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7 de noviembre de 2014

EDAD PARA CONTRAER MATRIMONIO/CONCUBINATO ENTRE HOMOSEXUALES (OPINE):


La Sala Constitucional del TSJ, en sentencia del 16 de  Octubre  del 2014,..se declaró la Nulidad Parcial del artículo 46 del CC, en base a los siguientes razonamientos, que, renumimos de nuestro modo acostumbrado, así: “…presentaron escrito contentivo de la acción de nulidad por inconstitucionalidad, ejercida contra el artículo 46 del CCDE LA ACCIÓN DE NULIDAD:el presente recurso de nulidad se interpuso contra el artículo 46 del CC al establecer “… una distinción respecto a la edad para contraer
nupcias, consagrando como requisito sine qua nom que la mujer debe haber cumplido 14 años de edad y el hombre haber alcanzado la edad de 16 años, lo cual a todas luces lesiona el derecho a la igualdad y no discriminación previsto en el artículo 21 de la CRBV”. Que dicha normativa “… infringe de manera flagrante y directa el derecho a la igualdad y no discriminación, previsto en el artículo 21 de la CRBV, así como la igualdad absoluta de los derechos de los cónyuges, consagrada en el artículo 77 eiusdem”, pues según las disposiciones establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, llamado ‘Protocolo de San Salvador’, tiene como principio esencial que los hombres y las mujeres somos iguales frente a la ley, quedando prohibido cualquier acto discriminatorio que pudiese mermar el pleno disfrute de tales derechos, tomando en consideración que no todo trato diferenciado resulte de por si discriminatorio. Que “la existencia de un derecho a contraer matrimonio en condiciones de igualdad, o en todo caso, consagrar la igualdad de derechos en el matrimonio, implica la prohibición de cualquier medida o forma de discriminación relacionada con la institución del matrimonio, que no esté fundamentada en criterios razonables y proporcionales en relación con el objetivo perseguido”. Que “aplicar los principios y consideraciones antes mencionados a los requisitos para contraer matrimonio, implica que la norma deba exigir tanto al hombre como a la mujer las mismas condiciones para proceder a celebrar la unión matrimonial. En este sentido, si bien el Legislador está facultado para definir los requisitos que deben ser cumplidos por quienes deseen formalizar una unión matrimonial, tal definición debe ser realizada respetando la igualdad del hombre y la mujer, así como el resto de los derechos humanos reconocidos en la CRBV y los instrumentos internacionales sobre la materia”. Por tanto, “… en el caso del artículo 46 del Código Civil, nos encontramos en presencia de un tratamiento diferenciado sobre la edad mínima para contraer matrimonio, fundado de manera exclusiva en el sexo, que carece en los actuales momentos de toda razonabilidad u objetividad. Es decir, el referido artículo al establecer requisitos de edad diferenciados para el hombre y la mujer, incorpora una discriminación injustificada que atenta contra el derecho a la igualdad en general, y contra el principio de igualdad de derechos en el matrimonio de manera particular…En el año 1999, se produjo un episodio transcendental en la realidad política y jurídica de nuestro país, con la aprobación de la CRBV. En esta nueva Carta Política se incorporó un amplio catálogo de derechos humanos, sin precedente en la historia constitucional venezolana y universal. El reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como sujetos pleno de derechos, así como la ampliación del reconocimiento del derecho a la igualdad y no discriminación, son sólo algunos de los avances en derechos humanos que se han visto incorporados al texto constitucional. Este proceso de transformación jurídica, iniciado con la aprobación de la Constitución, aún no ha concluido. Aún persisten en nuestro ordenamiento jurídico, distintas normas dictadas a la luz de la Constitución de 1961, que coliden claramente con el texto de la CRBV. El artículo 46 del Código Civil es una de esas disposiciones preconstitucionales cuya inconstitucionalidad es necesario dictaminar, como requisito necesario para la plena vigencia y garantía del derecho a la igualdad de todas y todos…Por tales motivos, solicitaron que se declarara la nulidad del artículo 46 del CC…CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:El contenido del precepto legal cuestionado es el siguiente: No pueden contraer válidamente matrimonio la mujer que no haya cumplido 14 años de edad y el varón que no haya cumplido 16 años”. Al respecto, advierte la Sala que el precepto legal impugnado estatuye el llamado matrimonio  prematuro o matrimonio precoz. Dicho precepto…se limita a regular la capacidad matrimonial, esto es, la edad mínima para contraer nupcias en el ordenamiento jurídico venezolano, estableciendo a tales efectos, edades distintas para el hombre y la mujer…un análisis de la norma legal impugnada permite establecer de manera inequívoca su inconformidad con el ordenamiento constitucional vigente, habida consideración del principio de igualdad que se expresa en la consideración y tratamiento igualitario de todas las personas, sin distinciones basadas en el sexo, la raza, la religión, etcétera y de una unificación de los derechos y deberes de la relación matrimonial; igualdad que naturalmente también debe regir en lo que se refiere a los requisitos para contraer matrimonio. Siendo incompatible la disposición impugnada con los postulados constitucionales anotados. Sin lugar a dudas, la norma constitucional contenida en el artículo 21 se refiere a la “discriminación”…el fundamento de la distinción radica en que la capacidad femenina para la procreación –más o menos generalizada- es a partir de la edad de 14 años. Sin embargo, en la actualidad no se justifica en modo alguno que subsistan a la CRBV de 1999 este tipo de diferenciaciones de las personas derivadas del género. Los patrones biológicos, sociales y culturales, que aconsejaban las referidas edades y consideraban que la mujer podía contraer matrimonio a la temprana edad de 14 años, constituyen una rémora del pasado donde el matrimonio era concebido como la única institución civil para reconocer la reproducción de la especie humana….Diversos tratados internacionales, suscritos por Venezuela, han reconocido el importante rol que la mujer ha asumido en nuestros días. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y específicamente, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios dan cuenta de la igualdad que debe distinguir las relaciones de los Estados con el género femenino y los avances alcanzados de manera universal en esta materia…En atención al ideal de igualdad jurídica, ha señalado del mismo modo esta Sala. El referido artículo 21 de la Constitución, establece que todas las personas son iguales ante la ley, lo que explica que no se permitan discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. Pueden reconocerse tres modalidades del derecho a la igualdad: a) igualdad como generalización, que rechaza los privilegios, al vincular a todos los ciudadanos a unas normas generales que no admiten distingos; se relaciona con el conocido principio de que la norma jurídica regula las categorías de sujetos y de situaciones, para las cuales existe una misma respuesta por parte del Derecho; b) igualdad de procedimiento o igualdad procesal, que supone la sanción de reglas de solución de conflictos, iguales para todos, previas e imparciales; y c) igualdad de trato, que implica atender igualmente a los iguales. Sucede, no obstante, que respecto a un mismo supuesto de hecho puedan darse diferencias en los elementos que lo conforman, lo que daría lugar a la aplicación de consecuencias jurídicas diferentes según que las distinciones sean relevantes para justificar un trato desigual (la igualdad como diferenciación) o irrelevantes, en cuyo caso se dará un trato igual (la igualdad como equiparación).  En cambio, la igualdad como diferenciación toma en cuenta las diferencias que existen entre hechos aparentemente similares, para -en función igualadora-, dar un trato diferenciado. Aquí no se aplican criterios abstractos, como en el caso anterior, sino que se imponen criterios valorativos o de razonabilidad, con el fin de ponderar si las diferencias advertidas justifican el trato desigual. Póngase por caso las políticas que siguen ciertas Universidades de admitir estudiantes sin que tengan que cumplir ciertos requisitos que sí se exigen a los demás estudiantes, por el hecho de provenir de algunas zonas del país; o las normas que imponen que en determinados organismos estén representadas minorías en un número mínimo, no obstante que por los procedimientos ordinarios de elección tal cuota sería inalcanzable, léase: representación indígena en el parlamento…Sin embargo, la determinación de qué hechos o elementos se estiman relevantes, y, por lo tanto, causa justificada de un trato desigual a supuestos de hecho a primera vista similares, como en el caso del personal docente de una Universidad, de donde la ley excluye a los profesores instructores de participar en la elección de las autoridades de la respectiva facultad a la que pertenecen, corresponde al parlamento, en razón de la potestad propia (política legislativa) de discrecionalidad -no de arbitrariedad-, que tiene su origen en el mandato democrático que le ha sido conferido. Al juez, por otra parte, desde la premisa de que el legislador es el primer intérprete de la Constituciónle corresponde ponderar si la definición o calificación que el legislador haga de las situaciones de facto o las relaciones de vida que deben ser tratadas de forma igual o desigual, no vacíe de contenido el derecho fundamental que se denuncie como conculcado...SENTENCIA: Esta Sala declara con lugar la presente acción de constitucionalidad y anula parcialmente la norma contenida en el artículo 46 del CC, por contradecir manifiestamente el artículo 21 de la CRBV…sin embargo, queda pendiente por analizar cuál de los dos parámetros utilizados por el legislador se ha de utilizar como referente igualador…resulta contrario a los intereses de la adolescencia y al sistema de protección integral que tiene garantizado, que la norma les permita a una edad tan temprana, desde los 14 años, abandonar sus estudios, su preparación profesional, su recreación y todas las actividades propias de la adolescencia que en conjunto configuran la personalidad del adulto sano, poniéndoles fin a su niñez, para lidiar con las complicaciones del matrimonio, el hogar y los hijos, viendo frustradas sus posibilidades de desarrollo progresivo y proporcional en otras áreas más cónsonas con su muy temprana edad…De allí, que esta Sala estime que la satisfacción del derecho a la igualdad se logra con la equiparación al límite máximo 16 años de edad, para que varones y hembras puedan contraer matrimonio, por lo que se declara la nulidad parcial del artículo 46 del CC en la parte que comporta la inconstitucionalidad, es decir, a aquella que establece: “la mujer que no haya cumplido 14 años de edad y el varón”y a través de una interpretación constitucionalizante, sin distinción de género, se equipara a 16 años la edad mínima requerida para contraer matrimonio, entendiéndose, a partir de la publicación del presente fallo en la Gaceta Judicial y Oficial, que la inteligencia de la norma se refiere a que “no podrá contraer válidamente matrimonio la persona que no haya cumplido dieciséis (16) años”. Así se decide. Finalmente, en relación con los efectos de la decisión en el tiempo, esta Sala determina que esta sentencia tendrá efectos ex nunc, es decir, a partir de su publicación en la Gaceta Judicial y OficialLO CONVENIENTE ES QUE EL MATRIMONIO SÓLO SEA POSIBLE LUEGO DE QUE LA PERSONA ADQUIRIESE LA MAYORÍA DE EDAD (18 AÑOS), COMO ACERTADAMENTE LO SEÑALAN MÚLTIPLES INFORMES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES RELACIONADOS CON LA MATERIA. POR LO CUAL ESTA SALA CONSTITUCIONAL EXHORTA A LA ASAMBLEA NACIONAL A CONSIDERAR LA REFORMA DEL ARTÍCULO 46 DEL CC Y VALORE LAS PREOCUPACIONES VERTIDAS POR LA SALA EN ESTA SENTENCIA….NULIDAD PARCIAL del artículo 46 del CC en la parte que establece: “la mujer que no haya cumplido catorce (14) años de edad y el varón”.. REALIZA UNA INTERPRETACIÓN sin distinción de género…y se equipara a 16 años la edad mínima requerida para contraer matrimonio, entendiéndose, a partir de la publicación del presente fallo en la Gaceta Judicial y Oficial, se declara, con efectos ex nunc, que no podrá contraer válidamente matrimonio la persona que no haya cumplido 16 años…EXHORTA a la Asamblea Nacional  a considerar la reforma del artículo 46 del CC para contemplar que la edad válida para contraer matrimonio se adquiera a la mayoría de edad (18 años)…OPINION DE ESTE DESPACHO: Valga la sentencia en comento para retomar lo ocurrido el año pasado, cuando un  Tribunal del área metropolitana de Caracas, declaró improcedente una solicitud de Declaratoria de Concubinato, efectuada por una pareja de homosexuales, a pesar de contar con una larga data de convivencia como pareja estable, con todas las características propias de una unión matrimonial. Lo anterior sin tomar en cuenta ese Tribunal, que la Ley de Registro Civil no prohíbe expresamente, el registro de uniones de hecho entre personas del mismo sexo. En aquella sentencia se dispuso “el trato desigual para los desiguales es constitucional”, por ser una “discriminación positiva”.  Pero, acaso, ¿la distinción de trato motivada en la orientación sexual de una persona no configura un claro ejemplo de lo que se denomina ‘categoría sospechosa’?. La respuesta es clara. Considera este Despacho Jurídico que el artc 21 de la CRBV, establece prohibición de discriminación fundada en el sexo que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. Entonces, ¿qué más merecido que el reconocimiento  de los derechos/libertades, que 2 personas, (indiferentemente del sexo), pueden ejercer dentro de una unión estable de hecho, de la cual derivan consecuencias patrimoniales y hereditarias?, ¿realmente las diferencias por el sexo, justifican un trato desigual, hasta el punto de hacer prevalecer las formas a la realidad?, para este Despacho no hay lugar a dudas, no existe fundamento legal que justifique el desconocimiento de esas realidades de hecho, (que parejas con componentes del mismo sexo), mantienen al estar unidas como verdaderos matrimonios, las cuales, entendemos, merecen un reconocimiento legal, más allá de nuestra idiosincrasia aun arcaica cultural. Ahora bien, como quiera que el derecho se nutre y cultiva de los acontecimietos sociales, invitamos a nuestro usuarios a manifestarnos su opinión.


Dra. Ana Santander. 

24 de octubre de 2014

INDEMNIZACION/RECLAMACION DEL DAÑO MORAL, MATERIAL, (EN MATERIA LABORAL, PENAL, CIVIL):




FUNDAMENTO: 1185, 1191, 1193  1196 del CC. La Pretensión es la indemnización por el supuesto daño moral que para el actor implicó los hechos a los cuales hace referencia en su demanda. QUE DEBE PROBARSE Y ALEGARSE PARA QUE PROCEDA UNA INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL: El grado de culpabilidad del autor, -La conducta de la víctima, sin cuya acción no se hubiese producido el daño y -La llamada escala de los sufrimientos morales. Ahora bien, pese a que es potestad del juez la liquidación del daño, ello no excluye que la víctima pueda aportar elementos probatorios acerca de las situaciones que exteriorizan dicho daño a fin de que el juez, una vez establezca la procedencia del resarcimiento, puede fijar el quantum correspondiente. En este sentido, debe quedar acreditado lo siguiente: a) La entidad o importancia del daño, tanto físico como psíquico: como consecuencia del hecho generador, nos referiremos por fines prácticos, a los accidentes de trabajo: El accidente ocasionó la lesión/muerte del trabajador quien contribuía al sustento de su familia: una esposa y X hijos. b) El grado de culpabilidad de la accionada o su participación en el accidente o acto ilícito que causó el daño: Puede o no haber quedado demostrada la responsabilidad directa de la empresa en la ocurrencia del accidente. Puede que una vez acaecido el accidente, lo declaró, y, por ejemplo, ayudó a la viuda e hijos del trabajador con los gastos funerarios. c) La conducta de la víctima: Puede o no haber quedado demostrado que haya habido conducta imprudente por parte de la víctima, quien cumplía con su trabajo. d) Grado de educación y cultura del reclamante: El trabajador tenía 40 años de edad para el momento del accidente, tenía X años laborando para la empresa y su grado de instrucción era técnico. e) Posición social y económica del reclamante: puede tratarse de un trabajador que se desempeñaba como representante de ventas, percibiendo un salario de X Bolívares. f) Capacidad económica de la parte accionada: Según el registro mercantil del documento constitutivo de la empresa demandada, ésta tiene un capital social de  X Bs. g) Los posibles atenuantes a favor de la responsable: Se evidencia de las pruebas que la empresa sufragó los gastos funerarios por X Bs. h) El tipo de retribución satisfactoria que necesitaría la víctima para ocupar una situación similar a la anterior al accidente o enfermedad: Téngase en cuenta que si el accidente ocasionó la muerte del trabajador, el daño causado será irreparable. CORRECCIÓN MONETARIA/INDEXZACION: Solo aplicará en caso que, sobre la cantidad condenada a pagar por daño moral a partir del decreto de ejecución, el demandado no cumpliere voluntariamente con el pago. Se  excluirá el lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo entre las partes, o haya estado paralizado por motivos no imputables a ellas, es decir, caso fortuito, o fuerza mayor, como vacaciones o huelgas tribunalicias, cuyo monto se determinará mediante una experticia complementaria del fallo. EL FALLO/SENTENCIA, QUE ANALICE UNA DEMANDA POR INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS MORALES, DEBE CUMPLIREl sentenciador ha de sujetarse al proceso lógico de establecer los hechos, de calificarlos y de llegar a través de este examen a la aplicación del derecho, analizando la importancia del daño, el grado de culpabilidad del autor, la conducta de la víctima sin cuya acción no se hubiera producido el daño y la llamada de escala de sufrimientos morales, valorándolos, pues no todos tienen la misma intensidad por las distintas razones que puedan influir en ellos, para llegar a una indemnización razonable, equitativa, humanamente aceptable. Deberá expresar las razones que tuvo para fijar el monto de la indemnización acordada. Deberá expresar las razones de hecho en que se fundamenta para dejar establecido el daño  y el alcance de la responsabilidad del dañante; debe dejar establecido con precisión los hechos en que se funda para poner en evidencia los extremos fundamentales de la condenación. La sentencia que no contenga estos extremos, será nula, por falta de motivación. Si la sentencia no expresó los argumentos y razones, sobre la importancia del daño moral ocasionado, ni determinó la relación de causalidad y la gravedad de la culpa, así como tampoco, señaló las pruebas que confirman dicho daño, devendrá en nula. EN CUANTO A LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD:  (este nexo debe ser probado por el trabajador que alegue tal hecho), la doctrina ha manifestado que “desde un punto de vista jurídico, existe relación de causalidad, por parte de aquél que debiendo y pudiendo realizar o dejar de realizar algún acto con el que hubiere impedido el daño no lo realiza o deja de realizarlo; y al dilucidar cuando llega este deber no hemos de atenernos tan sólo a la existencia de un precepto claro y terminante de la ley, sino también aquellas normas que nos impone la conciencia. CUANTO VALE EL DAÑO MORAL: Ningún auxiliar o medio probatorio puede determinar cuánto sufrimiento, cuánto dolor, cuánta molestia, cuánto se mermó un prestigio o el honor de alguien. El daño moral, no puede ser realmente cuantificable, ni mucho menos tarifado por la Ley, queda a la libre estimación del Juez sentenciador. La cuantificación de la indemnización es potestad del juez. CAUSAS O CIRCUNSTANCIAS QUE ELIMINAN LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD: Son aquellas situaciones en las cuales la conducta, culposa o no del agente, no fue la causa del daño, sino que éste se debió a una causa distinta, extraña a la propia conducta o hecho del agente. Esas causas reciben en doctrina el nombre de causa extraña no imputable” la cual está constituida por diversos hechos: Caso fortuito, fuerza mayor, hecho de un tercero, culpa de la víctima, hecho del príncipe y culpa del acreedor. La mejor determinación acerca de qué debe considerarse caso fortuito, fuerza mayor o hecho de tercero, la encontraremos vía jurisprudencial. DAÑO MORAL EN MATERIA EN LO PENAL: Descansa en la necesidad de que sea declarada la mala fe en la denuncia o, en su caso, demostrada la simulación de un hecho punible, allí no cabe ninguna otra posibilidad que hacer procedente la indemnización. Acreditado que quien denunció lo hizo de mala fe o simuló un hecho punible, tendría que atribuirse la imputabilidad exigible a quien denunció o simuló el hecho. DAÑO MORAL EN MATERIA LABORAL: En cuanto a la estimación del daño moral causado por un accidente o enfermedad profesional, lo que debe acreditarse plenamente, es el llamado ´hecho generador del daño moral´, o sea el conjunto de circunstancias de hecho que genera la afiliación cuyo petitum doloris se reclama. Probado que sea el hecho generador, lo que procede es una estimación, lo cual se hace al prudente arbitrio del Juez. Demostrado el accidente o enfermedad profesional, se aplica la teoría de la responsabilidad objetiva, también denominada “del riesgo profesional”, según la cual el pago del resarcimiento por daño moral procede con independencia de la culpa o negligencia del patrono, pues como la responsabilidad patronal de reparar dicho daño es objetiva, opera aunque no haya habido culpa en la ocurrencia del infortunio de trabajo. ACCIONES LABORALES POR INFORTUNIOS EN EL TRABAJO: Se permite la Reclamación conjunta de 1) Las acciones contenidas en la LOTTT, (Resp. Objetiva. Por Hecho Contractual, que depende del  IVSS), la cual corresponde a la responsabilidad objetiva: (lo cual se ha denominado como “la doctrina de la responsabilidad objetiva” o “del riesgo profesional”, pero siempre condicionado a la presencia de un ineludible requisito de procedencia o presupuesto de hecho, como lo es la circunstancia de que el accidente o enfermedad a indemnizar, provengan del servicio mismo o con ocasión directa de él. El patrono debe responder e indemnizar al trabajador por los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, provengan del servicio del mismo o con ocasión de él, aunque no haya imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos por parte de la empresa o de los trabajadores. La propia LOTTT artc. 43, establece ésta responsabilidad y la demostración del grado de incapacidad sobrevenida será relevante a los fines de determinar el monto de la indemnización.  2) Las de la LOPCYMAT, (Resp. Subjetv. Hecho ilícito, No depende del IVSS). En virtud del incumplimiento por parte del patrono de lo ordenado en dicha Ley, Responsabilidad Subjetiva: (el empleador responde por haber actuado en forma culposa, con negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de leyes y reglamentos, y siempre será preciso que en caso de reclamación de la indemnización correspondiente, el trabajador demuestre que el patrono conocía de las condiciones riesgosas. 3) Código Civil. Daños materiales y Daño moral  (Resp. Subjetv. Hecho ilícito del patrono, de conformidad con lo establecido en el artículo 1185, 1191, 1193  1196. NO depende del IVSS):  Para que proceda el pago, por una parte, es necesaria la demostración del hecho ilícito, por la otra, la prueba de los daños y perjuicios, conocido en doctrina como lucro cesante y daño emergente por efecto de la inejecución de una obligación. En materia laboral el patrono debe responder por los daños causados a sus trabajadores en un infortunio del trabajo, cuando tal desgracia o adversidad es a consecuencia de la violación de la normativa legal de seguridad en el trabajo por parte del patrono, es decir, con base a la responsabilidad subjetiva, requisito que no solo se aplica a las indemnizaciones derivadas de las leyes sustantivas laborales, sino que se extiende a las indemnizaciones previstas en la legislación civil ordinaria.  En el lucro cesante y daño emergente, en casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional, la parte demandante debe y tiene la carga de demostrar ante el órgano jurisdiccional, el hecho ilícito por responsabilidad subjetiva que le imputa a la demandada, concretamente, la conducta antijurídica o culposa, la relación de causalidad y el daño ocasional. CNRB: Asímismo, nuestra carta magna contiene 2 normas fundamentales relativas a esta materia: A. La establecida en el segundo aparte del Artículo 87: Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Estado tomará medidas y creará instituciones que permitan el control y la promoción de estas condiciones. B. Y la establecida en el Artículo 86 ejusdem, la cual señala que: “ Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales,..”. Entonces, existen 3 deberes fundamentales que constituyen la contrapartida del derecho a la seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo adecuado que tienen los trabajadores, los cuales son: - El deber de prevención, a cargo del empleador, (garantizará a sus trabajadores y trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. Art. 87 CRBV, - El deber de control y promoción de las condiciones y medio ambiente de trabajo, a cargo del Estado,- El deber de seguridad, a cargo de la Seguridad Social, tendiente a velar por la protección en caso de contingencias de riesgos laborales, entre otras. Art.86  CRBV. Así podemos establecer, que el deber de prevención es el de garantizar “condiciones” de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. CONCLUSIONES: El trabajador puede incoar una acción por indemnización de daños materiales y morales, provenientes de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, en la que pueden presentarse 3 pretensiones distintas, a saber: 1) El reclamo de las indemnizaciones previstas en la LOTTT, derivadas de una responsabilidad objetiva del patrono y el daño moral derivado con relación a ello; 2) Las indemnizaciones establecidas en la LOPCYMAT, que provienen de la responsabilidad subjetiva por incumplimiento de la empresa de sus disposiciones legales;  3) Se podrán reclamar las indemnizaciones derivadas del hecho ilícito del patrono, la cual supone también una responsabilidad subjetiva por la culpa o negligencia del empleador ante el daño, contemplado no en la normativa específica del Derecho del Trabajo, sino en el Derecho común (C.C). CON RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD SUBJETIVA (INDEMNIZACIÓN ARTICULO 130 LOPCYMAT). Si por la forma en que ocurrió el accidente no puede establecerse que éste haya sido consecuencia de la violación de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo, por parte del patrono, se declararán improcedentes las indemnizaciones derivadas de la responsabilidad subjetiva reclamadas. LA RESPONSABILIDAD PATRONAL OBJETIVA Y LA EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD: Habiéndose establecido la existencia del hecho generador, es decir, el accidente de trabajo que indudablemente repercutió en la esfera moral del demandante, debe pensarse en la procedencia de una reclamación por responsabilidad objetiva y daño moral para quien ha sufrido un perjuicio en el cumplimiento del deber. Independientemente de que exista o no culpa o negligencia de la empresa o por parte de los trabajadores o aprendices, fundamentada en la estrecha relación que existe entre las condiciones de trabajo y el riesgo que la propia empresa entraña para la salud, vida y bienestar del laborante y es que la empresa constituye per se, un centro de riesgos profesionales de diversa índole, por la coexistencia de herramientas, maquinarias, útiles, implementos de trabajo, condiciones ambientales y personas que deben operar o conducir los mismos y que amenaza la salud de quienes allí prestan servicios. En consecuencia, si no puede establecerse que el accidente haya sido consecuencia de la violación de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo, deberá declararse improcedente las indemnizaciones derivadas de la responsabilidad subjetiva reclamadas de conformidad con lo previsto en la LOPCYMAT y en el CC.
Dra. Ana Santander

10 de octubre de 2014

DESALOJOS DE VIVIENDAS ALQUILADAS: ¿REALIDAD O FICCION?: FINALMENTE UNA REALIDAD:



En Sentencia de la la Sala Constitucional del TSJ de fecha: 03-10-14, se estableció, como un tímido avance, (más no por ello no importante),  un lapso perentorio de 4 meses, más una prórroga de 2 meses (si media un acto expreso que la declare), para que la SUNAVI emita un  pronunciamiento en relación al destino habitacional del arrendatario. Lo anterior a los fines de hacer cesar las suspensiones indefinidas en el tiempo, que dejaban en un limbo procesos judiciales en fase de sentencia o de ejecución de sentencias. Entonces un fallo definitivamente firme, que ordene el desalojo, solo deberá esperar el lapso mencionado y no una “eternidad”, para que se habilite al Juez de a causa a ordenar el desalojo del inmueble. Resumiremos la sentencia a nuestro modo acostumbrado, así: “…I FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO:…Que la Sentencia (sic) dictada…por el JUZGADO SUPERIOR…EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA (sic) METROPOLITANA DE CARACAS, es eminentemente violatoria de derechos y garantías constitucionales, así como violatoria del debido proceso y el derecho a la defensa…por cuanto desconoció la Ley especial que rige la materia inquilinaria como es el caso de La LRCAV… ya que la misma establece lo siguiente. (sic) Disposición Transitoria Primera: ‘Los procedimientos administrativos o judiciales que estén en curso, continuarán hasta su culminación definitiva por las disposiciones establecidas en la presente Ley…Tal disposición es muy explícita y ordena cumplir el procedimiento establecido en la ley que no es otro que el que se encuentra estipulado en (sic) Título III Del procedimiento Previo a las Demandas...que la jurisdicción judicial debe esperar las resultas del procedimiento Administrativo que envíe el órgano competente es decir la SUNAVI para poder continuar el curso de las causas. El no cumplir con este requisito previo implica el desconocimiento de la ley, se estaría violando el ordenamiento legal y se estaría dejando de reconocer normas que protegen la condición de inquilinos y que están vigentes y son de eminente orden público”…Que la presente causa se encontraba en fase de dictar Sentencia Definitiva…Por lo que el Tribunal de alzada tenía la obligación de ordenar por medio de auto la suspensión de la causa, hasta tanto las partes acreditaran haber cumplido el procedimiento especial previsto en dicho Decreto, en este caso la parte actora. Sin embargo, la causa se paralizó y quedó en suspenso por el lapso de un año, cinco meses y seis días”…Que no entiende …cómo es posible que haya prosperado el DESALOJO habiendo la parte actora incoado la acción en base a las cuotas de condominio no pagadas por el arrendatario”…II FALLO ACCIONADO:…el Juzgado Superior…declaró:… Parcialmente con lugar la demanda que por desalojo…Condenó a la parte demandada a entregar a la parte actora el inmueble objeto de la relación locativa…Ordenó aplicar lo establecido por el TSJ…referente a la suspensión de los juicios en materia arrendaticia, hasta tanto se verifiquen los mecanismos procedimentales que establece el Decreto…V CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:… el accionante denunció que se conculcó el derecho a la defensa y el debido proceso del ciudadano R…por cuanto la alzada no dio cumplimiento al procedimiento administrativo previo ante la SUNAVI, lo que a su juicio infringió normas de orden público. Señala que si bien la causa se paralizó conforme al Decreto…la misma se encontraba en fase de dictar sentencia, por lo que el Tribunal de alzada tenía la obligación de ordenar por medio de auto la suspensión de la causa, hasta tanto las partes acreditaran haber cumplido el procedimiento especial. Asimismo, cuestiona la procedencia del desalojo sobre la  base de las cuotas de condominio no pagadas por el arrendatario. OBSERVA ESTA SALA:… que la causa primigenia fue suspendida en fase de ejecución por auto…dicha actuación procesal se compagina con la interpretación que del Decreto…Asimismo se observa que…el Juzgado…ofició a la SUNAVI, a fin de informar al órgano administrativo que el proceso se encontraba en estado de ejecución y garantizar el destino habitacional de la parte afectada. Aunado a ello constata esta Sala que la SUNAVI informó al Juzgado de la causa que el ciudadano R no necesita de un refugio temporal por cuanto tiene un bien inmueble ubicado en la UrbanizaciónEs pertinente advertir, que el fundamento del Decreto…obedeció a una medida de gobierno dada la situación de emergencia que se presentó en el país por las fuertes lluvias acaecidas durante el último trimestre del año 2010…El Decreto…establece un régimen especial de protección de la vivienda como valor social, tendente a evitar hostigamientos, amenazas y ejecuciones de desalojos arbitrarios en perjuicio de las personas ocupantes de los inmuebles y a garantizar el derecho a la defensa…El Decreto…instituye un procedimiento administrativo de primer grado para la ejecución de las decisiones que comporten la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda, que se inicia ante el MPPVH, por órgano de la SUNAVI, con el objeto de instar a las partes involucradas a una conciliación para la resolución de la controversia. Conforme al artículo 13 del referido cuerpo normativo, la ejecución de las decisiones que ordenan el desalojo de un inmueble precederá de una suspensión legal del curso de la causa (de 90 a 180 días hábiles), lapso durante el cual el funcionario judicial notificará al afectado por el desalojo y verificará que haya contado con la debida asistencia jurídica; asimismo, remitirá al Ministerio competente en materia de hábitat y vivienda una solicitud para la provisión de refugio temporal o solución habitacional definitiva por el desalojo y su grupo familiar, si este manifestare no tener lugar donde habitar.Ahora bien, esta Sala observa que la disposición en comento ESTABLECE UNA PROHIBICIÓN EXPRESA DE LA EJECUCIÓN FORZOSA, HASTA TANTO SE GARANTICE EL DESTINO HABITACIONAL DE LA PARTE AFECTADA, SIN ESTABLECER UN LAPSO DETERMINADO PARA ELLO, LO CUAL HA ORIGINADO QUE EN LA PRÁCTICA FORENSE SE SUSCITEN CASOS DONDE LAS EJECUCIONES DE LOS FALLOS SE DILATEN POR ESTE MOTIVO, SITUACIÓN QUE EVIDENTEMENTE CONTRARÍA LOS POSTULADOS DE UNA JUSTICIA EXPEDITA y sin dilaciones indebidas que el artículo 26 del Texto Fundamental propende a proteger... A tal efecto, tratándose de una actuación administrativa LA SALA ENTIENDE NECESARIO FIJAR UN PLAZO PERENTORIO VENCIDO EL CUAL EL TRIBUNAL SE ENCUENTRE HABILITADO PARA EJECUTAR SU DECISIÓN. Siendo así, en función de lo dispuesto en el artículo 60 de la LOPA, que DISPONE UN LAPSO DE 4 MESES PARA QUE EL ENTE ADMINISTRATIVO, ES DECIR, LA SUNAVI EMITA UN  PRONUNCIAMIENTO, MÁS UNA PRÓRROGA DE 2 MESES SI MEDIA UN ACTO EXPRESO QUE LA DECLARE, HA DE SER ESE EL LAPSO RACIONAL Y SUFICIENTE PARA QUE LA EJECUCIÓN DE UN FALLO DEFINITIVAMENTE FIRME QUE ORDENE EL DESALOJO ESTÉ A LA ESPERA DE QUE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA GARANTICE EL DESTINO HABITACIONAL DEL ARRENDATARIO. Vencido este plazo sin que haya habido pronunciamiento expreso de la Administración, el juez entonces quedará habilitado para proceder a la ejecución de la sentencia; sin menoscabo de las facultades del administrado para instar a la Administración a que cumpla con el deber de solucionarle transitoriamente su problema habitacional…VI  Decisión:declara SIN LUGAR la acción de amparo constitucional…”. Finalmente, la Sala Constitucional, con criterio vinculante, nos permite avanzar en la ejecución de sentencias, que ordenen el desalojo. Sin convertiros en partidarios de una u otra posición en un litigio, no es menos cierto, que existen numerosas familias que, ante el amparo de una Ley desigual y parcial, hoy duermen en “techos no seguros”, o en la calle, a pesar de haber adquirido con sumo esfuerzo una vivienda en plena propiedad. Celebramos entonces, este avance jurisprudencial.

Dra Ana Santander.

¿APLICA LA NUEVA LEY DE ALQUILERES DE LOCALES DE USO COMERCIAL A LOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES?



AMBITO DE APLICACIÓN DE LA LRAIUC: Las anteriores son 2 de las inquietudes que con más frecuencia se nos plantean en ese Despacho Jurídico: Salvo criterio en contra del Órgano Rector (SUNDEE), aún sin crear, la respondemos así: La LRAIUC, expresa en su artículo 2 y en su parte pertinente: “…se entenderá por inmuebles destinados al uso comercial, aquellos en los cuales se desempeñen actividades comerciales…”. La LCPJ, señala en su artículo 2 y en su parte pertinente: “…quedan sujetos a la aplicación de la presente ley, las personas…que desarrollen actividades económicas…”. Finalmente la LAI en su artículo 1 señala en su parte pertinente: “…El presente Decreto-­Ley regirá el arrendamiento…de los inmuebles…desarrollo de actividades comerciales, industriales, profesionales…”.  De lo anterior se colige, que Actividad Económica puede ser del tipo Mercantil-Comercial, o del tipo Profesional-No Mercantil-Civil. Entonces, la LCPJ, nos arropa a los profesionales de ejercicio libre pues maneja el término amplio de Actividad Económica.  La LRAIUC, no nos aplica, pues los profesionales de ejercicio libre, no desempeñamos una actividad que sea de juego libre del comercio, que podamos poner en “venta” o que podamos “comprar”, literalmente, además, no contamos con una patente de industria y comercio, y no percibimos un “precio” por nuestros servicios, sino unos “honorarios”. Esa diferencia, aunque sutil, hace que no seamos considerados un verdadero comercio en sentido estricto. La LAI, por su parte, en expresa al citar que las actividades profesionales quedarán bajo su imperio de aplicación. En atención a lo anterior, ante la pregunta: ¿Una oficina/bufete/despacho de abogado, contador, ingeniero, que preste su servicio, incluso, dentro de un centro comercial, está regido por la  LRAIUC? La respuesta es en sentido negativo. Recomendamos leer un artículo en el siguiente link:http://cpc-enlinea.com/deben-los-contadores-abogados-medicos-y-demas-profesionales-inscribirse-en-el-rupdae.METODOS DE FIJACION DEL CANON DE ARRENDAMIENTOS A LOS LOCALES DE USO COMERCIAL: Nos ha llamado poderosamente la atención que al parecer en ciertos Centros Comerciales, han concertado reuniones con los inquilinos, en aras a dar cumplimiento a la LRAIUC, (cuando ordena que los contratos de adapten a su normativa en el término de 6 meses), pero los propietarios les han propuesto, como único método para fijar el canon de arrendamiento, el basado en el  CAF (canon de arrendamiento fijo), previsto en el artículo 32, numeral 1. Cuando lo cierto, es que el artículo en comento, señala, textualmente y en su parte pertinente: “…La fijación del canon de arrendamiento…la determinarán el arrendador y el arrendatario, aplicando uno de los siguientes métodos, seleccionados de común acuerdo…” Entonces, la ley NO distingue, ni da preferencia a un método de fijación respecto del otro. Cónsonos con el viejo proverbio, que señala “cuando el legislador no distingue, el intérprete no debe hacerlo”, cualquiera de los métodos será válido. Solo impone la ley, como condición que el método elegido, lo sea de común acuerdo entre las partes. Caso de no haber acuerdo, pues será la Sundee, quien dirima la controversia.  Expliquemos El CAF: Parte de la valoración del inmueble, que deberá aprobar la Sundee, en base al costo actualizado de reposición. El CAF será el resultado de dividir, el valor del inmueble, entre 12 meses y el área arrendable del edificio o inmueble. Obteniendo el Valor mensual que corresponde  a cada metro cuadrado arrendable, de la edificación, de los locales en conjunto. Luego se multiplica por el área del local que vamos a arrendar, para obtener el valor mensual en bolívares de ese local. Finalmente lo multiplicamos por el porcentaje de renta anual permitido, hasta 20% si se trata de una edificación nueva. La fórmula será: CAF = (VI/ 12/ M2A) x M2a x % RA. Ahora bien, si el local es individual, el área arrendable y el área a arrendar será la misma. Entonces la fórmula será: CAF = VI/ 12 x % RA. Ejemplo Práctico: Un edificio se valuó en 50.000.000. Total de superficie arrendable 2000mts2. Local a arrendar 100mts2. 50.000000/12/2000mts2 = 2083,33 x 100mts2 = 208.333 x 12/100 = 25.000Bs de CAF. El CAV: En base a las ventas brutas del mes anterior, que efectúo el arrendatario. Por “brutas” se entiende sin deducción de pasivos y/o cargas, por tanto no es “neta”. Y oscila entre el 1% al 8%, salvo que se trate de locales destinados al entretenimiento. La determinación de las ventas brutas se hace a través de la declaración del IVA cada mes transcurrido. Ejemplo Práctico: Ventas brutas del mes anterior, a razón de 100.000Bs, el alquiler será el resultante de multiplicar esa cifra por el porcentaje acordado entre las partes. 100.000 x 5/100 = 5.000Bs, si las ventas aumentan, el alquiler también y a la inversa.  El CAM: En base a calcular el canon tanto por el CAF como por el CAV, pues se compone de una porción fija y a una variable. Perro la porción fija no podrá exceder del 50% de lo que sería conforme al CAF. Por tanto toman nuestro ejemplo de arriba, la porción fija no podría exceder de 12.500Bs. De otro lado, el porcentaje no podrá ser superior al 8%, y además si el porcentaje de ventas supera al doble de la porción fija, se elimina el pago de la fija y solo se cobrará el variable.  Ejemplo Práctico: Si la parte fija quedó en 10.000Bs y la parte variable quedó en 8.000Bs. el CAM será = 18.000Bs., pero si en un mes “bueno para las ventas”, la parte variable quedó en 21.000Bs, como esto supera el doble de la parte fija, solo se podrá cobrar la parte variable y no la suma de la variable más la fija.

Dra. Ana Santander. 

3 de octubre de 2014

QUE HACER CUANDO UN PADRE (SIN AUTORIZACION DEL OTRO) SE LLEVA A LOS HIJOS A OTRO PAIS (RESTITUCION INTERNACIONAL):



En nuestro país, y dadas las circunstancias políticas, económicas y sociales actuales, son numerosos los casos, en que, un progenitor (madre o padre), decide, en aras de mejorar la calidad de vida de sus hijos, trasladarse al exterior. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, acuden a esta solución sin contar con el previo consentimiento del otro progenitor, quien al enterarse de lo sucesido, activa el aparato internacional, por el cual el país al que arriban los menores, pasa a ser un país requirente y Venezuela pasa a ser un país requerido, activándose la Convención de la Haya. Tenemos la fortuna de prsentarles a nuestros usarios y nuevamente, otro caso asignado a este Despacho Jurídico, sobre Restitución Internacional de Menores, en el que tuvimos la fortuna de obtener Sentencia a Favor de nuestra Cliente. (A los fines de respetar la privacidad de nuestra cliente, hemos omitido su identificación). SENTENCIA DEL 22-04-2014: MOTIVO: Restitución Internacional. Parte Recurrente: Y…Apoderada Judicial de la Parte Recurrente: Abogada ANA INÉS SANTANDER ORTIZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 53.497. Parte Contrarrecurrente:…F… de nacionalidad Italiana…Sentencia Apelada: Sentencia dictada en fecha 2-02-14, por el Juez del Tribunal…de Primera Instancia de Juicio de este Circuito Judicial. ANTECEDENTES: Se recibió el presente asunto con motivo del recurso de apelación interpuesto…por la Abogada ANA INÉS SANTANDER ORTIZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 53.497, apoderada judicial de la ciudadana Y…mediante la cual se declaró CON LUGAR la demanda de RESTITUCIÓN INTERNACIONAL, procedente de la Dirección General de Relaciones Consulares del Min. del P.P. para R. Ex…, en virtud de la solicitud realizada ante el Ministerio de Justicia de Italia, Autoridad Central para la aplicación del Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, mediante la cual solicita, en nombre del ciudadano F…de nacionalidad Italiana…la restitución internacional de la niña…, contra la ciudadana Y…Efectuadas las formalidades de Ley, este Tribunal Superior…en cumplimiento del numeral 3° del artículo 243 del CPC, realiza la síntesis en que quedó planteada la controversia, de la siguiente manera: En fecha…el Tribunal…de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de esta Circunscripción Judicial, dictó sentencia definitiva de Restitución Internacional, mediante la cual declaró lo siguiente:…CON LUGAR, la presente demanda de RESTITUCION INTERNACIONAL, incoada por el ciudadano F…contra la ciudadana Y…en virtud que están llenos los supuestos del artículo 3 del Convenio de la Haya “Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores”, por incurrir la ciudadana Y…en retención ilícita de la niña…se ordena la restitución de la prenombrada niña a la dirección de su residencia habitual, ubicada en Italia; asimismo podrá ser acompañada la niña de marras, por su madre cuando se realice el traslado de la misma. Igualmente quedará a costas de ambos padres el pago del boleto aéreo de la niña…” FUNDAMENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN DE LA PARTE RECURRENTE: …la Abogada ANA INÉS SANTANDER ORTIZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 53.497, apoderada judicial de la ciudadana Y…alegó lo siguiente: Delata la recurrente el vicio de incongruencia negativa específicamente “…por violación del ordinal 5° del artículo 243 y del artículo 12 del CPC, no aplicación del 510 del CPC y 51 de la CRBV y faltó a la aplicación del 450 literal j de la LOPNNA…”…señala…su representada, en su Contestación y a lo largo del proceso, alegó: “…en virtud del proceso derivado de la acusación penal que interpuse con el ciudadano F…la niña por recomendación de las autoridades competentes, pasó 5 meses sin ver a su padre…”(…) Éste alegato de vital importancia, no fue tomado en cuenta por el Tribunal A Quo, pues de haberlo tomado en cuenta, lo habría encuadrado en la excepción prevista en el artículo 13 literal a) del Convenio de la Haya, pues el requirente “no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado” …”; y segundo, que “…su representada, en su Contestación y a lo largo del proceso, alegó: “…yo veo amenazada de violencia psicológica a mi hija…”; con lo cual, “…estamos en presencia de la excepción establecida en el artículo 13 literal b) del convenio…”además de que, el ciudadano F…no respetó el régimen de visita…creándole inestabilidad física y mental además deponerla en situación de peligro…”.En tal sentido aseveró, que tales alegatos quedaron probados con las documentales consignadas en primera instancia “…los cuales el A Quo dice valorar, pero no dio cumplimiento en una recta interpretación del artículo 510 del CPC, pues, no estimó en ninguna oportunidad el mérito de las pruebas dichas, al no adminicularlas con el resto del caudal probatorio…”; razón por la cual, considera que tal infracción fue determinante en el dispositivo del fallo, pues de haber establecido y valorado los hechos que quedaron valorados con esas documentales, hubiera declarado Sin Lugar la restitución internacional. Señala un hecho sobrevenido en atención a la Medida de Protección decretada por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio…, a favor de la niña ……con ocasión a maltrato físico sufrido por la menor de parte de su padre. Lo anterior corrobora la conducta violenta e inestable del requirente”, lo cual, a su parecer hace “…evidente que la excepción prevista en el artículo 13 literal b), del Convenio, ha debido ser acordada por el A Quo, declarando Sin Lugar la Restitución…” Destaca la recurrente el hecho del que “…el A Quo, (a solicitud de la Defensora de la menor)… escuchó la opinión de la niña, justamente por el episodio del…(que originó la Medida de Protección). No obstante, la opinión de la niña, no consta en autos. Con tal proceder, el A Quo, faltó al artículo 80 dela (sic) LOPNNA y a las Orientaciones sobre la garantía del derecho humano de los niños, niñas y adolescentes a opinar y a ser oídos en los procedimientos judiciales ante los Tribunales de Protección, establecido en el Salón de Sesiones del TSJ…”Seguidamente, denuncia nuevamente el vicio de incongruencia negativa en el quinto aparte del escrito de formalización, esta vez “…por violación del ordinal 5° del artículo 243 y del artículo 12 del CPC, no aplicación del 509 y 510 del CPC y 51 de la CRBV y faltó a la aplicación del 450 literal j de la LOPNNA…”, en virtud de que “su representada incansablemente alegó haber sido objeto de maltrato físico por parte del requirente como excepción de grave riesgo, artículo 13 b), del Convenio (…) Siendo que el A Quo, faltó a los artículos 12, 243, 509 del CPC, por cuanto nunca dio por probadas las agresiones físicas de la misma, a pesar del caudal probatorio…De igual modo, vuelve a denunciar el vicio de incongruencia negativa en el sexto aparte de su escrito “…por violación del ordinal 5° del artículo 243 y del artículo 12 del CPC, no aplicación del 509 y 510 del CPC y 51 de la CRBV y faltó a la aplicación del 450 literal j de la LOPNNA y violó los artículos 23 y 78 de CRBV, pues el A Quo, guardó absoluto silencio, ni siquiera mencionó, mucho menos valoró, la Denuncia de fecha:…, del tipo Penal, que el requirente interpusiera contra mi representada, cursante en el folio 259 al 263. Cuando lo cierto es que no hubo Retención ilegal, pues producto de tal Denuncia, se impide que mi representada retorne a Italia, ya que será objeto de una Medida Privativa de Libertad, amén de correr el riesgo de quedar privada de la Patria Potestad…”, en tal sentido, considera que el A Quo no tuteló el Interés Superior de la niña…pues al ordenar la restitución, sin poder su representada acompañarle, será la niña quien quede desprovista de los cuidados maternos e incluso sin los cuidados de ningún adulto (…) pues el padre no cuenta con nadie que le ayude, con lo que opera nuevamente la excepción del artículo 13 b) del Convenio…” Finalmente, indica que la sentencia recurrida incurre en la nulidad del artículo 244 del CPC pues es inejecutable “…ya que ordena la restitución a un domicilio ajeno al de las partes su representada vivía “arrimada” en casa de una amiga… y ordena que su representada acompañe a la menor, cuando está impedida de hacerlo por las razones anotadas…”, tal y como señaló en el sexto aparte del escrito de fundamentación; en consecuencia persiste en que “…La sentencia resulta de tal modo contradictoria que impide su ejecución, pues señala que su representada tiene la custodia exclusiva y la patria potestad es de ambos padres y que por lo tanto ambos deben ejercerla, pero al ordenar la restitución, (sin poder la madre retornar a Italia), anula el rol materno, anula el ejercicio exclusivo de la custodia que tiene su representada, pues se insiste, la madre de retornar quedará privada de libertad y no podrá ejercer la patria potestad ni la custodia …”(destacado de la recurrente); razones por las cuales, solicita a esta Alzada que en base al artículo 488-D de la LOPNNA; anule la Sentencia recurrida con base a las infracciones de orden público y constitucional que se han denunciado. PROCEDE ESTE TRIBUNAL SUPERIOR…A SENTENCIAR de conformidad con lo establecido en el literal k del artículo 450 de la LOPNNA, en concordancia con la LOPT y el CPC, atendiendo para ello las siguientes consideraciones, a saber:…la palabra restitución como “…acción y efecto de restituir, de volver una cosa a quien la tenía antes, y también restablecer o poner una cosa en el debido estado anterior. La obligación de restituir puede ser impuesta judicialmente…”. En nuestro país, la restitución internacional se encuentra regulada por la Convención Internacional sobre aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores del 25 de Octubre de 1980, suscrita y ratificada por Venezuela, según la gaceta oficial N° 36.004 de fecha 19/07/1996, cuya aplicación fue requerida por el ciudadano F, para garantizar la restitución inmediata de su hija…menor de 16 años de edad, la cual, según denuncia, se encuentra retenida de manera indebida en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela por su progenitora, la ciudadana Y…Considera pertinente esta Alzada realizar algunas consideraciones relativas al objeto, fin y propósito de las restituciones internacionales, conforme a las siguientes disposiciones previstas en el Convenio Sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (1980) y de la Convención de los Derechos del Niño (1989); al respecto, este Tribunal Superior…trae a colación las siguientes disposiciones normativas: Artículo 1 del Convenio Sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 1980…La finalidad del presente Convenio será la siguiente: a) Garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier Estado contratante; b) Velar que los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los Estados contratantes se respeten en los demás Estados contratantes. Artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del niño (…) Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando…Las referidas normas abarcan una serie de postulados sobre los cuales se erige la prohibición de trasladar y retener a un niño, niña o adolescente y consecuentemente, la garantía de la restitución de aquellos que hayan sido indebidamente trasladados o retenidos. En efecto, una vez verificado que se ha producido el traslado ilícito o retención indebida de un niño, niña o adolescente y al estar cumplidos los extremos pertinentes de ley, procede la inmediata aplicación de la CRBV, los convenios internacionales y las demás normativas jurídicas anteriormente referidas para ordenar la restitución internacional del niño, niña o adolescente trasladado o retenido ilícitamente, salvo que estemos en presencia de las alegaciones contenidas en los literales a) y b) del artículo 13 y el artículo 20 del Convenio Sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 1980, las cuales, debidamente demostradas son excepciones a la restitución, así como la aquiescencia, la cual denotaría el desinterés del padre que ha sido separado de su hijo o hija, cuya conducta posiblemente genere el arraigo del niño, niña o adolescente en el lugar donde fue trasladado o retenido ilícita e indebidamente, consecuentemente, debe este Tribunal mantener como norte el interés superior de la niña (se omite el nombre de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la LOPNNA al momento de interpretar y aplicar la normativa de la Convención teniendo en cuenta el interés superior del niño…De acuerdo a los argumentos realizados por las partes y los recaudos consignados al efecto, debemos incluir en el análisis que conlleva a determinar la posible restitución o no del niño, niña o adolescente según sea el caso, lo atinente a las alegaciones y excepciones que pudiera señalar aquel o aquella que hubiere trasladado o retenido ilícitamente al niño, niña o adolescente, las cuales se encuentran contenidas en los literales a) y b) del artículo 13 del Convenio Sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 1980, como defensas dirigidas a evitar el mandamiento de restitución. En ese sentido, prevén las referidas normas: Convenio Sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 1980. Artículo 13:…No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no está obligada a ordenar la restitución del menor si la persona, institución u otro organismo que se opone a la restitución demuestran que: a) La persona, institución u organismo que se hubiera hecho cargo de la persona del menor no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado o retenido o había consentido o posteriormente aceptado el traslado o retención; o b) Existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro grave físico o psíquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable. La autoridad judicial o administrativa podrá asimismo negarse a ordenar la restitución del menor si se comprueba que el propio menor se opone a la restitución, cuando el menor haya alcanzado una edad y un grado de madurez en que resulte apropiado tener en cuenta sus opiniones. Al examinar las circunstancias a que hace referencia en el presente artículo, las autoridades judiciales y administrativas tendrán en cuenta la información que sobre la situación social del menor proporcione la Autoridad central u otra autoridad competente del lugar de residencia habitual del menor…Al respecto, podemos establecer que el literal a), es de aplicación técnica, pues basta con revisar las actas del proceso y verificar si está acreditado por instrumento judicial o acuerdo privado que el solicitante tenía el derecho de custodia para el momento de la separación o había consentido el traslado o retención, por supuesto considerando lo que establece la ley del estado requirente que las circunstancias del caso ocurran tras la separación de los padres y los particulares del caso en concreto, hecho ampliamente probado en la presente causa; y en el caso referido al literal b) del mismo artículo se traduce en la acreditación y comprobación de aquellas circunstancias de riesgo, daño o desesperación que sufriría el niño, niña o adolescente de ser restituido a su residencia habitual. Con relación a las referidas excepciones, particularmente la referida en el literal b) señaló la recurrente en su escrito de formalización, la existencia de un hecho sobrevenido en virtud del cual, el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Baruta en fecha 21/02/2014, decretó medida de protección en la cual “…Se ORDENÓ al ciudadano F.., SE ABSTENGA de agredir físicamente a la niña (se omite el nombre de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Lopnna, el cual deberá emplear métodos no violentos en la crianza, formación y corrección de su hija…” (destacado del Consejo de Protección), tal medida fue consignada ad efectum vivendi por la recurrente en el presente recurso (F. 44 al 50); y de igual modo, la parte contrarrecurrente consignó copia certificada de la totalidad del expediente administrativo que originó la referida medida (F. 196 al 220), sobre la cual, además fue incoada Acción de Disconformidad por el contrarrecurrente, tal y como se constata de las copias simples del expediente signado bajo el N° AP51-V-2014-006470, consignadas por la representación del ciudadano F…en el presente recurso…En consecuencia, y siendo que los hechos sobrevenidos deben ser considerados por el A Quo en virtud de la materia que compete a la presente causa, a los fines de evitar un gravamen mayor, so pena de avalar por omisión la incursión en la excepción contenida en el ordinal b) del artículo 13 Convenio Sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 1980, es por lo que, forzosamente, este Tribunal Superior…SE VE EN LA OBLIGACIÓN DE REPONER LA PRESENTE CAUSA AL ESTADO EN QUE EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DE ESTE CIRCUITO JUDICIAL REALICE NUEVAMENTE LA AUDIENCIA DE JUICIO, Y REVISE LOS HECHOS SOBREVENIDOS EN LA PRESENTE CAUSA, DICTÁNDOSE NUEVA SENTENCIA en la demanda de Restitución Internacional…; sin embargo, y en atención a la reposición ordenada, especial mención merecen para esta Juzgadora las consideraciones de la quinta reunión de la comisión especial sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores acerca de la excepción de grave riesgo, donde se llegó a concluir que la misma debe ser interpretada de manera restrictiva, repitiendo la conclusión alcanzada en la cuarta reunión de la comisión especial; en consecuencia, SENTENCIA: PRIMERO: Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 06/03/2014 por la Abogada ANA INÉS SANTANDER ORTIZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 53.497...
SEGUNDO: Se declara la NULIDAD de la sentencia dictada en fecha 25-02-2014, por el Juez del Tribunal…de Primera Instancia de Juicio de este Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. TERCERO: Se ordena la REPOSICIÓN DE LA CAUSA al estado en que el Tribunal de Primera Instancia de Juicio de este Circuito Judicial realice nuevamente la Audiencia de Juicio, y revise los hechos sobrevenidos en la presente causa, dictándose nueva sentencia en la demanda de Restitución Internacional...”

Dra. Ana Santander.

27 de agosto de 2014

ALCANCE, VALIDEZ, FACULTADES OTORGADAS A LOS ABOGADOS A TRAVES DE LOS PODERES (PODER APUD ACTA):


En ocasiones, los Abogados, a veces por razones de celeridad o por razones de economía, les solicitamos a nuestros clientes Poderes Apud Acta. Ahora bien, ¿este poder, otorgado en una causa X, será válido para representar a nuestro cliente, en todos los asuntos que puedan corresponder o tener conexión directa con esa causa?, o ¿será solo válido para  representar a nuestro cliente, en las diferentes instancias, incidencias de esa causa unicamente?. La respuesta la tenemos en sentencia de la Sala Constitucional del TSJ del 25/07/2014 que resumiremos así: “si bien el ejercicio del recurso de apelación fue tempestivo, no consta en autos, ni en copia simple ni certificada, instrumento poder que habilite al abogado X…, para accionar ante la Instancia Constitucional…observa esta Sala que al escrito libelar contentivo de la acción de amparo constitucional incoada, …señaló que actuaba en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Y se acompañó únicamente la copia simple de diligencia mediante la cual se le confiere poder apud acta ante el Juzgado…de Primera Instancia de Mediación... Evidenciándose además que el Tribunal Superiordio curso al amparo constitucional y realizó la audiencia con la presencia del sedicente abogado Freddy Guerrero Ch. y en ausencia del ciudadano Y…En ese sentido, estima oportuno indicar esta Sala Constitucional lo dispuesto en el artículo 152 del CPC: “El poder puede otorgarse también apud acta, para el juicio contenido en el expediente correspondiente, ante el Secretario del Tribunal, quien firmará el acta junto con el otorgante y certificará su identidad”se colige de manera inequívoca que el poder otorgado ante el Secretario del Tribunal sólo surte sus efectos en el juicio contenido en el expediente correspondiente y no en otro. Asimismo el amparo constitucional conlleva el ejercicio de una acción autónoma, y en relación a los casos de amparo contra actuaciones judiciales ciertamente es independiente del juicio donde presuntamente se causó la injuria constitucional, por lo que se refiere a una acción nueva, independiente de la principal compuesta por elementos distintos, con un objeto distinto y con partes igualmente diferentes, la cual es conocida, en principio por otro tribunal, de otro grado –la segunda instancia-. Por otra parte, ha expresado esta Sala en fallos anteriores, que en general quien otorga un poder apud acta para un juicio específico, no ha querido otorgar uno general, o por lo menos este tipo de instrumento no expresa ese deseo, por tanto, no se puede suponer que el otorgante desee que aquel a quien le ha sido conferido el mandato le represente en todos o cualquier juicio y en todo momento; desea, por muy general que el mismo sea, que le representen sólo en el juicio para el que fue otorgado…así entonces, podrá ejercer la representación de su mandante en las dos instancias respectivas y en cualquier incidencia que se presente siempre y cuando sea dentro de ese proceso y no otro. Ello así, y tomando en cuenta que el juicio de amparo constitucional no constituye una tercera instancia del proceso principal, sino que se trata de una litis nueva en la cual se ventilan denuncias por violaciones constitucionales, distintas al thema decidendum inicial, quien ostente un poder así otorgado, no puede pretender erigirse como apoderado judicial dentro del marco de un proceso de amparo constitucional, ni por la parte agraviada, ni por la parte agraviante. Es por ello, que aun en el presente caso, en el cual se incluyó en el poder otorgado apud acta la facultad de ejercer “Acción de Amparo Constitucional autónomo, cautelar o sobrevenido”, la misma no podrá ejercerse por el hecho de no constituir una incidencia dentro del juicio de partición de bienes en el que se otorgó dicho poder, por lo que el radio de acción del mencionado poder sólo abarca la causa en la que fue otorgado, y no puede hacerse extensivo otro proceso distinto aún de amparo como el presente…de allí que deba considerarse como inadmisible la misma, debido a la inexistente representación que el abogado se arroga. Así se decide...ante la omisión de acompañar el respectivo poder con base en el cual se dice actuar como apoderado a la solicitud planteada, no podría dársele al querellante la oportunidad posterior de consignarlo con fundamento en el artículo 19 de la LOASDGC, ya que ello sería suplir omisiones de las partes más allá de la facultad establecida en el mencionado artículo 19, ya que tal disposición tiene por objeto hacer posible la corrección del escrito contentivo de la solicitud de amparo, caso en que ésta sea oscura o insuficiente; y ello entonces supone hacer una interpretación indebida del alcance de la disposición en referencia cuando se invoca para suplir por su intermedio, total o parcialmente, la carga probatoria inicial del accionante. En consecuencia, y siendo lineal con el planteamiento que se viene desarrollando, lo correcto es aplicar lo dispuesto en el aparte quinto citado, conforme a lo establecido en el artículo 48 de la LOASDGC, y declarar la inadmisibilidad de la acción. Es necesario reconocer que el legislador de amparo no castiga expresamente con la inadmisibilidad la falta de consignación del mandato como tal, hasta el punto de que en la norma parcialmente transcrita se puede apreciar cómo es aceptado el hecho de que se haga referencia suficiente en la solicitud de los datos que identifiquen el poder previamente conferido, y que deberá ser consignado antes de la oportunidad en que el órgano jurisdiccional respectivo se pronuncie sobre la admisión de la acción, pero mal se puede consignar con posterioridad a la interposición del amparo, un poder que, para ese momento, no había sido otorgado y del que sería materialmente imposible aportar datos de identificación de la manera como lo exige la norma comentada. El supuesto anterior podría darse, asimismo, en aquellos casos en los que la representación se pretenda fundamentar en un instrumento poder otorgado de conformidad con lo establecido en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, en el curso del juicio principal o en cualquier otra incidencia, es decir, un poder apud acta, con la advertencia lógica de que ese tipo de poder sería perfectamente válido cuando sea otorgado en el curso del proceso constitucional de amparo; el problema que de seguidas se tratará de esclarecer, radica en la determinación del momento preclusivo que tiene el accionante para la consignación del poder en las actas del proceso de amparo, o hasta qué momento dispone, para consignar el poder recién otorgado, o en el segundo supuesto, el instrumento poder previamente otorgado mas no acompañado anexo a la querella constitucional. Tal importancia se deriva del contenido mismo del texto del aparte quinto del artículo 19 de la LOTSJ…"

Dra. Ana Santander