DERECHO

...................

.Profesionales del Derecho, de amplia experiencia en las ramas: Civil, Mercantil, Laboral, Sucesoral, Menores, entre otras. El presente Blog nace con la idea de facilitar herramientas que permitan (en lenguaje sencillo), la comprensión de Instituciones Jurídicas de nuestro Sistema Legal. Centro Comercial Superlider Los Teques, Piso 1, Oficina 10-10, Nivel Feria, Km 22, Carratera Panamericana, Carrizal, Area Metropolitana de Caracas, Estado Miranda, Venezuela. Tlfs: 0414/2070727, 0212/3838087.Email: abogadosaiso@yahoo.com. Twitter: @anasantandero (les enviaremos novedades de nuestro blog.)

REGISTRESE COMO USUARIO, GRATUITAMENTE:

Para registrarse como Usuario de nuestro Blog, busque en la Barra Lateral Derecha, el ícono donde se ven las imágenes de nuestros Usuarios ya registrados y haga Click en “Acceder” o en “Participar en este sitio”. Luego siga las instrucciones. NO SE ACEPTAN ANONIMOS. Dra. Ana Santander.

INFORMACION IMPORTANTE:

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

NO RESPONDEMOS A PERSONAS IDENTIFICADAS COMO "ANÓNIMO", SUS COMENTARIOS SERAN PUBLICADOS PERO NO RESPONDIDOS. EL SISTEMA NO ACEPTA INQUIETUDES REDACTADAS EN FORMA EXTENSA. NO RESPONDEMOS A MENSAJES DE TEXTO. NUESTRO BLOG, NO ES PORTAL PARA HACER DENUNCIAS CONTRA TERCEROS, NI HACER SEÑALAMIENTOS DIRECTO A PERSONAS, FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUARLOS PUES NO SERÁN PUBLICADAS. NO RESPONDEMOS CONSULTAS VÍA TWITTER. TANTO LOS MODELOS COMO LOSCÁLCULOS DE PRESTACIONES GENERAN HONORARIOS. POR MOTIVOS AJENOS A NUESTRA VOLUNTAD, EN LO ADELANTE, NO RESPONDEREMOS CONSULTAS DEL TIPO LABORAL. Dra. Ana Santander.

17 de abril de 2015

TIPS SOBRE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (MARCAS):

Dando continuidad al artículo anterior, estos son nociones básicas que debemos manejar en el tema de Marcas: Lema Comercial: Según la ley de Propiedad Industrial de 1956, lema comercial es la marca que consiste en una palabra, frase o leyenda utilizada por un industrial, comerciante o agricultor, como complemento de una marca o denominación comercial. Denominación Comercial: Según la ley de Propiedad Industrial de 1956, la marca que tiene por objeto distinguir una empresa, negocio, explotación o establecimiento mercantil, industrial, agrícola o minero, se llama denominación comercial. Por vía de excepción, podrá registrarse, como si fuera una denominación comercial, cualquier nombre o signo distintivo en que tenga interés una persona, aunque ese interés no sea comercial. Marca Comercial: comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda u cualquiera otra señal que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce, aquellos con los cuales comercia o su propia empresa. Tipos de marca: -Marca Comercial (Marca de Producto) -Marca de Servicio -Marca Colectiva -Lema Comercial -Denominación Comercial. NO pueden ser registradas como Marcas: Entre otros están: -Las palabras, frases, figuras o signos que sugieran ideas, ilícitos o dañoso; -Los Símbolos Patrios o Extranjeros; -Los signos de la Cruz Roja y de cualquier otra entidad de la misma índole; -los colores o combinaciones de colores por sí solos; -Las figuras geométricas; -Las caricaturas, que tiendan a ridiculizar; -Los términos de uso general, para indicar el género, la especie, naturaleza, origen, cualidad o forma de los productos; -El nombre completo o apellidos de una persona natural, si no se presenta en una forma peculiar y distinta, suficiente para diferenciarlo del mismo nombre cuando lo usen otras personas, y aún en este caso, si se trata del nombre de un tercero, si no se presenta con el consentimiento de éste; -La marca que se parezca gráfica y fonéticamente a otra ya registrada y -La que pueda prestarse a confusión con otra marca ya registrada o que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad. Registro de MarcaEs un procedimiento que se realiza ante una oficina pública (el registro de Marcas o de signos distintivos) que se inicia con una solicitud de registro de marca para la identificación de productos o servicios determinados y termina con la concesión de un certificado de registro de marca. Dicho certificado otorga al solicitante la titularidad del derecho de uso exclusivo de la marca solicitada para identificar los productos o servicios especificados en la solicitud. En Venezuela es el SAPI, con una sola sede en la ciudad de Caracas para todo el territorio nacional. El registro confiere a su titular el derecho de uso exclusivo de la marca registrada, lo que le permite defender este derecho legalmente, pudiendo impedir a cualquier tercero el uso de la marca, si no ha sido autorizado. El titular del derecho puede comerciar con él, así como puede ser sujeto de herencia. Registro de Marca InternacionalEl registro es nacional y para obtenerlo en varios países, debe presentarse una solicitud de registro en cada una de las Oficinas Nacionales Competentes de esos países, salvo pacto o tratado internacional en contrario. Duración del registro de un Marca: tiene una duración de 15 años contados a partir de la fecha de su concesión y puede renovarse por períodos sucesivos de 15 años indefinidamente. La renovación del certificado debe hacerse dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de vencimiento del mismo, por ante la Oficina de Registro de Marcas. Principios que rigen la Marca: Las marcas se rigen por tres principios básicos: Principio atributivo: es decir, que para ser titular de una marca, es necesario completar un trámite de registro en una oficina estatal. Principio de territorialidad: la marca surte efecto en el ámbito territorial donde se ha solicitado su registro (en todo el territorio nacional o regional). Principio de especialidad: protege aquellos productos o servicios para los cuales la marca ha sido registrada. Clasificación Nacional Para Marcas: Según la L.P.I., el derecho de usar exclusivamente una marca se adquiere en relación con la clase de productos, actividades o empresas para los cuales hubiere sido registrada de acuerdo con la clasificación oficial establecida en el artículo 106 de dicha ley. En el caso particular de Venezuela se deberá indicar en la planilla de solicitud la clase nacional con la clase internacional equivalente. Modificación de Marca: No es permito, incluso existen casos en que puede ocurrir que la modificación realizada sobre un signo distintivo sea tan sustancial que constituya una marca nueva. En tal caso, la nueva marca es susceptible de un nuevo registro. Uso Efectivo de la Marca: La L.P.I. establece que el registro de una marca queda sin efecto por no haberse hecho uso de la marca durante 2 años consecutivos. Costo para el Registro de una Marca: Para registrar una marca hay que hacer ciertas erogaciones, relativas a costo de las solicitudes, tasas y aranceles finales que deben cancelarse a la Oficina de Registro de Marcas. Clases de Productos y Servicio: son un conjunto de renglones numerados que conforman una lista de productos y servicios definidos por la ley. Cada reglón agrupa productos o servicios con características similares como los materiales con los cuales están hechos, sus usos, funciones, sector del mercado, etc. A nivel nacional, la Ley de Propiedad Industrial establece un listado enumerado de 50 clases. Búsqueda de Antecedentes: se genera un reporte de los antecedentes sobre la marca solicitada. Búsqueda Fonética  (por nombre y clase). Búsqueda Gráfica: antecedentes de una marca gráfica o logo. Procedimiento Marcario: 1. Búsqueda Previa para descartar anterioridades. 2.- Presentación o depósito de la Solicitud. Cada clase necesita una solicitud separada. 3. Examen de Forma. Si la solicitud de marca presentada no reúne los requisitos exigidos, la Oficina de Registro emitirá un "Oficio de Devolución". Al publicarse éste en el Boletín de la propiedad industrial, se otorgan 30 días hábiles para la contestación del Oficio; El Registrador está facultado para prorrogar el lapso hasta por 3 meses a petición del interesado. 4. Publicación de la Solicitud en un periódico de circulación diaria en la Capital de la república. 5.- Publicación de la solicitud en el Boletín de la Propiedad Industrial. A partir de la publicación, se inicia un lapso legal de 30 días hábiles para que terceros interesados formulen oposición. 6.- La no contestación de una oposición acarrea el desistimiento de la solicitud. 7.- Examen de Fondo (Registrabilidad). 8. Concesión o Denegación de la Solicitud. Las resoluciones que conceden o niegan el registro, se dan a conocer mediante una publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial. Si la solicitud es concedida, se dispone de 30 días hábiles para el pago del Impuesto Final de Registro. Si es denegada, se otorgan 15 días hábiles para la presentación de un Recurso de Reconsideración. Leyes que regulan la materia: Ley de Propiedad Industrial de 1955.

Dra. Ana Santander.

10 de abril de 2015

TIPS SOBRE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (DERECHOS DE AUTOR):




Comencemos con la definición de algunos términos básicos en esta materia: SAPI: Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), es el organismo adscrito al Ministerio de Comercio, que ejerce la competencia en materia de propiedad intelectual. PROPIEDAD INTELECTUAL: Derecho de propiedad sobre obras artísticas, científicas, tecnológicas, patentes, denominaciones de origen, variedades vegetales, marcas y otros signos. Hoy nos dedicaremos exclusivamente al DERECHO DE AUTOR: Recae sobre obras literarias, musicales, teatrales, artísticas, científicas o audiovisuales. Ej: Libros, cuadros. Sujetos: Persona Natural o Jurídica. Objeto: Es la descripción de las ideas del autor, no las ideas en si mismas. Dura toda la vida y se extingue a los 60 años siguientes al fallecimiento. Obras que pueden ser registradas: Literarias: Ej: Libros. Audiovisuales: Ej: Películas. Radiofónicas: Transmitida por radio o televisión. De Arte Visual: Ej: Cuadros, fotografías. Escénicas o Dramáticas: Ej: Coreografía, obras teatrales. Obras Musicales: Composiciones musicales con o sin partitura. Programa de Computación y Base de datos: Ej: Software. Producciones Fonográficas: Consisten en la fijación de las producciones musicales y artísticas por cualquier medio existente para su reproducción y comunicación al público. Actos y Contratos: Ej: contratos de cesión de los derechos de autor, que no atenten contra el carácter irrenunciable del derecho del autor. PASOS PARA REGISTRAR DERECHO DE AUTOR: Primero cancelar el costo de la planilla y las tasas según el tipo de solicitud, entregar la carpeta manila, tamaño oficio, con sus recaudos y comprar la planilla (de acuerdo al tipo de obra que pretenda registrar), llenar la planilla. La planilla consta, a su vez de 3 juegos de planillas: 1.- Datos generales de la obra y del autor; 2.- Datos del titular derivado, solicitante, ejemplares que se depositan, la fecha de la solicitud y la firma del autor; 3.-La última planilla (A), se refiere a datos adicionales o complementarios que no pudieron ser incluidos en las dos planillas precedentes. Son llenadas por separado. PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR DERECHO DE AUTOR: El SAPI, en un lapso aproximado de 3 días notificará al interesado del estatus de la solicitud. Si la Solicitud adolece de algún requisito, será devuelta para ser corregida. El SAPI, otorga un lapso de 15 días para que sean subsanadas. Una vez subsanada la solicitud, se aprueba y se ordena el pago de los derechos. Si no se subsanan los defectos, la solicitud queda anulada y se deberá presentar nueva solicitud. El solicitante tendrá 2 meses para  cancelar, de lo contrario se anula la solicitud. Luego se emite recibo de pago de Derechos de Registro, con lo cual se ordenará la elaboración del correspondiente Certificado de Registro. Para retirar el Certificado, (dentro de los 2 a 5 días hábiles siguientes), debe hacerlo el mismo solicitante o el representante con poder especial para ello. PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Están exonerados de los pagos de tasas y aranceles (no de la planilla ni carpetas), a tal efecto deberán consignar el certificado de discapacidad. NOTAS DE INTERES: -Invención no registrada en Venezuela, a pesar de estarlo en el exterior, podrá ser producido y utilizado sin mayores inconvenientes y libremente en el país, -Solo en Caracas se puede solicitar un Registro de Derecho de Autor, -Para adquirir la Planilla de Solicitud de Registro de Derecho de Autor, hay que cancelar previamente y luego en el SAPI, entregarán la planilla en cuestión, -Se pueden pagar en forma conjunta, tanto las tasas como la planilla. En otros artículos desarrollaremos el Registro de Patentes y Marcas.

Dra. Ana Santander.

31 de marzo de 2015

¿QUÉ HACER CUANDO EL ACREEDOR/VENDEDOR NO RECIBE EL PAGO DEL PRECIO DE LA COSA VENDIDA?/OFERTA REAL DE PAGO:




A propósito de la forma que un deudor, por ejemplo por haber comprado un mueble (vehículo), o inmueble (vivienda), ante la negativa del comprador, de recibirle todo o parte del precio de venta, pues tal vez, éste último considera que su bien ha aumentado de precio (argumento muy popular en esta época), puede liberarse de tal pago. En otras palabras, ¿qué hacer cuando el acreedor no recibe el precio del deudor, a pesar de así haberlo convenido?, ¿puede el comprador obligar al vendedor a recibir ese precio forzosamente?. De estar llenos los extremos legales, la respuesta es afirmativa. Ahora bien, resulta interesante tener en cuenta los requisitos de forma y fondo que deben cumplirse para poder acudir a esta solución, que no es más que el Procedimiento de Oferta Real de Pago. Es así como en Sentencia de la Sala Constitucional del TSJ de fecha: 10-03-15, se determinan tales requisitos así como el alcance del juez al momento de analizarlos o acordar con o sin lugar la Oferta Real efectuada. Resumimos de nuestro modo acostumbrado:   “…MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO:…LA OFERENTE ALEGA que en fecha 30 de mayo de 2013, conjuntamente con el ciudadano R, adquirieron mediante venta que les hizo el ciudadano J, una parcela de terreno mediante documento protocolizado por ante el Registro Público…que en dicho documento se pactaba que el pago estaba comprendido con 3 cheques bancarios y un vehículo, sin embargo posterior a la venta pactó personalmente con el vendedor, la novación de la obligación del pago, mediante cheque Nº…, de fecha 10 de mayo de 2013, por la suma de Bs. 300.000,00, por la emisión de 18 letras de cambio por la suma de Bs. 16.666,00 cada una, que no obstante sus gestiones para pagar la primera de las 18 letras de cambio mencionadas, el vendedor no ha querido recibir dicha suma, motivo por el cual acude al Tribunal a los fines de realizar el pago mediante depósito del monto de dicha letra de cambio por la suma de Bs. 16.666,00, solicitando se traslade el Tribunal a fin de ofrecer al acreedor la referida cantidad. EN TANTO QUE EL OFERIDO en su escrito contentivo de alegatos señaló si bien era cierto que en fecha 30 de mayo de 2013, había celebrado con los ciudadanos M y R la venta de una parcela de su propiedad, que la misma se pactó por el precio de…, el cual debía pagarse a través de 3 títulos cambiarios denominados cheques y un vehículo; que uno de estos cheques es el Nro…., del Banco Mercantil, por la cantidad de Bs. 300.000,00; y que posteriormente a la venta cuando se disponía a hacer efectivo el mismo, los ciudadanos M y R, le manifestaron que por seguridad y comodidad pagarían dicha suma a través de una transferencia bancaria, por lo que presumiendo la buena de éstos, les devolvió el cheque y aún no ha recibido tal pago, por lo que desconoce de la novación alegada por la oferente; que resulta evidente que la forma de pago alegada por la ciudadana M, lo coloca en una situación desproporcional, en virtud de que el monto adeudado, es por la cantidad de trescientos mil bolívares (Bs. 300.000,00). PRUEBAS DE LA OFERENTE: 1.--- Copia simple de documento protocolizado por ante el Registro Público…para demostrar la venta…y cuya forma de pago se pactó de la siguiente manera: 1) cheque Nº … por la suma de Bs. 200.000,00; 2) cheque Nº… por la cantidad de Bs. 300.000,00…; 3) cheque Nº …por la cantidad de Bs. 820.000,00; y 4) un vehículo perteneciente al ciudadano R, por la cantidad de Bs. 400.000,00. 2.--- Cheque Nº …de los ciudadanos M y R, de fecha 10 de mayo de 2013, por la suma de Bs. 300.000,00, en cuyo reverso de se lee. “Hoy 30/05/13. (acordarme) Este cheque se hizo, fue cambiado x 18 letras de cambio c/u x 16.666, para ser pagadas mensualmente sustituyendo el mismo”. Este instrumento cambiario por cuanto no fue desconocido se tiene como reconocido por disposición del artículo 444 del CPC. 3.--- Prueba de exhibición de letra de cambio… evacuada…, donde se dejó constancia de la incomparecencia del oferido; en tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 436 del CPC, se tienen como ciertos los datos afirmados por el promovente sobre el contenido de la letra de cambio; no obstante lo anterior, se observa que el promovente no indicó en su escrito de promoción de pruebas el monto por el cual presuntamente se libró el mencionado efecto cambiario. 4.--- Testimonial… no admitida por el Tribunal de la causaPRUEBAS DE LA OFERIDA: 1.--- El mérito favorable de los autos..Vistas las pruebas aportadas por las partes, EL TRIBUNAL A QUO…SE PRONUNCIÓ SOBRE LA OFERTA REAL DE LA SIGUIENTE MANERA:…siendo un requisito esencial para la eficacia de la oferta real, que ésta comprenda la cantidad total que se adeude o la cosa íntegramente, incluidos los frutos e intereses de la obligación asumida, hasta el día en se haga la oferta, más los gastos y un suplemento de la cantidad ofrecida, que debe ser una suma seria y efectiva, como categóricamente lo exige el numeral 3 del artículo 1.307 del CC, su incumplimiento conllevaría a que indefectiblemente se declare la invalidez de la oferta a los fines de no subvertir sus requisitos del procedimiento…resulta inoficioso entrar a valorar los medios probatorios aportados por las partes…y en consecuencia SIN LUGAR la misma...sobre la apelación interpuesta, ESTA ALZADA HACE LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: la oferta real de pago es el medio legal mediante el cual el deudor puede obtener la liberación de la obligación respecto del acreedor, cuando éste rehúsa a recibirle el pago correspondiente a su acreencia; pero su validez se encuentra sujeta a algunos requisitos, así tenemos que el artículo 1.307 del CC: PARA QUE EL OFRECIMIENTO REAL SEA VÁLIDO ES NECESARIO: 1° Que se haga al acreedor que sea capaz de exigir, o a aquél que tenga facultad para recibir por él. 2° Que se haga por persona capaz de pagar. 3º Que comprenda la suma íntegra u otra cosa debida, los frutos y los intereses debidos, los gastos líquidos y una cantidad para los gastos ilíquidos, con la reserva por cualquier suplemento. 4° Que el plazo esté vencido si se ha estipulado a favor del acreedor. 5° Que se haya cumplido la condición bajo la cual se ha contraído la deuda. 6° que el ofrecimiento se haga en el lugar convenido para el pago, y cuando no haya convención especial respecto al lugar de pago, que se haga a la persona del acreedor, o en su domicilio, en el escogido para la ejecución del contrato. 7° Que el ofrecimiento se haga por ministerio del Juez…el artículo 819 del CPC señala, que EL ESCRITO QUE CONTENGA LA OFERTA DEBERÁ CONTENER: el nombre, apellido y domicilio del acreedor, la descripción de la obligación que origina la oferta y la causa o razón del ofrecimiento, así como la especificación de las cosas que se ofrecen. En el presente caso, se observa que el escrito de solicitud cumple con los requisitos exigidos en el referido artículo 819…antes de emitir pronunciamiento sobre la validez de la oferta de acuerdo al citado artículo 1.307 del CC, se hace necesario primeramente hacer las siguientes consideraciones: Según la doctrina, LA NOVACIÓN es una forma de extinguir una obligación preexistente, y al mismo tiempo, es fuente creadora de otra obligación que reemplaza la anterior; tenemos así que la novación la según el artículo 1.314 del CC, se puede verificar en tres casos: 1) cuando el deudor contrae para con su acreedor nueva obligación en sustitución de la anterior, la cual queda extinguida, es decir, ha habido un cambio de objeto o causa respecto de la obligación inicial; 2) cuando un nuevo deudor se sustituye al anterior, quedando libre el primero para responderle al acreedor; y 3) cuando un nuevo acreedor se sustituye al anterior, quedando libre el primero para con éste. Encontrándonos en el caso bajo análisis en el primero de los supuestos, es decir una novación objetiva, en el entendido que la oferente aduce el cambio del pago del cheque N°…de fecha 10 de mayo de 2013, por la suma de Bs. 300.000,00, por la emisión de 18 letras de cambio por la suma de Bs. 16.666,00 cada una. PARA QUE SE CONSTITUYA VÁLIDAMENTE LA NOVACIÓN DEBEN CONCURRIR ALGUNOS ELEMENTOS: a) La existencia de una obligación antigua. En el presente caso, esta la obligación antigua la constituye el pago del precio…, de la siguiente manera: con 3 cheques bancarios y un vehículo. b) La necesidad de una obligación nueva, de tal manera que la extinción del crédito anterior está subordinada a la creación de una deuda nueva. En relación a este requisito tenemos que la obligación contenida en el documento público acompañado y que constituye la obligación primigenia, establece el pago de 3 cheques…y un vehículo, constando en el precitado documento el traspaso del mismo al vendedor; pero es el caso que de los 3 cheques, solo se alega la novación del segundo de los indicados…siendo la deuda total, deduciendo el traspaso del vehículo, Bs. 1.320.000,00 pagaderos con los 3 cheques indicados. c) La necesidad de un cambio, en el sentido que debe haber diferencia entre la obligación antigua y la nueva; y en este caso, se alega novación parcial de la obligación, pues como se dijo, solo en lo concerniente a uno de los cheques indicados. Y d) La voluntad de extinguir la obligación primitiva, es decir que la intención de novar se verifica por la voluntad de extinguir la obligación primitiva, por lo que si el acreedor no ha consentido perder su primera acción, ambas obligaciones coexistirían. En este orden, establece el artículo 1.315 del CC que la novación no se presume, sino que es necesario que la voluntad de efectuarla aparezca claramente del acto…Al examinar la novación es menester considerar también otras condiciones, entre ellas: EL ANIMUS NOVANDI y la capacidad jurídica de las partes para concertar ambas obligaciones…Sobre…el animus novandi…está referido a que “...el acreedor haya declarado expresamente su voluntad de liberar al deudor... sin que conste esta voluntad... se está en presencia de una delegación imperfecta que no produce novación, vale decir, que el primer deudor, en tal caso continúa siéndolo”….es indudable que algunas de las condiciones precedentemente explicadas están cumplidas en el caso que se estudia...Tal diafanidad, no existe en la tercera condición, vale decir: si las partes tuvieron el ánimo de novar la obligación mercantil ordinaria por la cambiaria, lo que no se desprende ni siquiera de los alegatos esgrimidos por la accionante en el libelo de la demanda, ni por el accionado en la contestación. Por consiguiente, la Sala considera que el Juez Superior incurrió en un error al calificar que la obligación principal (derivada de las facturas y notas de débito) fue novada, pues para que ello ocurra es necesario que el acreedor haya declarado expresamente su voluntad de liberar al deudor; de otro modo, se estaría en presencia de una delegación imperfecta que no genera novación…la novación no puede suponérsela efectuada con la sola presentación de una nueva convención, ya que las partes al obrar así han podido pensar en una de dos cosas: En la yuxtaposición o la sustitución, es decir, en la coexistencia de ambas obligaciones o el reemplazo de la nueva por la antigua, y eso es algo que, indudablemente, resulta más peligroso suponer…El artículo 1.317 del CC es claro al establecer que la voluntad del acreedor debe ser manifiesta, y que no se admite, por la rigurosidad del texto, aceptaciones tácitas o sobreentendidas…Por otra parte, se observa que la obligación fue asumida a través de un documento público y donde los deudores emitieron instrumentos cambiarios para su cumplimiento, razón por la cual y de acuerdo al criterio jurisprudencial citado, de esta misma manera debía realizarse la novación, es decir a través de otro documento público que forme parte de aquel, donde se expresara con claridad la voluntad de novar la obligación, y no de alguno de los instrumentos cambiarios, como lo pretende la oferente en este caso, demostrar la novación a través de una nota plasmada en uno de los cheques recibidos por el acreedor hoy oferido como parte de pago de la obligación asumida a través de documento público. Siendo así, en el presente caso, se concluye que no se demostró la alegada novación, por cuanto no fue demostrada la voluntad de novar por parte del acreedor; y así se establece. LA SALA CONSTITUCIONAL:…Artículo 825…Expirado el término de pruebas, el Juez decidirá sobre la procedencia o improcedencia de la oferta y del depósito, dentro del plazo de diez días. Si el Juez declarare válidos la oferta y el depósito quedará libertado el deudor desde el día del depósito. En la condena en costas se incluirán los gastos ocasionados por el procedimiento de oferta y depósito. En la sentencia el Tribunal hará determinación expresa asignando los intereses devengados por las cantidades de dinero que hayan sido depositadas, a quien corresponda…no puede existir una oferta válida si no existe una obligación determinada de cuya certeza surja de forma indubitable la identificación de la cosa debida, pues, no debe otorgársele validez a una oferta que no determine explícitamente la obligación y, con ésta, de la cosa debida, en razón de que no se puede obligar al acreedor a recibir una cosa distinta, aun cuando ésta tenga un valor igual o superior a la debida (ex artículo 1290 CC). De igual forma, tampoco puede dársele validez a la oferta cuando se cuestione la obligación cuyo pago se ofrece y de los elementos de prueba no se verifique de forma indubitada su existencia, pues, la decisión al respecto sólo compete al órgano jurisdiccional que conozca de la relación jurídica sustancial de donde ésta hubiese surgido, pues, de lo contrario, pudiese ocasionarse una violación a la tutela judicial efectiva, a la defensa y al debido proceso de alguno de los justiciables, tal cual sucedió en el caso de autos...En efecto, en el caso sub examine se observa que la existencia de la novación como medio de extinción de la obligación primaria fue claramente debatida en el proceso que originó la oferta real de pago, debido a que fue alegada por la oferente y rechazada por el oferido; se observa, además, cómo la legitimada activa de ese proceso hizo mención al negocio causal del que estuvo conteste su contraparte, de lo cual surge la duda razonable sobre la verdadera obligación existente y, por tanto, sobre la verificación o existencia de la referida novación, lo que constituye un punto controversial que…debe ser atendido en un proceso destinado a la resolución del fondo del asunto o relación jurídica sustancial, donde haya un lapso prudencial para las respectivas alegaciones, probanzas y conclusiones, pues, es claro que ello resulta determinante en lo que allí se deba resolver, debido a que su existencia constituye una defensa principal en una supuesta pretensión o exigencia de cumplimiento de la obligación originaria, así como su inexistencia lo fue en el que proceso donde se tramitó la oferta real de pago y el depósito subsiguiente donde surgió la decisión que acá se cuestiona…en el proceso donde se tramite una oferta real de pago, no le está dado al operador de justicia pronunciarse sobre cuestiones distintas a la existencia de los requisitos intrínsecos de la oferta que establece el artículo 1.307 de la ley sustantiva civil para la determinación de su validez….De allí que, no le sea dable examinar cualquiera otra situación o formalidad que se suscite en el juicio, salvo que se trate de violaciones al derecho de defensa…En razón de todo lo anterior, se evidencia que el juez del Juzgado Superioractuó fuera de su competencia e infringió el debido proceso, en razón de que no consideró, para la desestimación de la oferta, la incertidumbre o indeterminación de la verdadera obligación, incurriendo en una clara vulneración del criterio que con carácter vinculante estableció esta Sala Constitucional con respecto a la tutela judicial efectiva, a la defensa y al debido proceso. Al respecto, debe indicarse que la referida incertidumbre o indeterminación va referida a la obligación (pago de precio) que surgió en el negocio causal (venta de un inmueble), no así de la que surgió del supuesto pago con la adquisición de una nueva obligación (novación –letra de cambio-, que está vinculada al negocio causal o subyacente, y la cual iba dirigida a una parte del precio y no a su totalidad). Aunado a ello, debe indicarse que los elementos subjetivos del negocio cartular y causal son los mismos, y que la oferente hizo su oferta de pago de la letra de cambio, siempre en consideración o haciendo mención expresa a la obligación o negocio causal, como la que verdaderamente quería extinguir…En consecuencia, esta Sala Constitucional concluye que ha lugar a la solicitud de revisión contra el acto de juzgamiento que dictó el Juzgado Superior…por cuanto se apartó de la doctrina vinculante que sentó esta Sala Constitucional, con respecto al contenido de los derechos constitucionales a la tutela judicial eficaz (n.º 708/01), a la defensa y al debido proceso (n.º 444/01 y 2543/02). Razón por la cual esta Sala Constitucional declara la nulidad del acto de juzgamiento que emitió el referido juzgado superior a que se contraen estas actuaciones, y, en consecuencia, repone el proceso al estado de que un juez superior distinto al que conoció de la causa, se pronuncie sobre el recurso de apelación que interpuso M contra el acto de juzgamiento que pronunció el Juzgado de Municipio…"

Dra. Ana Santander.

6 de marzo de 2015

CONSECUENCIAS DE DENUNCIAR FALSAMENTE A UN HOMBRE POR VIOLENCIA DOMESTICA:



Es común recibir en nuestro Despacho Jurídico, clientes, (hombres),  con una versión casi idéntica de los hechos que rodearon y produjeron la separación, no solo de su pareja (esposa/concubina), sino del hogar en común que tenían con ellas. PONGAMOS ESTE EJEMPLO: El señor “A”, expone que su pareja, la señora “B”, le manifestó su deseo de terminar la relación sentimental y separarse a la brevedad posible. El señor “A”, a pesar de no desearlo, lo acepta y pide un tiempo prudencial para resolver el tema de la vivienda en común, (venderla a un tercero, comprarle su parte a ella o ella a él). En el entendido que solo a través de esa única vivienda pueden resolver cada uno, por separado, su situación habitacional.  La señora “B”, para hacer el proceso “más rápido” acude a la Fiscalía con competencia en Violencia de Género e interpone denuncia, en contra del señor “A”, por violencia doméstica. La Fiscalía toma su denuncia y le otorga Medidas Cautelares Asegurativas y de Protección, tales como la contenida en el artículo 87 ordinales 3º, 5º y 6º de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia consistente en prohibición y restricción de agredir a la víctima, y su familia, al lugar de trabajo, de estudio y de su residencia, y se prohíbe al agresor por si o terceras personas realice actos de persecución intimidación o acoso a la víctima o su familia, prohibición de agresión física, verbal y psicológica a la víctima, prohibición de agresión patrimonial, de conformidad con el articulo 87 numeral 3°, 5° y 6° ejusdem. Como resultado de lo anterior, el señor “A”, debe abandonar la vivienda que les sirvió de hogar común y termina viviendo en su casa materna, en el mejor de los casos. A lo descrito, se le pueden adicionar situaciones más graves, (en forma concurrente o alterna), como: -Denuncias adicionales, en contra del hombre, por “acoso” a las hijas en común, (muchas veces producto de alienación parental materna), O, -En forma casi inmediata, al inmueble se muda otra pareja masculina, O, -La mujer alega que ese inmueble es de los hijos menores, quienes no pueden quedar sin techo. ACLARATORIA PREVIA: No pretendemos bajo ningún concepto, enarbolar una bandera en contra de las mujeres; ni hacer campaña en su contra, nada más lejos de nuestra intención. Sin embargo, hemos notado con suma preocupación, que efectivamente, muchas mujeres, en forma por demás inescrupulosas, no han hecho uso, sino antes bien, han abusado de la  Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, colocando denuncias injustificadas y argumentando violencias síquicas, físicas, patrimoniales, etc, totalmente falsas en contra de sus parejas, con el único propósito de lograr el desalojo de ellos de la vivienda. Sin percatarse que, por ese actuar irresponsable, una Ley que  surgió en el 2007, a los fines de atender una realidad social (la violencia doméstica), que ciertamente logró controlar e incluso disminuir, en un gran porcentaje, el abuso, violencia, agresión, cometido por algunos hombres en contra de las mujeres; que ciertamente era atendido por la Fiscalía como tema de preferencia y en tal sentido brindaban una protección inmediata y eficaz a las víctimas de tales abusos/delitos, se ha convertido ahora en un “caso más”. Lo anterior hasta el punto, que en la actualidad la Fiscalía se abstiene y cuida de otorgar, en forma a priori, las Medidas Asegurativas comentadas, precisamente, para evitar que los caballeros se vean privados de su vivienda por denuncias infundadas. Es así como, nuestro Despacho, es eco, en contrapartida, de denuncias de mujeres que  siendo realmente objeto de agresiones por parte de sus parejas, hoy no son atendidas por la Fiscalía, según su decir, por no mostrar signos de agresión, tales como “sangre”, “morados”, etc. Viéndonos en la necesidad de formular denuncias por escrito, en su favor, que sean recibidas por la Fiscalía, (por estar de por medio un Abogado), para procurar obtener la protección que merecen. Es en este sentido que se orienta el presente artículo. No queremos dejar de mencionar, que el hecho que existan menores de edad, no impide la división, partición, liquidación del bien habido en comunidad. Damas, entiendan por una parte que, los bienes habidos durante la relación sentimental (concubinaria o matrimonial), no son de los hijos, sino de los padres. Y solo ante la ocurrencia del fallecimiento de alguno de los padres, los hijos serán propietarios de tales bienes. Por otra parte, el garantizar una vivienda a los hijos, no es solo responsabilidad paterna, pues existe el principio de coparentalidad, en función del cual, ambos progenitores, debe asegurar, brindar un techo a sus hijos. Sabemos de algunos Jueces de control que, han impedido la ejecución de la partición forzosa de los bienes concubinarios o conyugales, motivados a no dejar desprovistos de vivienda a los hijos menores de edad. No compartimos ese criterio. Menos aun  cuando ponen en cabeza única del progenitor paterno, la responsabilidad del techo de los hijos, ya que la realidad es que, en la actualidad, tanto hombres como mujeres, son protagonistas por igual del aparato productivo, ambos son igualmente capaces y están equiparados en el ámbito económico. Siempre lo comentado será una apreciación muy personal del tema. Recordamos a nuestros Usuarios, que el derecho no es matemático, por tanto permite múltiples interpretaciones. CONSECUENCIAS DE DENUNCIAR FALSAMENTE: Bien, partamos del presupuesto que toda denuncia falsa, (falsear hechos ante un funcionario público), tendrá sus consecuencias legales. Sin pretender hacer un profundo análisis del tipo penal, (no es nuestra área), hacemos del conocimiento de nuestros lectores, que, en la mayoría de los casos, la mujer, una vez logrado su cometido, “sacar a la ex pareja de la vivienda”, pierde interés en la denuncia. Mientras tanto el Fiscal debe avanzar en sus averiguaciones para poder dictar sus Actos Conclusivos. Es así, como a falta de pruebas de los hechos denunciados, el Fiscal termina dictando por acto conclusivo  el Sobreseimiento de la Causa, solicitud que deberá confirmar o no el Juez de Control respectivo. Si el Juez de Control declara el sobreseimiento, absolviendo al imputado, podrá el señor “A” a su vez, iniciar causa penal por Simulación de Hecho Punible en contra de la señora “B”. La Simulación de Hecho Punible, está prevista y sancionada en el artículo 239 del CP vigente, el cual se encuentra establecido en el Capítulo II, Título IV denominado “De los Delitos contra la Administración de Justicia”, por lo que, el agraviado directo no resulta el señor “A”, sino la Administración de Justicia, como expresión de la certeza jurídica tutelada por el Estado, para mantener el orden jurídico. El delito de simulación de hecho punible produce un daño que en principio no es directo contra los ciudadanos, sino mediato, por lo que la titularidad de la acción penal en los delitos de acción pública la ostenta el Ministerio, la persona singularmente considerada ostenta un interés mediato según el cual en un primer momento no podrá considerarse víctima, salvo que se haya querellado. Entonces, si el señor “A”, lo desea, la espada de Damocles pesará ahora sobre la señora “B”, en contra de quien incluso, el señor “A”,  podrá solicitar una Indemnización Civil por Daños y Perjuicios Post Delito, dentro del mismo expediente. CONCLUSION: Sabemos que este artículo tendrá sus severos detractores entre nuestros Usuarios, a los cuales respetamos. De ser así habremos cumplido nuestra labor de brindar un punto de reflexión en este tan controversial tema.

Dra. Ana Santander.

¿SE PUEDE PROBAR LA AUSENCIA DE LEGISLACION EN UNA MATERIA, A TRAVES DE UN EXPERTO EN EL TEMA? (SI):


En Sentencia del TSJ, en Sala Constitucional de fecha: 18-02-15, se resolvió el tema, cuando menos en lo que respecta a la admisión de la prueba, salvo su apreciación en la definitiva en el siguiente sentido: “….PRUEBA PROMOVIDA POR LA PARTE ACTORA. OPOSICIÓN A LA PRUEBA:…C.A. ADV…promovió al ciudadano M…como “Testigo Pericial”, “Graduado en Gestión Empresarial del Pacto Global y Graduado en Gestión ISO 26000”…con el objeto de demostrar el incumplimiento de la garantía y protección del derecho a la salud, a la vida y a un ambiente seguro de conformidad con la Constitución y los Tratados Internacionales, así como el ‘incumplimiento del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco, sancionado y remitido por la Plenaria de la Asamblea Nacional en el mes de marzo de 2006’, y la obligación del sector empresarial dedicado a la producción de productos derivados del tabaco, al cumplimiento del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco, así como el financiamiento y sostenimiento de los gastos ocasionados al Estado Venezolano por el tratamiento de las enfermedades producidas por el tabaco (…)”…C.A. CBS, presentó escrito mediante el cual se opuso a la admisión de la prueba de perito testigo, promovido por la parte demandante…en los siguientes argumentos: Que “el asunto debatido es de mero derecho y en aplicación del principio ‘iura novit curia’, el derecho no es objeto de prueba”. Que la parte promovente “pretende demostrar, con la declaración de un ‘testigo pericial’, que en el ordenamiento jurídico venezolano no están previstas disposiciones que regulen el control de la industria tabacalera, hecho que resulta absolutamente falso, toda vez que sí existe en Venezuela una extensa regulación sobre la producción, promoción, comercialización y consumo de tabaco y sus derivados, que se adapta en todo a los estándares exigidos por la Organización Mundial de la Salud en su Convenio Marco para Control del Tabaco”. Que la promovente no puede “pretender demostrar normas que tratan el tema en la Constitución Nacional, el Convenio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Tratados Internacionales vigentes en Venezuela, así como demostrar las normas vigentes sobre la materia en el país”…Que “con la promoción del ‘testigo pericial’ se persigue demostrar un asunto del derecho venezolano, lo cual resulta contrario con el principio ‘iura novit curia’”, razón por la cual solicita se declare inadmisible su promoción como medio de prueba de hechos. Respecto a este medio de prueba ESTA SALA HA PRECISADO que se trata de “un experto, que incorpora sus conocimientos a los autos bajo la forma de oralidad, por lo que el artículo 132 de la derogada LOSEP, lo consideraba perito testigo, a fin de resaltar la característica oral del dictamen y encauzar la forma en que tendría lugar en estrados la declaración; motivo por el cual escogió la del testimonio, a fin  que por sus normas se regulase su promoción y evacuación”…al PRINCIPIO ‘IURA NOVIT CURIA…cabe destacar que el referido aforismo, según el cual el juez conoce el derecho, limita a las partes a probar los hechos, toda vez que es a través de la prueba que se establece la verdad de las situaciones fácticas ocurridas con anterioridad al proceso, consideradas relevantes para la decisión, lo que excluye la posibilidad de que la prueba se refiera a normas jurídicas. De esta manera, la doctrina ha señalado que la aplicación de este principio trae como consecuencia que la aplicación de la norma de derecho sea “un problema de conocimiento del orden jurídico” por el juez, razón por la cual resulta impropio “hablar de prueba de las reglas de derecho”, porque las “entidades abstractas” no pueden ser objeto de prueba. (Cfr. Carnelutti, Francesco, La Prueba Civil, Buenos Aires, Ediciones Depalma; 2da edición, 1982, pp. 5-7)…De lo expuesto se puede apreciar que, ciertamente, las normas jurídicas que sirven de fundamento a la relación material que existe entre la partes quedan excluidas de todo tipo de actividad probatoria en el proceso; toda vez que, la questio iuri que se debate pertenece a la actividad jurisdiccional que lleva a cabo el juez en su labor interpretativa de la norma, haciendo efectivo el contenido del Derecho, precisamente conformado por normas generales para resolver el conflicto planteado a través de la argumentación expresada en el fallo judicial; sin embargo, tal como lo ha sostenido la doctrina, si bien las reglas de derecho no son por lo general objeto de prueba, ni forman parte del tema de la prueba, cuando la investigación se refiere ‘a la existencia y al contenido de la norma jurídica, no ya a su interpretación’, nada se opone a que sea objeto de prueba judicial, como ocurre con el derecho consuetudinario y extranjero, porque ‘respecto a la prueba no se contraponen los hechos y las normas jurídicas, pues estas también son hechos y, por tanto, pueden ser objeto de prueba’, desde un punto de vista abstracto (…). Lo contrario es confundir el objeto con el tema o la necesidad de la prueba. (Cfr. Devis Echandía, Hernando, Teoría General de la Prueba Judicial, Buenos Aires, Victor de Zavalía; 5ta edición, 1981, pp. 181 y 182)….lo pretendido por el promovente de la prueba, es que el testigo experto incorpore al proceso de forma oral, de acuerdo a sus conocimientos, hechos concretos relacionados con la pretensión de los demandantes, tendentes a demostrar la existencia del alegado incumplimiento por parte del Estado Venezolano de regular y controlar la producción de productos derivados del tabaco con ocasión del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como el financiamiento y sostenimiento de los gastos ocasionados al Estado venezolano por el tratamiento de las enfermedades producidas por el tabaco, lo cual no guarda relación con la promoción de normas jurídicas, ni con el aforismo iura novit curia, razón por la cual se desestima la oposición formulada por la representación judicial de C.A. CBS. Así se declara…Adicionalmente, considera esta Sala oportuno precisar que…“a todo medio de prueba hay que señalarle al ofrecerlo, cuáles son los hechos que con ellos se pretende probar. De este sistema sólo escapan los testimonios y la confesión que se trata de provocar mediante las posiciones juradas”…Dada esa característica, la Sala ha considerado respecto al perito testigo que no es necesario que se indique en su promoción sobre qué versará el dictamen, “dato básico para determinar la pertinencia de la prueba, pero -al igual que con el testimonio- al momento de su exposición, la Sala podrá negarla por impertinente, ilegal, y en el proceso oral, por superfluo o dilatorio, a tenor del artículo 868 del CPC”...por tanto, se admite la prueba promovida por C.A. ADV. Así se decide…”

Dra. Ana Santander.

13 de febrero de 2015

¿SE PUEDE DEMANDAR EL CUMPLIMIENTO Y REVISIÓN DE OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN A LA VEZ?. (NO):

  PLANTEAMIENTO DEL CASO: Cuando un cliente nos pregunta: “Dr. El obligado (a), tiene X años sin cancelar la Obligación de Manutención fijada y yo solo (a) corriendo con todos los gastos de mi menor hijo, que dicho sea de paso, aun solventándose el (la) señor (a), esa exigua cantidad que le toca cancelar mensualmente, es más que insignificante. Entonces, ¿será que podemos exigirle que se solvente y de una vez que aumente el monto al que quedó obligado?”. RESPUESTA: A priori, la respuesta sería afirmativa, pero en el campo estrictamente legal, la respuesta es negativa. Paso de seguidas a explicar el por qué. La solicitud de Cumplimiento de Obligación de Manutención. Conforme al artículo 341 del CPC: “Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley. En caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de la negativa. Del auto del Tribunal que niegue la admisión de la demanda, se oirá apelación inmediatamente en ambos efectos.” La exposición de motivos de la LOPNNA establece, concederle fuerza ejecutiva al convenimiento homologado por el juez para hacerlo efectivo, en caso de incumplimiento, sin tener que acudir al procedimiento judicial. Es así que por remisión expresa del artículo 451 ejusdem, compete al Juez que conoció de la causa, aplicar lo que prevé el artículo 524 y siguientes del CPC, para la ejecución de sentencias, y así obtener el cumplimiento de la obligación reclamada. De acuerdo con el sistema que se mantiene en nuestro ordenamiento jurídico, la ejecución de sentencia no es objeto de una nueva acción ni da origen a una nueva relación jurídica procesal, sino que es el desenvolvimiento final de aquélla que se constituyó entre las partes en la causa principal y que culminó con una sentencia ejecutoriada, siendo doctrina consolidada que la ejecución de la sentencia en sus propios términos forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, ya que en caso contrario las decisiones judiciales y los derechos que en las mismas se reconocen no serían otra cosa que puras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad ninguna. En este orden, la doctrina pacífica y reiterada del Máximo Tribunal de la República ha sido exigente en lo que respecta a la observancia de los trámites esenciales del procedimiento, de tal modo que para preservar el principio de legalidad de las formas procesales, salvo las situaciones de excepción previstas en la ley, no es relajable por las partes ni por el juez, pues su estructura, secuencia y desarrollo está establecida en la ley. Por esa razón, se ha dicho de forma reiterada que no es potestativo de los tribunales subvertir las reglas legales con que el legislador ha revestido la tramitación de los juicios, pues su estricta observancia es materia íntimamente ligada al orden público...”. (TSJ-SCC. Sentencia de fecha 19 de julio de 1999, caso: Antonio Yesares Pérez c/ Agropecuaria el Venao C.A. La eficacia de la cosa juzgada apunta a tres posibilidades: Una, la coercibilidad, que consiste en la eventualidad de ejecución voluntaria, extremo éste acogido por nuestra legislación y regulado en los artículos 523 del CPC, de la siguiente manera: “La ejecución de la sentencia o de cualquier otro acto que tenga fuerza de tal, corresponderá al Tribunal que haya conocido de la causa en primera instancia”. Artículo 524: “Cuando la sentencia haya quedado definitivamente firme, el tribunal, a petición de la parte interesada, pondrá un decreto ordenando su ejecución”.. Artículo 525: “..Vencido el término de la suspensión o incumplido el acuerdo, continuará la ejecución conforme lo previsto en este Título. Artículo 526: “Transcurrido el lapso establecido en el artículo 524, sin que se hubiese cumplido voluntariamente la sentencia, se procederá a la ejecución forzada”. Ahora bien, EN LOS CASOS EN QUE HAYAN CAMBIADO LOS SUPUESTOS CONFORME A LOS CUALES EL FALLO HA SIDO DICTADO, éste puede ser revisado posteriormente, para lo cual será necesario plantear ante el órgano jurisdiccional por vía autónoma, la acción respectiva; esto es, la revisión de sentencia por aumento o disminución de la Obligación de Manutención, la privación o revisión de la Responsabilidad de Crianza, la Custodia y la Convivencia Familiar. Pero en aquellos supuestos en que sea necesario demandar el cumplimiento de lo acordado, no será necesario tramitar el procedimiento que esté regulado en la Ley para cualquiera de los casos concernientes a las instituciones familiares, sino simplemente pedir la ejecución de lo decidido, es en estos casos que el Juez de la causa deberá acudir al procedimiento de ejecución de sentencias contenido en el Código de Procedimiento Civil. 
Dra. Ana Santander.