresar. Además del trámite de legalización, los documentos académicos deben ser traducidos al idioma del país de destino.Para realizar la traducción, se debe contar con los servicios profesionales de traductores calificados. Los consulados o embajadas de los países a donde se emigra suelen tener sus propias listas de traductores oficiales para realizar esas tareas.   EL CONVENIO DE LA HAYA NO SE APLICA EN: -A los documentos expedidos por agentes diplomáticos y consulares, -A los documentos administrativos que se refieren directamente a una operación mercantil o aduanera. Luego de tener las previas certificaciones es cuando se presentan los documentos al Ministerio de Relaciones Exteriores ubicado en: Dirección en Caracas: Departamento de Legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores. Av Urdaneta, Conde a Carmelitas. Esq. Principal. Torre MRE. Av.Urdaneta. PAISES QUE EN LA ACTUALIDAD FORMAN PARTE DEL CITADO CONVENIO SON: Alemania, Andorra, Antigua y Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bielorrusia, Bosnia, Herzegovina, Botswana, Brunei, Darussalam, Bulgaria, Chipre, Colombia, Croacia, Dominicana, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de Ámerica, Estonia, Federación de Rusia, Fidji, Finlandia, Francia, Granada, Grecia, Hungría, Irlanda del Norte, Isla Marshall, Lesotho, Letonia, Liberia, Liechtenstei, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Antigua República Yugoslava, Malawi, Malta, México, Mónaco, Namibia, Niue, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajo, Panamá, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña, República Checa, Rumanía, Samoa, San Cristobal y Nieve, San Marino,  San Vicente y Granadinas, Santa Lucía, Seychelles, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Surinam, Swazilandia, Tonga, Trinidad y Tobago, Turquía, Venezuel, Yugoslavia. DIFERENCIA ENTRE LEGALIZACION Y APOSTILLAMIENTO: Insistimos, los documentos públicos, tales como un acta de nacimiento, una sentencia o un título universitario, con frecuencia necesitan ser utilizados en el extranjero. Sin embargo, antes de que tal documento pueda ser utilizado en un país diferente a aquel en el cual ha sido emitido, debe autenticar su origen. El método tradicional para autenticar documentos públicos que deban surtir efectos en el extranjero es llamado “Legalización” y, consiste en un proceso de certificación en cadena que involucra a funcionarios públicos del país donde el documento fue emitido y a la Embajada o Consulado del país donde será utilizado. Ello, evidentemente, hace que el trámite sea más lento y complicado. La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado elaboró el“Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961, Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros”, comúnmente conocido como “Convenio sobre Apostilla”, instrumento que reduce el proceso de autenticación a una sola formalidad: la emisión de un certificado de autenticidad por una autoridad designada por el país en el cual se emitió el documento. Este certificado es denominado “Apostilla”. II DOCUMENTOS EMITIDOS EN EL EXTERIOR/VALIDEZ EN VENEZUELA: REGISTRO DE LOS NACIMIENTOS: Todo nacimiento de menor  debe ser declarado por los Padres, ante la autoridad consular y/o Embajada de Venezuela en el exterior, a los fines que ésta remita al Registro Civil, tal declaración, a los fines legales subsiguientes. En el caso de personas nacidas en el extranjero, hijo o hija de padre venezolano o madre venezolana por nacimiento, cuyo hecho vital no fue declarado ante la representación diplomática u oficina consular de Venezuela, podrá hacer la declaración ante el Registrador Civil, previa verificación de la autenticidad del documento de nacimiento emitido por la autoridad extranjera y su correspondencia con la persona a ser inscrita. REGISTRO DE LOS MATRIMONIOS: INSCRIPCIÓN DEL MATRIMONIO DE VENEZOLANOS EN EL EXTERIOR. REQUISITOS: -Llenar la planilla “Extracto del Acta de Matrimonio de Venezolanos en el Exterior” . -Anexarle los siguientes recaudos: “Copias Certificadas y  fotocopias de la Partida de Matrimonio expedidas por las Autoridades Locales. Las “Copias  Certificadas” deben estar autenticadas mediante la Apostilla” emitida por la Secretaria del Estado donde se expidió. Cada Partida de Matrimonio, debe venir acompañada de su respectiva tradución al idioma castellano hecha por un traductor oficial. Incluso   la apostilla debe estar traducida. SENTENCIAS DE DIVORCIO U OTRAS: Deberán venir acompañadas de su respectiva “ejecución y/o auto que las declare definitivamente firmes”. Toda sentencia que provenga de jurisdicción voluntaria, deberá ser concretada por el Juzgado Superior competente. Toda Sentencia que provenga de jusridciccón contenciosa, deberá ser concretada por el TSJ. Ambas, a través del exequatur. En los actuales momentos hay que solicitar cita “on line” para tramitar los procedimientos comentados.

Dra. Ana Santander.

28 de noviembre de 2014

¿SE PUEDE DAR PODER A UN ABOGADO PARA DIVORCIARSE?





ANTECEDENTES: En Sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha: 17-11-2014. Se estableció, lo que de seguidas resumiremos:...”En el procedimiento por solicitud de separación de cuerpos y bienes…La separación fue presentada el día…y…el Juzgado… de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas decretó la separación de cuerpos y bienes de los cónyuges, de conformidad con lo establecido en los artículos 189 y 190 del CC, en concordancia con el artículo 762 del CPC. En vista de que no hubo reconciliación entre los cónyuges y luego de transcurrido el lapso de 1 año, el señor J solicitó…la conversión en divorcio de la referida separación de cuerpos…el Tribunal…ordenó…la notificación de la cónyuge M, notificación ésta que se intentó realizar personalmente -sin éxito- y luego se realizó a través de un cartel. Luego…M se hizo presente en el expediente…y se opuso a que se decretara la conversión a divorcio, alegando la nulidad absoluta de todo lo actuado pues el señor J no obró en forma personal al suscribir la separación, ya que estuvo representado por apoderados, por lo que pidió se declarara inadmisible la separación de cuerpos y bienes…al Tribunal que conocía del juicio le tocó resolver el punto en conflicto, y acertadamente consideró que estaban dados los extremos para que operara la conversión a divorcio, y así lo declaró en su sentencia…Inconforme con la decisión, la señora M…apeló del fallo…En la alzada, la señora M continuó oponiéndose a que la conversión a divorcio operara, e insistió en la nulidad de lo actuado, por la falta de presentación personal de la solicitud por parte del señor J, al tiempo que planteó alegatos adicionales sobre su supuesta falta de asistencia técnica en el juicio y una pretendida carencia en el poder…el Juzgado Superior…en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas dictó su fallo en el cual repuso el procedimiento de separación de cuerpos y bienes en el que ya se había declarado la conversión a divorcio y partido y adjudicado los bienes, al estado de que fuese presentada nuevamente la solicitud por los cónyuges. Es muy importante resaltar que la comunidad conyugal ya había sido disuelta al decretarse la separación de bienes, e incluso sus activos fueron liquidados y entregados, por lo que la decisión repositoria que ahora recurrimos en casación le causa un gravísimo gravamen a mi patrocinado, quien, como lo explicaremos más adelante, ya le entregó cuantiosos bienes a su ex cónyuge.La reposición que combatiremos con este recurso fue acordada por el Juez Superior con base en 4 razones: (1) que la señora M careció de la debida asistencia técnica jurídica en el momento en que firmó la separación de cuerpos y de bienes, ya que no contó con su propio abogado, lo que viola el artículo 49.1 de la Constitución de la República; (2) que la separación de cuerpos y bienes no es válida, porque el cónyuge J estuvo representado por apoderados y no obró personalmente, lo que infringe el artículo 762 del Código de Procedimiento Civil; (3)que los títulos de propiedad que cursan en el expediente de algunos de los bienes ubicados en el extranjero que fueron adjudicados a los cónyuges, constan en lengua italiana e inglesa, y ello viola los artículos 183 y 185 del Código de Procedimiento Civil; y (4) que el mandato con el que se representó al cónyuge J en la separación de bienes carecía de facultad para disponer del objeto, lo cual infringe el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil y amerita la reposición de la causa…Procederemos por partes, demoliendo cada uno de los cuatro (4) pilares del fallo recurrido: (1)Violación del derecho a la defensa técnica jurídica de la cónyuge Mella “asistida” en el momento de suscribir la separación de cuerpos y bienes por los propios apoderados judiciales del esposo J…los abogados…fueron contratados por ambos esposos para que los asistieran en todo el proceso atinente a su separación personal-separación de cuerpos-, así como en lo atinente a la división y adjudicación de los bienes conyugales -separación de bienes…en los asuntos de jurisdicción voluntaria, de cuya especie son -al menos en su fase inicial- los procedimientos de separación de cuerpos y bienes por mutuo consentimiento, es perfectamente posible que un solo profesional del derechoasista jurídicamente a ambas partesLa asistencia por abogados distintos a cada una de las partes es necesaria únicamente en los asuntos de naturaleza contenciosa(2) La tesis de que la cónyuge M sufrió indefensión y quedó inerme, se desmantela al observar la forma…inmediata con la que procedió a registrar…la separación de cuerpos y bienes -que ahora desconoce- para obtener la propiedad (i) del Pent House…así como…(ii) del apartamento… propiedades éstas de muy cuantioso valor que desvergonzadamente ocupa y regenta desde que se ejecutó la liquidación de la comunidad conyugalLa separación de cuerpos y bienes por mutuo consentimiento no fue presentada por el cónyuge J, sino por sus apoderados...la señora M carecía de legitimación para pedir la reposición de la causa por este motivo, ya que ella sí asistió personalmente a la presentación de la separación de cuerpos y estuvo asistida de abogados…el único que ha podido quejarse es el cónyuge J, quien lejos de impugnar el procedimiento, ratificó su validez al otorgar el poder con el que estoy actuando, el cual fue otorgado…ante la Notaria 44 de Bogotá debidamente apostillado…La figura del mandato no es ajena a la institución del matrimonio, ya que éste puede realizarse a través de poder (artículo 85 del Código Civil), por lo que resulta ilógico y contradictorio que uno pueda casarse apoderando a una persona, pero no pueda separase de cuerpos -con miras a un eventual divorcio- apoderando a un abogado…De los nueve caminos que ofrece el artículo 185 del CC para divorciarse (las 7 causales del artículo 185, el transcurso de más de un año después de haberse decretado la separación de cuerpos -contenciosa o por mutuo consentimiento- y el 185-A), la única que no podría iniciarse mediante un apoderado sería, según la rígida interpretación que combatimos, la separación de cuerpos por mutuo consentimiento…para ejercer la acción de divorcio contencioso, la de separación de cuerpos contenciosa -que se apoya en las mismas causales- y para pedir la conversión de una separación de cuerpos en divorcio, se permite el uso de un poder especial. SALA CASACION CIVIL: …Por tales razones, considera la Sala que al hacer una interpretación armónica con la Constitución -considerando que las normas bajo análisis son anteriores a la vigente Carta Magna- tenemos que en aras del acceso libre a los órganos de administración de justicia, y tomando en cuenta el elemento de voluntariedad que debe envolver el acto de petición de separación de cuerpos por mutuo consentimiento, no habría fundamento jurídico alguno que impida tal declaración, cuando ha privado el libre consentimiento de los esposos de no continuar con la vida en común y ha quedado manifestado expresamente ante los órganos jurisdiccionales en un instrumento que tienen fe pública y que da certeza de los dichos del cónyuge, pues el ciudadano J, otorgó un poder especial (será analizado más adelante), en el cual autoriza a los abogados designados para que en su nombre realicen la solicitud de separación de cuerpos y bienes, con lo cual es patente su voluntad de suspender la vida en común con su cónyuge, por lo que el elemento esencial para la solicitud de separación de cuerpos y bienes -el libre consentimiento…ES JURÍDICAMENTE VÁLIDO QUE LOS CÓNYUGES SE HAGAN REPRESENTAR POR SUS APODERADOS JUDICIALES, no siendo necesario que acudan personalmente a interponer la acción de divorcio y de separación de cuerpos prevista en el artículo 191 eiusdem o a interponer la solicitud de divorcio alegando la ruptura prolongada de la vida en común conforme a lo previsto en el artículo 185-A eiusdem, en cuyos supuestos se puede plantear la acción o la solicitud, mediante apoderado judicial con poder especial y facultad expresa para interponerla…considera la Sala que la expresión “personalmente” utilizada por el legislador en los artículos 189 del Código Civil y 762 del Cpc, no debe interpretarse como una prohibición expresa de la ley que impida la representación judicial para la presentación de la solicitud de separación de cuerpos por mutuo consentimiento, pues, dicha expresión debe considerarse como la manifestación de voluntad inequívoca de los cónyuges de pedir la autorización judicial para suspender la vida en común, por lo tanto, EL HECHO QUE UN CÓNYUGE NO PRESENTE PERSONALMENTE LA SOLICITUD DE SEPARACIÓN DE CUERPOS POR MUTUO CONSENTIMIENTO, NO PUEDE TRADUCIRSE EN UN IMPEDIMENTO PARA QUE DICHA SOLICITUD SEA PRESENTADA MEDIANTE APODERADO CON FACULTAD EXPRESA PARA ELLO, MÁXIME SI -COMO YA SE HA DICHO- EN LOS DEMÁS CASOS DE DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO CONYUGAL, COMO LAS ACCIONES DE DIVORCIO, DE SEPARACIÓN DE CUERPOS Y LA SOLICITUD DE DIVORCIO ALEGANDO LA RUPTURA PROLONGADA DE LA VIDA EN COMÚN, SE PUEDEN PROPONER MEDIANTE REPRESENTACIÓN JUDICIAL CON FACULTAD EXPRESA…SENTENCIA: IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad del decreto de conversión en divorcio de la separación de cuerpos y bienes, interpuesta por la ciudadana MCONFIRMA la sentencia dictada por Juzgado de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas...CON LUGAR la solicitud del ciudadano J de conversión en divorcio de la separación de cuerpos y… queda disuelto por divorcio, el vínculo conyugal que los une por matrimonio civil celebrado.
Dra Ana Santander.


7 de noviembre de 2014

EDAD PARA CONTRAER MATRIMONIO/CONCUBINATO ENTRE HOMOSEXUALES (OPINE):


La Sala Constitucional del TSJ, en sentencia del 16 de  Octubre  del 2014,..se declaró la Nulidad Parcial del artículo 46 del CC, en base a los siguientes razonamientos, que, renumimos de nuestro modo acostumbrado, así: “…presentaron escrito contentivo de la acción de nulidad por inconstitucionalidad, ejercida contra el artículo 46 del CCDE LA ACCIÓN DE NULIDAD:el presente recurso de nulidad se interpuso contra el artículo 46 del CC al establecer “… una distinción respecto a la edad para contraer
nupcias, consagrando como requisito sine qua nom que la mujer debe haber cumplido 14 años de edad y el hombre haber alcanzado la edad de 16 años, lo cual a todas luces lesiona el derecho a la igualdad y no discriminación previsto en el artículo 21 de la CRBV”. Que dicha normativa “… infringe de manera flagrante y directa el derecho a la igualdad y no discriminación, previsto en el artículo 21 de la CRBV, así como la igualdad absoluta de los derechos de los cónyuges, consagrada en el artículo 77 eiusdem”, pues según las disposiciones establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, llamado ‘Protocolo de San Salvador’, tiene como principio esencial que los hombres y las mujeres somos iguales frente a la ley, quedando prohibido cualquier acto discriminatorio que pudiese mermar el pleno disfrute de tales derechos, tomando en consideración que no todo trato diferenciado resulte de por si discriminatorio. Que “la existencia de un derecho a contraer matrimonio en condiciones de igualdad, o en todo caso, consagrar la igualdad de derechos en el matrimonio, implica la prohibición de cualquier medida o forma de discriminación relacionada con la institución del matrimonio, que no esté fundamentada en criterios razonables y proporcionales en relación con el objetivo perseguido”. Que “aplicar los principios y consideraciones antes mencionados a los requisitos para contraer matrimonio, implica que la norma deba exigir tanto al hombre como a la mujer las mismas condiciones para proceder a celebrar la unión matrimonial. En este sentido, si bien el Legislador está facultado para definir los requisitos que deben ser cumplidos por quienes deseen formalizar una unión matrimonial, tal definición debe ser realizada respetando la igualdad del hombre y la mujer, así como el resto de los derechos humanos reconocidos en la CRBV y los instrumentos internacionales sobre la materia”. Por tanto, “… en el caso del artículo 46 del Código Civil, nos encontramos en presencia de un tratamiento diferenciado sobre la edad mínima para contraer matrimonio, fundado de manera exclusiva en el sexo, que carece en los actuales momentos de toda razonabilidad u objetividad. Es decir, el referido artículo al establecer requisitos de edad diferenciados para el hombre y la mujer, incorpora una discriminación injustificada que atenta contra el derecho a la igualdad en general, y contra el principio de igualdad de derechos en el matrimonio de manera particular…En el año 1999, se produjo un episodio transcendental en la realidad política y jurídica de nuestro país, con la aprobación de la CRBV. En esta nueva Carta Política se incorporó un amplio catálogo de derechos humanos, sin precedente en la historia constitucional venezolana y universal. El reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como sujetos pleno de derechos, así como la ampliación del reconocimiento del derecho a la igualdad y no discriminación, son sólo algunos de los avances en derechos humanos que se han visto incorporados al texto constitucional. Este proceso de transformación jurídica, iniciado con la aprobación de la Constitución, aún no ha concluido. Aún persisten en nuestro ordenamiento jurídico, distintas normas dictadas a la luz de la Constitución de 1961, que coliden claramente con el texto de la CRBV. El artículo 46 del Código Civil es una de esas disposiciones preconstitucionales cuya inconstitucionalidad es necesario dictaminar, como requisito necesario para la plena vigencia y garantía del derecho a la igualdad de todas y todos…Por tales motivos, solicitaron que se declarara la nulidad del artículo 46 del CC…CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:El contenido del precepto legal cuestionado es el siguiente: No pueden contraer válidamente matrimonio la mujer que no haya cumplido 14 años de edad y el varón que no haya cumplido 16 años”. Al respecto, advierte la Sala que el precepto legal impugnado estatuye el llamado matrimonio  prematuro o matrimonio precoz. Dicho precepto…se limita a regular la capacidad matrimonial, esto es, la edad mínima para contraer nupcias en el ordenamiento jurídico venezolano, estableciendo a tales efectos, edades distintas para el hombre y la mujer…un análisis de la norma legal impugnada permite establecer de manera inequívoca su inconformidad con el ordenamiento constitucional vigente, habida consideración del principio de igualdad que se expresa en la consideración y tratamiento igualitario de todas las personas, sin distinciones basadas en el sexo, la raza, la religión, etcétera y de una unificación de los derechos y deberes de la relación matrimonial; igualdad que naturalmente también debe regir en lo que se refiere a los requisitos para contraer matrimonio. Siendo incompatible la disposición impugnada con los postulados constitucionales anotados. Sin lugar a dudas, la norma constitucional contenida en el artículo 21 se refiere a la “discriminación”…el fundamento de la distinción radica en que la capacidad femenina para la procreación –más o menos generalizada- es a partir de la edad de 14 años. Sin embargo, en la actualidad no se justifica en modo alguno que subsistan a la CRBV de 1999 este tipo de diferenciaciones de las personas derivadas del género. Los patrones biológicos, sociales y culturales, que aconsejaban las referidas edades y consideraban que la mujer podía contraer matrimonio a la temprana edad de 14 años, constituyen una rémora del pasado donde el matrimonio era concebido como la única institución civil para reconocer la reproducción de la especie humana….Diversos tratados internacionales, suscritos por Venezuela, han reconocido el importante rol que la mujer ha asumido en nuestros días. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y específicamente, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios dan cuenta de la igualdad que debe distinguir las relaciones de los Estados con el género femenino y los avances alcanzados de manera universal en esta materia…En atención al ideal de igualdad jurídica, ha señalado del mismo modo esta Sala. El referido artículo 21 de la Constitución, establece que todas las personas son iguales ante la ley, lo que explica que no se permitan discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. Pueden reconocerse tres modalidades del derecho a la igualdad: a) igualdad como generalización, que rechaza los privilegios, al vincular a todos los ciudadanos a unas normas generales que no admiten distingos; se relaciona con el conocido principio de que la norma jurídica regula las categorías de sujetos y de situaciones, para las cuales existe una misma respuesta por parte del Derecho; b) igualdad de procedimiento o igualdad procesal, que supone la sanción de reglas de solución de conflictos, iguales para todos, previas e imparciales; y c) igualdad de trato, que implica atender igualmente a los iguales. Sucede, no obstante, que respecto a un mismo supuesto de hecho puedan darse diferencias en los elementos que lo conforman, lo que daría lugar a la aplicación de consecuencias jurídicas diferentes según que las distinciones sean relevantes para justificar un trato desigual (la igualdad como diferenciación) o irrelevantes, en cuyo caso se dará un trato igual (la igualdad como equiparación).  En cambio, la igualdad como diferenciación toma en cuenta las diferencias que existen entre hechos aparentemente similares, para -en función igualadora-, dar un trato diferenciado. Aquí no se aplican criterios abstractos, como en el caso anterior, sino que se imponen criterios valorativos o de razonabilidad, con el fin de ponderar si las diferencias advertidas justifican el trato desigual. Póngase por caso las políticas que siguen ciertas Universidades de admitir estudiantes sin que tengan que cumplir ciertos requisitos que sí se exigen a los demás estudiantes, por el hecho de provenir de algunas zonas del país; o las normas que imponen que en determinados organismos estén representadas minorías en un número mínimo, no obstante que por los procedimientos ordinarios de elección tal cuota sería inalcanzable, léase: representación indígena en el parlamento…Sin embargo, la determinación de qué hechos o elementos se estiman relevantes, y, por lo tanto, causa justificada de un trato desigual a supuestos de hecho a primera vista similares, como en el caso del personal docente de una Universidad, de donde la ley excluye a los profesores instructores de participar en la elección de las autoridades de la respectiva facultad a la que pertenecen, corresponde al parlamento, en razón de la potestad propia (política legislativa) de discrecionalidad -no de arbitrariedad-, que tiene su origen en el mandato democrático que le ha sido conferido. Al juez, por otra parte, desde la premisa de que el legislador es el primer intérprete de la Constituciónle corresponde ponderar si la definición o calificación que el legislador haga de las situaciones de facto o las relaciones de vida que deben ser tratadas de forma igual o desigual, no vacíe de contenido el derecho fundamental que se denuncie como conculcado...SENTENCIA: Esta Sala declara con lugar la presente acción de constitucionalidad y anula parcialmente la norma contenida en el artículo 46 del CC, por contradecir manifiestamente el artículo 21 de la CRBV…sin embargo, queda pendiente por analizar cuál de los dos parámetros utilizados por el legislador se ha de utilizar como referente igualador…resulta contrario a los intereses de la adolescencia y al sistema de protección integral que tiene garantizado, que la norma les permita a una edad tan temprana, desde los 14 años, abandonar sus estudios, su preparación profesional, su recreación y todas las actividades propias de la adolescencia que en conjunto configuran la personalidad del adulto sano, poniéndoles fin a su niñez, para lidiar con las complicaciones del matrimonio, el hogar y los hijos, viendo frustradas sus posibilidades de desarrollo progresivo y proporcional en otras áreas más cónsonas con su muy temprana edad…De allí, que esta Sala estime que la satisfacción del derecho a la igualdad se logra con la equiparación al límite máximo 16 años de edad, para que varones y hembras puedan contraer matrimonio, por lo que se declara la nulidad parcial del artículo 46 del CC en la parte que comporta la inconstitucionalidad, es decir, a aquella que establece: “la mujer que no haya cumplido 14 años de edad y el varón”y a través de una interpretación constitucionalizante, sin distinción de género, se equipara a 16 años la edad mínima requerida para contraer matrimonio, entendiéndose, a partir de la publicación del presente fallo en la Gaceta Judicial y Oficial, que la inteligencia de la norma se refiere a que “no podrá contraer válidamente matrimonio la persona que no haya cumplido dieciséis (16) años”. Así se decide. Finalmente, en relación con los efectos de la decisión en el tiempo, esta Sala determina que esta sentencia tendrá efectos ex nunc, es decir, a partir de su publicación en la Gaceta Judicial y OficialLO CONVENIENTE ES QUE EL MATRIMONIO SÓLO SEA POSIBLE LUEGO DE QUE LA PERSONA ADQUIRIESE LA MAYORÍA DE EDAD (18 AÑOS), COMO ACERTADAMENTE LO SEÑALAN MÚLTIPLES INFORMES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES RELACIONADOS CON LA MATERIA. POR LO CUAL ESTA SALA CONSTITUCIONAL EXHORTA A LA ASAMBLEA NACIONAL A CONSIDERAR LA REFORMA DEL ARTÍCULO 46 DEL CC Y VALORE LAS PREOCUPACIONES VERTIDAS POR LA SALA EN ESTA SENTENCIA….NULIDAD PARCIAL del artículo 46 del CC en la parte que establece: “la mujer que no haya cumplido catorce (14) años de edad y el varón”.. REALIZA UNA INTERPRETACIÓN sin distinción de género…y se equipara a 16 años la edad mínima requerida para contraer matrimonio, entendiéndose, a partir de la publicación del presente fallo en la Gaceta Judicial y Oficial, se declara, con efectos ex nunc, que no podrá contraer válidamente matrimonio la persona que no haya cumplido 16 años…EXHORTA a la Asamblea Nacional  a considerar la reforma del artículo 46 del CC para contemplar que la edad válida para contraer matrimonio se adquiera a la mayoría de edad (18 años)…OPINION DE ESTE DESPACHO: Valga la sentencia en comento para retomar lo ocurrido el año pasado, cuando un  Tribunal del área metropolitana de Caracas, declaró improcedente una solicitud de Declaratoria de Concubinato, efectuada por una pareja de homosexuales, a pesar de contar con una larga data de convivencia como pareja estable, con todas las características propias de una unión matrimonial. Lo anterior sin tomar en cuenta ese Tribunal, que la Ley de Registro Civil no prohíbe expresamente, el registro de uniones de hecho entre personas del mismo sexo. En aquella sentencia se dispuso “el trato desigual para los desiguales es constitucional”, por ser una “discriminación positiva”.  Pero, acaso, ¿la distinción de trato motivada en la orientación sexual de una persona no configura un claro ejemplo de lo que se denomina ‘categoría sospechosa’?. La respuesta es clara. Considera este Despacho Jurídico que el artc 21 de la CRBV, establece prohibición de discriminación fundada en el sexo que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. Entonces, ¿qué más merecido que el reconocimiento  de los derechos/libertades, que 2 personas, (indiferentemente del sexo), pueden ejercer dentro de una unión estable de hecho, de la cual derivan consecuencias patrimoniales y hereditarias?, ¿realmente las diferencias por el sexo, justifican un trato desigual, hasta el punto de hacer prevalecer las formas a la realidad?, para este Despacho no hay lugar a dudas, no existe fundamento legal que justifique el desconocimiento de esas realidades de hecho, (que parejas con componentes del mismo sexo), mantienen al estar unidas como verdaderos matrimonios, las cuales, entendemos, merecen un reconocimiento legal, más allá de nuestra idiosincrasia aun arcaica cultural. Ahora bien, como quiera que el derecho se nutre y cultiva de los acontecimietos sociales, invitamos a nuestro usuarios a manifestarnos su opinión.


Dra. Ana Santander. 

24 de octubre de 2014

INDEMNIZACION/RECLAMACION DEL DAÑO MORAL, MATERIAL, (EN MATERIA LABORAL, PENAL, CIVIL):




FUNDAMENTO: 1185, 1191, 1193  1196 del CC. La Pretensión es la indemnización por el supuesto daño moral que para el actor implicó los hechos a los cuales hace referencia en su demanda. QUE DEBE PROBARSE Y ALEGARSE PARA QUE PROCEDA UNA INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL: El grado de culpabilidad del autor, -La conducta de la víctima, sin cuya acción no se hubiese producido el daño y -La llamada escala de los sufrimientos morales. Ahora bien, pese a que es potestad del juez la liquidación del daño, ello no excluye que la víctima pueda aportar elementos probatorios acerca de las situaciones que exteriorizan dicho daño a fin de que el juez, una vez establezca la procedencia del resarcimiento, puede fijar el quantum correspondiente. En este sentido, debe quedar acreditado lo siguiente: a) La entidad o importancia del daño, tanto físico como psíquico: como consecuencia del hecho generador, nos referiremos por fines prácticos, a los accidentes de trabajo: El accidente ocasionó la lesión/muerte del trabajador quien contribuía al sustento de su familia: una esposa y X hijos. b) El grado de culpabilidad de la accionada o su participación en el accidente o acto ilícito que causó el daño: Puede o no haber quedado demostrada la responsabilidad directa de la empresa en la ocurrencia del accidente. Puede que una vez acaecido el accidente, lo declaró, y, por ejemplo, ayudó a la viuda e hijos del trabajador con los gastos funerarios. c) La conducta de la víctima: Puede o no haber quedado demostrado que haya habido conducta imprudente por parte de la víctima, quien cumplía con su trabajo. d) Grado de educación y cultura del reclamante: El trabajador tenía 40 años de edad para el momento del accidente, tenía X años laborando para la empresa y su grado de instrucción era técnico. e) Posición social y económica del reclamante: puede tratarse de un trabajador que se desempeñaba como representante de ventas, percibiendo un salario de X Bolívares. f) Capacidad económica de la parte accionada: Según el registro mercantil del documento constitutivo de la empresa demandada, ésta tiene un capital social de  X Bs. g) Los posibles atenuantes a favor de la responsable: Se evidencia de las pruebas que la empresa sufragó los gastos funerarios por X Bs. h) El tipo de retribución satisfactoria que necesitaría la víctima para ocupar una situación similar a la anterior al accidente o enfermedad: Téngase en cuenta que si el accidente ocasionó la muerte del trabajador, el daño causado será irreparable. CORRECCIÓN MONETARIA/INDEXZACION: Solo aplicará en caso que, sobre la cantidad condenada a pagar por daño moral a partir del decreto de ejecución, el demandado no cumpliere voluntariamente con el pago. Se  excluirá el lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo entre las partes, o haya estado paralizado por motivos no imputables a ellas, es decir, caso fortuito, o fuerza mayor, como vacaciones o huelgas tribunalicias, cuyo monto se determinará mediante una experticia complementaria del fallo. EL FALLO/SENTENCIA, QUE ANALICE UNA DEMANDA POR INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS MORALES, DEBE CUMPLIREl sentenciador ha de sujetarse al proceso lógico de establecer los hechos, de calificarlos y de llegar a través de este examen a la aplicación del derecho, analizando la importancia del daño, el grado de culpabilidad del autor, la conducta de la víctima sin cuya acción no se hubiera producido el daño y la llamada de escala de sufrimientos morales, valorándolos, pues no todos tienen la misma intensidad por las distintas razones que puedan influir en ellos, para llegar a una indemnización razonable, equitativa, humanamente aceptable. Deberá expresar las razones que tuvo para fijar el monto de la indemnización acordada. Deberá expresar las razones de hecho en que se fundamenta para dejar establecido el daño  y el alcance de la responsabilidad del dañante; debe dejar establecido con precisión los hechos en que se funda para poner en evidencia los extremos fundamentales de la condenación. La sentencia que no contenga estos extremos, será nula, por falta de motivación. Si la sentencia no expresó los argumentos y razones, sobre la importancia del daño moral ocasionado, ni determinó la relación de causalidad y la gravedad de la culpa, así como tampoco, señaló las pruebas que confirman dicho daño, devendrá en nula. EN CUANTO A LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD:  (este nexo debe ser probado por el trabajador que alegue tal hecho), la doctrina ha manifestado que “desde un punto de vista jurídico, existe relación de causalidad, por parte de aquél que debiendo y pudiendo realizar o dejar de realizar algún acto con el que hubiere impedido el daño no lo realiza o deja de realizarlo; y al dilucidar cuando llega este deber no hemos de atenernos tan sólo a la existencia de un precepto claro y terminante de la ley, sino también aquellas normas que nos impone la conciencia. CUANTO VALE EL DAÑO MORAL: Ningún auxiliar o medio probatorio puede determinar cuánto sufrimiento, cuánto dolor, cuánta molestia, cuánto se mermó un prestigio o el honor de alguien. El daño moral, no puede ser realmente cuantificable, ni mucho menos tarifado por la Ley, queda a la libre estimación del Juez sentenciador. La cuantificación de la indemnización es potestad del juez. CAUSAS O CIRCUNSTANCIAS QUE ELIMINAN LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD: Son aquellas situaciones en las cuales la conducta, culposa o no del agente, no fue la causa del daño, sino que éste se debió a una causa distinta, extraña a la propia conducta o hecho del agente. Esas causas reciben en doctrina el nombre de causa extraña no imputable” la cual está constituida por diversos hechos: Caso fortuito, fuerza mayor, hecho de un tercero, culpa de la víctima, hecho del príncipe y culpa del acreedor. La mejor determinación acerca de qué debe considerarse caso fortuito, fuerza mayor o hecho de tercero, la encontraremos vía jurisprudencial. DAÑO MORAL EN MATERIA EN LO PENAL: Descansa en la necesidad de que sea declarada la mala fe en la denuncia o, en su caso, demostrada la simulación de un hecho punible, allí no cabe ninguna otra posibilidad que hacer procedente la indemnización. Acreditado que quien denunció lo hizo de mala fe o simuló un hecho punible, tendría que atribuirse la imputabilidad exigible a quien denunció o simuló el hecho. DAÑO MORAL EN MATERIA LABORAL: En cuanto a la estimación del daño moral causado por un accidente o enfermedad profesional, lo que debe acreditarse plenamente, es el llamado ´hecho generador del daño moral´, o sea el conjunto de circunstancias de hecho que genera la afiliación cuyo petitum doloris se reclama. Probado que sea el hecho generador, lo que procede es una estimación, lo cual se hace al prudente arbitrio del Juez. Demostrado el accidente o enfermedad profesional, se aplica la teoría de la responsabilidad objetiva, también denominada “del riesgo profesional”, según la cual el pago del resarcimiento por daño moral procede con independencia de la culpa o negligencia del patrono, pues como la responsabilidad patronal de reparar dicho daño es objetiva, opera aunque no haya habido culpa en la ocurrencia del infortunio de trabajo. ACCIONES LABORALES POR INFORTUNIOS EN EL TRABAJO: Se permite la Reclamación conjunta de 1) Las acciones contenidas en la LOTTT, (Resp. Objetiva. Por Hecho Contractual, que depende del  IVSS), la cual corresponde a la responsabilidad objetiva: (lo cual se ha denominado como “la doctrina de la responsabilidad objetiva” o “del riesgo profesional”, pero siempre condicionado a la presencia de un ineludible requisito de procedencia o presupuesto de hecho, como lo es la circunstancia de que el accidente o enfermedad a indemnizar, provengan del servicio mismo o con ocasión directa de él. El patrono debe responder e indemnizar al trabajador por los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, provengan del servicio del mismo o con ocasión de él, aunque no haya imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos por parte de la empresa o de los trabajadores. La propia LOTTT artc. 43, establece ésta responsabilidad y la demostración del grado de incapacidad sobrevenida será relevante a los fines de determinar el monto de la indemnización.  2) Las de la LOPCYMAT, (Resp. Subjetv. Hecho ilícito, No depende del IVSS). En virtud del incumplimiento por parte del patrono de lo ordenado en dicha Ley, Responsabilidad Subjetiva: (el empleador responde por haber actuado en forma culposa, con negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de leyes y reglamentos, y siempre será preciso que en caso de reclamación de la indemnización correspondiente, el trabajador demuestre que el patrono conocía de las condiciones riesgosas. 3) Código Civil. Daños materiales y Daño moral  (Resp. Subjetv. Hecho ilícito del patrono, de conformidad con lo establecido en el artículo 1185, 1191, 1193  1196. NO depende del IVSS):  Para que proceda el pago, por una parte, es necesaria la demostración del hecho ilícito, por la otra, la prueba de los daños y perjuicios, conocido en doctrina como lucro cesante y daño emergente por efecto de la inejecución de una obligación. En materia laboral el patrono debe responder por los daños causados a sus trabajadores en un infortunio del trabajo, cuando tal desgracia o adversidad es a consecuencia de la violación de la normativa legal de seguridad en el trabajo por parte del patrono, es decir, con base a la responsabilidad subjetiva, requisito que no solo se aplica a las indemnizaciones derivadas de las leyes sustantivas laborales, sino que se extiende a las indemnizaciones previstas en la legislación civil ordinaria.  En el lucro cesante y daño emergente, en casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional, la parte demandante debe y tiene la carga de demostrar ante el órgano jurisdiccional, el hecho ilícito por responsabilidad subjetiva que le imputa a la demandada, concretamente, la conducta antijurídica o culposa, la relación de causalidad y el daño ocasional. CNRB: Asímismo, nuestra carta magna contiene 2 normas fundamentales relativas a esta materia: A. La establecida en el segundo aparte del Artículo 87: Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Estado tomará medidas y creará instituciones que permitan el control y la promoción de estas condiciones. B. Y la establecida en el Artículo 86 ejusdem, la cual señala que: “ Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales,..”. Entonces, existen 3 deberes fundamentales que constituyen la contrapartida del derecho a la seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo adecuado que tienen los trabajadores, los cuales son: - El deber de prevención, a cargo del empleador, (garantizará a sus trabajadores y trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. Art. 87 CRBV, - El deber de control y promoción de las condiciones y medio ambiente de trabajo, a cargo del Estado,- El deber de seguridad, a cargo de la Seguridad Social, tendiente a velar por la protección en caso de contingencias de riesgos laborales, entre otras. Art.86  CRBV. Así podemos establecer, que el deber de prevención es el de garantizar “condiciones” de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. CONCLUSIONES: El trabajador puede incoar una acción por indemnización de daños materiales y morales, provenientes de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, en la que pueden presentarse 3 pretensiones distintas, a saber: 1) El reclamo de las indemnizaciones previstas en la LOTTT, derivadas de una responsabilidad objetiva del patrono y el daño moral derivado con relación a ello; 2) Las indemnizaciones establecidas en la LOPCYMAT, que provienen de la responsabilidad subjetiva por incumplimiento de la empresa de sus disposiciones legales;  3) Se podrán reclamar las indemnizaciones derivadas del hecho ilícito del patrono, la cual supone también una responsabilidad subjetiva por la culpa o negligencia del empleador ante el daño, contemplado no en la normativa específica del Derecho del Trabajo, sino en el Derecho común (C.C). CON RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD SUBJETIVA (INDEMNIZACIÓN ARTICULO 130 LOPCYMAT). Si por la forma en que ocurrió el accidente no puede establecerse que éste haya sido consecuencia de la violación de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo, por parte del patrono, se declararán improcedentes las indemnizaciones derivadas de la responsabilidad subjetiva reclamadas. LA RESPONSABILIDAD PATRONAL OBJETIVA Y LA EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD: Habiéndose establecido la existencia del hecho generador, es decir, el accidente de trabajo que indudablemente repercutió en la esfera moral del demandante, debe pensarse en la procedencia de una reclamación por responsabilidad objetiva y daño moral para quien ha sufrido un perjuicio en el cumplimiento del deber. Independientemente de que exista o no culpa o negligencia de la empresa o por parte de los trabajadores o aprendices, fundamentada en la estrecha relación que existe entre las condiciones de trabajo y el riesgo que la propia empresa entraña para la salud, vida y bienestar del laborante y es que la empresa constituye per se, un centro de riesgos profesionales de diversa índole, por la coexistencia de herramientas, maquinarias, útiles, implementos de trabajo, condiciones ambientales y personas que deben operar o conducir los mismos y que amenaza la salud de quienes allí prestan servicios. En consecuencia, si no puede establecerse que el accidente haya sido consecuencia de la violación de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo, deberá declararse improcedente las indemnizaciones derivadas de la responsabilidad subjetiva reclamadas de conformidad con lo previsto en la LOPCYMAT y en el CC.
Dra. Ana Santander

10 de octubre de 2014

DESALOJOS DE VIVIENDAS ALQUILADAS: ¿REALIDAD O FICCION?: FINALMENTE UNA REALIDAD:



En Sentencia de la la Sala Constitucional del TSJ de fecha: 03-10-14, se estableció, como un tímido avance, (más no por ello no importante),  un lapso perentorio de 4 meses, más una prórroga de 2 meses (si media un acto expreso que la declare), para que la SUNAVI emita un  pronunciamiento en relación al destino habitacional del arrendatario. Lo anterior a los fines de hacer cesar las suspensiones indefinidas en el tiempo, que dejaban en un limbo procesos judiciales en fase de sentencia o de ejecución de sentencias. Entonces un fallo definitivamente firme, que ordene el desalojo, solo deberá esperar el lapso mencionado y no una “eternidad”, para que se habilite al Juez de a causa a ordenar el desalojo del inmueble. Resumiremos la sentencia a nuestro modo acostumbrado, así: “…I FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO:…Que la Sentencia (sic) dictada…por el JUZGADO SUPERIOR…EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA (sic) METROPOLITANA DE CARACAS, es eminentemente violatoria de derechos y garantías constitucionales, así como violatoria del debido proceso y el derecho a la defensa…por cuanto desconoció la Ley especial que rige la materia inquilinaria como es el caso de La LRCAV… ya que la misma establece lo siguiente. (sic) Disposición Transitoria Primera: ‘Los procedimientos administrativos o judiciales que estén en curso, continuarán hasta su culminación definitiva por las disposiciones establecidas en la presente Ley…Tal disposición es muy explícita y ordena cumplir el procedimiento establecido en la ley que no es otro que el que se encuentra estipulado en (sic) Título III Del procedimiento Previo a las Demandas...que la jurisdicción judicial debe esperar las resultas del procedimiento Administrativo que envíe el órgano competente es decir la SUNAVI para poder continuar el curso de las causas. El no cumplir con este requisito previo implica el desconocimiento de la ley, se estaría violando el ordenamiento legal y se estaría dejando de reconocer normas que protegen la condición de inquilinos y que están vigentes y son de eminente orden público”…Que la presente causa se encontraba en fase de dictar Sentencia Definitiva…Por lo que el Tribunal de alzada tenía la obligación de ordenar por medio de auto la suspensión de la causa, hasta tanto las partes acreditaran haber cumplido el procedimiento especial previsto en dicho Decreto, en este caso la parte actora. Sin embargo, la causa se paralizó y quedó en suspenso por el lapso de un año, cinco meses y seis días”…Que no entiende …cómo es posible que haya prosperado el DESALOJO habiendo la parte actora incoado la acción en base a las cuotas de condominio no pagadas por el arrendatario”…II FALLO ACCIONADO:…el Juzgado Superior…declaró:… Parcialmente con lugar la demanda que por desalojo…Condenó a la parte demandada a entregar a la parte actora el inmueble objeto de la relación locativa…Ordenó aplicar lo establecido por el TSJ…referente a la suspensión de los juicios en materia arrendaticia, hasta tanto se verifiquen los mecanismos procedimentales que establece el Decreto…V CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:… el accionante denunció que se conculcó el derecho a la defensa y el debido proceso del ciudadano R…por cuanto la alzada no dio cumplimiento al procedimiento administrativo previo ante la SUNAVI, lo que a su juicio infringió normas de orden público. Señala que si bien la causa se paralizó conforme al Decreto…la misma se encontraba en fase de dictar sentencia, por lo que el Tribunal de alzada tenía la obligación de ordenar por medio de auto la suspensión de la causa, hasta tanto las partes acreditaran haber cumplido el procedimiento especial. Asimismo, cuestiona la procedencia del desalojo sobre la  base de las cuotas de condominio no pagadas por el arrendatario. OBSERVA ESTA SALA:… que la causa primigenia fue suspendida en fase de ejecución por auto…dicha actuación procesal se compagina con la interpretación que del Decreto…Asimismo se observa que…el Juzgado…ofició a la SUNAVI, a fin de informar al órgano administrativo que el proceso se encontraba en estado de ejecución y garantizar el destino habitacional de la parte afectada. Aunado a ello constata esta Sala que la SUNAVI informó al Juzgado de la causa que el ciudadano R no necesita de un refugio temporal por cuanto tiene un bien inmueble ubicado en la UrbanizaciónEs pertinente advertir, que el fundamento del Decreto…obedeció a una medida de gobierno dada la situación de emergencia que se presentó en el país por las fuertes lluvias acaecidas durante el último trimestre del año 2010…El Decreto…establece un régimen especial de protección de la vivienda como valor social, tendente a evitar hostigamientos, amenazas y ejecuciones de desalojos arbitrarios en perjuicio de las personas ocupantes de los inmuebles y a garantizar el derecho a la defensa…El Decreto…instituye un procedimiento administrativo de primer grado para la ejecución de las decisiones que comporten la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda, que se inicia ante el MPPVH, por órgano de la SUNAVI, con el objeto de instar a las partes involucradas a una conciliación para la resolución de la controversia. Conforme al artículo 13 del referido cuerpo normativo, la ejecución de las decisiones que ordenan el desalojo de un inmueble precederá de una suspensión legal del curso de la causa (de 90 a 180 días hábiles), lapso durante el cual el funcionario judicial notificará al afectado por el desalojo y verificará que haya contado con la debida asistencia jurídica; asimismo, remitirá al Ministerio competente en materia de hábitat y vivienda una solicitud para la provisión de refugio temporal o solución habitacional definitiva por el desalojo y su grupo familiar, si este manifestare no tener lugar donde habitar.Ahora bien, esta Sala observa que la disposición en comento ESTABLECE UNA PROHIBICIÓN EXPRESA DE LA EJECUCIÓN FORZOSA, HASTA TANTO SE GARANTICE EL DESTINO HABITACIONAL DE LA PARTE AFECTADA, SIN ESTABLECER UN LAPSO DETERMINADO PARA ELLO, LO CUAL HA ORIGINADO QUE EN LA PRÁCTICA FORENSE SE SUSCITEN CASOS DONDE LAS EJECUCIONES DE LOS FALLOS SE DILATEN POR ESTE MOTIVO, SITUACIÓN QUE EVIDENTEMENTE CONTRARÍA LOS POSTULADOS DE UNA JUSTICIA EXPEDITA y sin dilaciones indebidas que el artículo 26 del Texto Fundamental propende a proteger... A tal efecto, tratándose de una actuación administrativa LA SALA ENTIENDE NECESARIO FIJAR UN PLAZO PERENTORIO VENCIDO EL CUAL EL TRIBUNAL SE ENCUENTRE HABILITADO PARA EJECUTAR SU DECISIÓN. Siendo así, en función de lo dispuesto en el artículo 60 de la LOPA, que DISPONE UN LAPSO DE 4 MESES PARA QUE EL ENTE ADMINISTRATIVO, ES DECIR, LA SUNAVI EMITA UN  PRONUNCIAMIENTO, MÁS UNA PRÓRROGA DE 2 MESES SI MEDIA UN ACTO EXPRESO QUE LA DECLARE, HA DE SER ESE EL LAPSO RACIONAL Y SUFICIENTE PARA QUE LA EJECUCIÓN DE UN FALLO DEFINITIVAMENTE FIRME QUE ORDENE EL DESALOJO ESTÉ A LA ESPERA DE QUE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA GARANTICE EL DESTINO HABITACIONAL DEL ARRENDATARIO. Vencido este plazo sin que haya habido pronunciamiento expreso de la Administración, el juez entonces quedará habilitado para proceder a la ejecución de la sentencia; sin menoscabo de las facultades del administrado para instar a la Administración a que cumpla con el deber de solucionarle transitoriamente su problema habitacional…VI  Decisión:declara SIN LUGAR la acción de amparo constitucional…”. Finalmente, la Sala Constitucional, con criterio vinculante, nos permite avanzar en la ejecución de sentencias, que ordenen el desalojo. Sin convertiros en partidarios de una u otra posición en un litigio, no es menos cierto, que existen numerosas familias que, ante el amparo de una Ley desigual y parcial, hoy duermen en “techos no seguros”, o en la calle, a pesar de haber adquirido con sumo esfuerzo una vivienda en plena propiedad. Celebramos entonces, este avance jurisprudencial.

Dra Ana Santander.