DERECHO

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26 de junio de 2015

VALOR PROBATORIO DE LA CARTA DE CONCUBINATO EXPEDIDA POR EL REGISTRO CIVIL:


 







La Sala Constitucional del TSJ, en sentencia de fecha: 18-06-15, estableció en forma expresa y clara, que la existencia del Concubinato, no solo será demostrable a través del proceso mero-declarativo que todos conocemos, sino que también, es demostrable, a través de la tan famosa “Carta de Concubinato”, que hasta ahora era un elemento probatorio más, que en concatenación o adminiculación con las demás probanzas del proceso, hacían llevar a la convicción del Juez la existencia del mismo. Lo anterior es de suma importancia, pues, la casi totalidad de los clientes sostenían la existencia de su relación concubinaria, en base a decir: “yo lo legalicé”, “yo tengo carta de concubinato”, “¿tengo derecho sobre los bienes habidos durante esa relación?”. Los Abogados cautelosos, aclaraban que, primero había que agotar la mero-declarativa para poder aspirar a esos derechos económicos, pues aquella “carta” no bastaba, no era suficiente. Hoy por hoy habrá que apuntar más a que si se acompaña a juicio esa “Carta” y la misma no es impugnada en sede administrativa o en el propio juicio por quien tenga interés y por tanto conserve su valor probatorio, pues bastará para que se declare Con Lugar la Partición de los Bienes Concubinarios. Es decir, la sentencia que de seguidas resumimos a nuestro modo acostumbrado, despeja esta duda, simplemente, reconociendo lo que la propia Ley de Registro Civil ya había reconocido, que no es más que el carácter de Documento Público de estas “cartas de concubinato”, que han sido otorgadas con las formalidades de esa Ley. Tenemos entonces: “…la ciudadana T…causahabiente de E…por haber sido su concubina desde el año 1969 hasta el día de su fallecimiento”, e interpuso acción de amparo constitucional contra la decisión dictada…por el Juzgado Superior …en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por dicha ciudadana contra la sentencia dictada…por el Juzgado…de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esa misma Circunscripción Judicial, que había declarado inadmisible –por falta de cualidad- el amparo constitucional por ella interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado…de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas…el referido Juzgado declaró inadmisible la pretensión de amparo por falta de cualidad de su representada, por cuanto, en su criterio era necesario presentar una sentencia definitivamente firme que acreditara su condición de concubinaEn segundo orden…la accionante denunció la violación de los derechos constitucionales a la defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva de su representada, por parte del juzgado agraviante, y ello a razón de: Por haber decretado la falta de cualidad de su representada “sin tomar en cuenta las pruebas aportadas por ésta junto a su solicitud de amparo…En efecto, presentada la partida de nacimiento…de su hijo y de su concubino el difunto E, donde constan que para el año de 1970 ya convivían en concubinato o mantenían una unión estable de hecho, circunstancia suficiente para darle cualidad…para interponer el Amparo, no la analizó para darla por válida o desecharla sencillamente la ignoró. Y, por “no tomar en cuenta e ignorar completamente las pruebas aportadas…como lo fueron: 1) …justificativo de testigos…donde manifestaron la condición de concubinos... 2)… declaración hecha por su hijo … por ante la Notaría…donde justifica el error cometido en la partida de defunción y declara que sus padres siempre vivieron juntos y se enteró que no estaban casados cuando falleció su padre…En adición a lo anterior adujo que “exigirle a un concubino o a una persona que haya mantenido una unión estable de hecho, cuya pareja en el concubinato o en la unión estable de hecho haya fallecido, la presentación de una sentencia definitivamente firme que demuestre su condición de concubina, concubino o que se mantuvo en unión estable de hecho con el fallecido junto a la Solicitud de Amparo Constitucional, haría nugatoria la Acción de Amparo para ellos, ya que, no se ajusta al espíritu y propósito de la CRBV ni a la LOA en cuanto a su condición de ser un recurso expedito, breve, sumario y efectivo ante la violación de derechos constitucionales, por cuanto su exigencia, significaría un perjuicio irreparable…, por cuanto es imposible en razón del tiempo poder conseguir la referida sentencia definitivamente firme, al ser una prueba de difícil o improbable evacuación…”.Como petitorio de fondo solicitó “…declarar con lugar…Acción de Amparo…anule la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Superior… que conoció en Apelación de la Sentencia dictada por el Juzgado…De Primera Instancia…que a su vez conoció en primera fase el Recurso de Amparo…que se intentó contra la Sentencia dictada por el Juzgado…de Municipio…decidir el Recurso de Amparo originario …en consecuencia se revoque la sentencia recurrida, considerándose nulas todas las actuaciones realizadas con posterioridad a tal acto procesal”…II SENTENCIA ACCIONADA…Así las cosas, siendo la declaratoria judicial la única forma de probar una relación estable de hecho, y notándose de los documentales traídos por la quejosa, es posible comprobar que la misma no trajo a las actas dicha declaratoria; anexando como única prueba de su relación con el de cujus, una carta de concubinato emanada por el Consejo Comunal…realizada con posterioridad al fallecimiento del occiso, lo que a todas luces pone de manifiesto la falta de cualidad activa para incoar la acción por parte de la presunta agraviada en su condición de presunta concubina por no demostrar el nexo señalado entre el De Cujus…E y ella…I VANÁLISIS DE LA SITUACIÓN:el caso bajo examen se subsume en lo que la jurisprudencia ha denominado como “amparo contra amparo”, es decir, se intenta un amparo en contra de una decisión judicial, sólo que la misma recae sobre una acción de amparo primariamente interpuesta y que ha recorrido las dos instancias por el ejercicio de la apelación…observa la Sala que las denuncias de infracción constitucional alegadas por la representación judicial de la accionante en el amparo originario, son distintas de las que fueron argüidas en el presente caso, puesto que las primeras estuvieron dirigidas a delatar la supuesta omisión de pronunciamiento del Juzgado…de Municipio…sobre la prescripción extintiva opuesta por el ciudadano E…en la contestación de la demanda y la indebida exigencia de que probara que “un tercero ocupa el terreno dado en comodato…”, mientras que las razones que motivaron el ejercicio de esta nueva acción están relacionadas con la declaratoria de inadmisibilidad de la misma por falta de cualidad, la cual se produjo con ocasión del procedimiento de amparo originario. ..el thema decidendum se circunscribe a determinar si las pruebas producidas por la demandante de amparo para demostrar la existencia de la unión concubinaria que afirmó mantener desde el año 1969 con el ciudadano E, hasta el momento de su muerte, eran suficientes para demostrar su legitimación o cualidad para impugnar -por vía de amparo- una sentencia expedida en un juicio por cumplimiento de contrato de comodato en el que la misma no fue parte, o si, por el contrario, era requisito sine qua non que acompañara copia certificada de una sentencia dictada en un juicio por establecimiento de unión concubinaria en la que se declarara la existencia de dicha unión, tal como lo sostuvieron los tribunales que conocieron del amparo tanto en primera como en segunda instancia…la solicitud de protección constitucional ante los tribunales de la República, es un derecho que le es propio al ciudadano y por tanto, que sólo puede ser ejercido por aquél que detente un interés legítimo y directoLa legitimación activa del accionante en amparo, viene determinada porque en su situación jurídica exista la amenaza o la posibilidad de que se consolide un daño irreparable, proveniente de una infracción de naturaleza constitucional, por lo que pretende se enerve la amenaza, o se le restablezca la situación jurídica infringida. Lo importante es que el accionante pueda verse perjudicado en su situación jurídica por la infracción de derechos o garantías constitucionales que invoca, lo que le permite incoar una pretensión de amparo contra el supuesto infractor, sin diferenciar la ley, en principio, si los derechos infringidos son derechos o garantías propios del accionante o de terceros, así estos últimos no reclamen la infracción…la afectación de su situación jurídicapuede ocurrir directamente contra sus derechos o garantías constitucionales, o indirectamente, cuando afecta los derechos constitucionales de otro, pero cuya infracción incide directamente sobre su situación jurídica, debiendo demostrar, el vínculo que sus derechos o garantías constitucionales mantienen con la materia que motiva el planteamiento del asunto en sede jurisdiccional pues tal comprobación es, precisamente, la que legitima al solicitante de la protección constitucional para el requerimiento, ante el órgano judicial, de la tutela eficaz a sus derechos o garantías mediante el restablecimiento de la situación jurídica infringida….la accionante en ningún momento formó parte de la relación contractual que dio origen al juicio por cumplimiento de contrato de comodato en el que se dictó la sentencia que impugnó por vía de amparo constitucional, la cual fue dictada en un proceso en que tampoco fue parte, no obstante fundamenta su legitimación afirmando haber sido concubina del ciudadano E, quien sí lo fue con el carácter de demandado y a quien se le condenó a restituir a la parte actora libre de bienes y de personas, un bien inmueble constituido por un lote de terreno compuesto por cuatro parcelas, además del pago de las costas procesales. Queda claro entonces que la accionante pretende oponer a terceros los efectos jurídicos de la unión establece de hecho que adujo sostener con dicho ciudadano, sin embargo, no acreditó su existencia mediante la correspondiente copia certificada de la sentencia previa que así lo haya declarado, con ocasión de un juicio intentado a tal fin, lo que lógicamente determinó la declaratoria de inadmisibilidad –por falta de cualidad activa- por ella interpuesto…al no haber acompañado la demandante de amparo copia certificada de la sentencia que declare la unión estable de hecho que adujo sostener, ni la certificación de un acta de unión estable de hecho prevista y regulada en la Ley Orgánica de Registro Civil, esta Sala estima que la actuación del Juzgado Superior estuvo ajustada a derecho y dentro del ámbito de sus competencias…V OBITER DICTUM: A los solos fines pedagógicos, la Sala se permite observar a la Jueza a cargo del Juzgado Superior…que LA SENTENCIA DECLARATORIA DE LA UNIÓN ESTABLE DE HECHO NO ES LA ÚNICA FORMA DE PROBAR SU EXISTENCIA. En efecto, la LORC, publicada en Gaceta Oficial N° 39.264 de fecha 15 de septiembre de 2009, prevé en el artículo 118 que “la libre manifestación de voluntad efectuada entre un hombre y una mujer, declarada de manera conjunta, de mantener una unión estable de hecho, conforme a los requisitos establecidos en la ley, se registrará en el libro correspondiente, adquiriendo a partir de este momento plenos efectos jurídicos, sin menoscabo del reconocimiento de cualquier derecho anterior al registro”. De tal forma que, con la entrada en vigencia de dicha ley, se incorporaron a las actas que tradicionalmente se conocían en nuestro país (nacimiento, matrimonio y defunción), las actas de uniones estables de hecho, que además de las características generales de las demás actas establecidas en el artículo 81 eiusdem, deben contener las características particulares previstas en el artículo 120 ibidem. Las actas de uniones estables de hecho, al igual que las demás actas del Registro Civil previstas en el título IV de la LORC, tienen los efectos que la ley le confiere al documento público o auténtico (Art. 77), y sus certificaciones expedidas por los registradores o las registradoras civiles tienen pleno valor probatorio (Art. 155). De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 11 de la mencionada ley, los registradores civiles confieren fe pública a todas las actuaciones, declaraciones y certificaciones, que con tal carácter autoricen, otorgándole eficacia y pleno valor probatorio. Así mismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 112 idem, los datos contenidos en el Registro Civil prevalecen con relación a la información contenida en otros registros. A tal efecto, las actas del Registro Civil constituyen plena prueba del estado civil de las personas, siendo relevante destacar que los únicos medios de impugnación existentes contra las mismas son: i) la tacha de falsedad por vía principal o incidental por los motivos establecidos en el artículo 1380 del CC y mediante el procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Civil; ii) la solicitud de nulidad en sede administrativa, la cual sólo puede ser declarada por la Oficina Nacional de Registro Civil, a solicitud de persona interesada, de oficio o por solicitud del Ministerio Público o de la Defensoría del Pueblo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 150 de la LORC: 1. Cuando su contenido sea contrario a la ley o carezca de veracidad; 2. Cuando hayan sido dictadas por un funcionario o funcionaría manifiestamente incompetente o con prescindencia total y absoluta del procedimiento establecido para su expedición y 3. Cuando se corresponda a una doble o múltiple inscripción en el Registro Civil, y iii) la solicitud de nulidad de las actas del Registro Civil, que se refieran a niños, niñas y adolescentes, ante los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 156 eiusdem. Por su disímil naturaleza (jurisdiccional y administrativa) ambos medios de impugnación pueden coexistir, no son excluyentes, aunque la consecuencia de todos ellos sea la nulidad del instrumento, por lo que la pendencia de la tacha en sede judicial no obsta a que se inicie y decida la nulidad en sede administrativa ni viceversa..."
Dra. Ana Santander.


24 de junio de 2015

SENTENCIA VINCULANTE: CONTRA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN JUICIO BREVE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CUANTIA, SE OIRA APELACION EN DOBLE EFECTO:




En Sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, de fecha: 17-06-2015…se estableció que todas aquellas decisiones emanadas en causas, ventiladas por el proceso breve,  tendrán apelación en doble efecto. Resumimos así: “…E…intentó, ante esta Sala, amparo constitucional contra la sentencia definitiva dictada…por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción …, en el juicio que por desalojo incoara el hoy accionante en amparo contra el ciudadano A…para cuya fundamentación denunció la violación a sus derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la defensa contenidos en los artículos 26 y 49 de la CRBV y los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humannos... I FUNDAMENTOS DE LA ACCION DE AMPARO:…Que  “… E…interpuso demanda de desalojo de una vivienda de su propiedad…contra A… con fundamento en un contrato de arrendamiento…pretensión que fue estimada en Bs. 2.000,00  que equivalía para esa oportunidad a 30,77 UT  a razón de Bs. 65 por cada unidad tributaria…”. Que  “… admitida la acción…por el Juzgado del Municipio…ese juzgado declaró con lugar la demanda y ordenó la entrega del apartamento en un plazo de  6  meses contados a partir de la declaración de firmeza de la sentencia…”. Que “…la parte demandada apeló contra el fallo y…el Juzgado de Municipio oyó la apelación “en acatamiento a la sentencia de fecha 4 de agosto de 2010, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Protección de Niños Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda…”.Que “…el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial…declaró con lugar la apelación, revocó el fallo objeto del recurso, declaró sin lugar la demanda y condenó en costas a la parte actora…” Que, con tal actuación, el Juzgado supuesto agraviante “actuó violando la Ley al admitir la apelación y revocar la sentencia de primera instancia, a pesar de existir una prohibición expresa de la ley por la cuantía de la demanda la cual fue estimada en la cantidad de dos mil bolívares (Bs. 2.000,00), lo que equivalía a 31 U.T., para el momento de la interposición de la acción”, en razón de que la Sala Constitucional estableció, con criterio vinculante, en sentencia n.º 694 del 9 de julio de 2010 (caso: Eulalia Pérez González), respecto a la interpretación del artículo 891 del CPC…que las causas de menor cuantía no tienen recurso de apelación. Dicha conclusión fue ratificada en sentencia del 17 de marzo de 2011, con ocasión de la revisión de la desaplicación por control difuso de constitucionalidad de los artículos 891 del CPC y el artículo 2 de la Resolución de la Sala Plena de este TSJ n.º 2009-0006, por el Juzgado Superior Segundo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del...dicho juzgado ha debido declarar inadmisible la apelación con fundamento en el artículo 891 del CPC, en concordancia con el artículo 2 de la Resolución n.º 2009-0006 de la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia, que entró en vigencia el 2 de abril de 2009, motivo por el cual solicitó se “…dicte mandamiento de amparo ANULANDO la decisión emanada de dicho Juzgado Superior…”.II DE LA SENTENCIA ACCIONADA: deben concurrir tres requisitos para la procedencia de la acción de desalojo, los cuales son: a)     La existencia de una relación arrendaticia de naturaleza indeterminada, es decir, a tiempo indefinido)      La cualidad de propietario del inmueble objeto de la convención arrendaticia)      La necesidad que pudiere caracterizarle como motivo que justifica el desalojo en beneficio del dueño o del pariente consanguíneo. Con vista a lo anterior, esta Alzada observa que se verifican perfectamente los dos primeros requisitos,…Ahora bien, en cuanto al tercer requisito para la procedencia de la acción que reclama el demandante, cabe efectuar la siguiente observación: Respecto a la causal invocada, prevista en el literal “b” del artículo antes citado, referido a la necesidad que tenga el propietario de ocupar el inmueble o alguno de sus parientes consanguíneos dentro del segundo grado, o el hijo adoptivo, negada por el demandado, corresponde al actor la carga de la prueba y al efecto trajo a los autos el contrato de arrendamiento por el cual su hijo, R…recibe en arrendamiento un inmueble propiedad del ciudadano C…,en el cual se previó un lapso fijo e improrrogable de un año de arrendamiento, sin que conste la fecha de inicio de dicha convención contractual, sólo se aprecia al folio 25 del expediente, identificado como A 80882, hoja de autenticación del contrato, de fecha 16 de junio de 2010, debidamente suscrita por la Notario…Observa esta Alzada…se puede verificar que dicho contrato fue debidamente autenticado en fecha 16 de junio de 2010, es decir, solo 07  días antes de que se interpusiera la demanda fue suscrita la convención arrendaticia, cuyo tiempo de duración fue establecido en 1 año fijo e improrrogable, así consta de la cláusula tercera de dicho contrato, sin que consten datos ciertos del inicio de la relación arrendaticia, por lo que se toma como fecha de inicio la del otorgamiento del documento autenticado. Y ASÍ SE DECIDE. Así las cosas, a criterio de quien decide, para el momento de incoada (sic) la demanda de desalojo, mal pudo alegar el demandante, ciudadano E… la evidente necesidad de ocupación del inmueble por parte su hijo, puesto que estaba recientemente suscrito el contrato de arrendamiento entre su hijo…la evidente necesidad de ocupación del inmueble alegada para el momento de la interposición de la demanda no es tal, por cuanto el hijo del demandante fungía recientemente como arrendatario de dicho inmueble. Y ASÍ SE DECIDE….este Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial declara…PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por…A…SEGUNDO: SE REVOCA la decisión dictada…por el Juzgado de Municipio del Municipio...TERCERO: SIN LUGAR la demanda por DESALOJO…CUARTO: De conformidad con el artículo 274 del CPC…se condena en costas a la parte demandante por haber sido totalmente vencida en la litis…III CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:…dado que en el presente caso la falta de actuación de la parte accionante excedió de 6 meses, no hay lugar a dudas de que se configuró el abandono del trámite en los términos previstos en la doctrina jurisprudencial transcrita supra, por lo que, de conformidad con lo establecido en el único aparte del artículo 25 de la LOA, se declara la terminación del proceso por abandono de trámite y se impone a la parte accionante una multa...Ahora bien, pese al pronunciamiento anterior efectuado por esta Sala, resulta importante destacar que, como quedó apuntado en la primera parte del presente fallo, la acción de desalojo tramitada por el juicio breve donde se dictó el acto denunciado como lesivo, fue estimada en Bs. 2.000,00 que equivalía para esa oportunidad a 30,77 UT. Dicha circunstancia da lugar a que, por orden público constitucional, se declare de oficio la nulidad de la sentencia emitida por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial…, pues, al no ser la cuantía del asunto mayor a 500 unidades tributarias, el fallo dictado por el juzgado de municipio no era apelable de conformidad con la interpretación que ha venido dando esta Sala Constitucional al artículo 891 del CPC, respecto al recurso de apelación en el procedimiento breve, que establece que “De la sentencia se oirá apelación en ambos efectos si ésta se propone dentro de los tres días siguientes y la cuantía del asunto fuere mayor a cinco mil bolívares”. Cantidad ésta que fue modificada mediante Resolución n.° 2009-0006 del 18 de marzo de 2009, dictada por la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia. Ahora bienMediante sentencia n.° 328, dictada el 9 de marzo de 2001 (Caso: Giovanni Selvaggio), estableció esta Sala, que en el caso concreto, debía inaplicarse el artículo 891 del CPC, al resultar éste incompatible con el artículo 8, numerales 1 y 2, literal h de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual es de aplicación inmediata y directa, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la CRBV. En sentencia n.° 1897 del 9 de octubre de 2001 (Caso: José Manuel De Sousa), esta Sala apuntó que no se podía inferir que el artículo  891 del CPC, negara la posibilidad de apelar de las sentencias definitivas dictadas en los juicios cuya cuantía no exceda de Bs. 5.000–hoy 500 UT-, y que sólo se infería, que para que pudiera oírse la apelación en ambos efectos era necesario que concurrieran dos elementos, a saber, que se realizara la apelación en tiempo hábil y, que el asunto tuviera una cuantía mayor a Bs. 5000–hoy 500 UT-, por lo que se concluyó que en los procedimientos cuya cuantía fuese menor, existía apelación, pero se tramitaría en un solo efecto….Dispone el artículo 891 del CPC, lo siguiente: “De la sentencia se oirá apelación en ambos efectos si ésta se propone dentro de los tres días siguientes y la cuantía del asunto fuere mayor a 5000Bs.. Dicha norma regula lo concerniente a la apelación como medio de impugnación de las sentencias definitivas dictadas en los juicios llevados por el procedimiento breve (cuya cuantía fuere mayor de Bs. 5000, la cual fue modificada a -500 U.T.-) en atención de la Resolución N° 2009-0006 de fecha 18 de marzo de 2009, emanada del TSJ en Sala Plena, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.152 del 02 de abril de 2009); en virtud de lo cual se afecta la apelación en ambos efectos contra las sentencias definitivas inherentes a los juicios cuya cuantía sea inferior a 500 U.T  entre los cuales se puede mencionar, además de las demandas por desalojo, las demandas por cumplimiento o resolución de un contrato de arrendamiento y cualquier otra acción derivada de una relación arrendaticia sobre inmuebles urbanos o sub urbanos intentadas bajo la vigencia de la LAI (G.O. n.° 36.845 del 7/12/99). Al respecto, como antes se indicó la Resolución n.° 2009-0006 del 18 de marzo de 2009, dictada por la Sala Plena de este TSJ, actualizó las cuantías dispuestas en los artículos 881 y siguientes del CPC, disponiendo en su artículo 2 que “… Se tramitarán por el procedimiento breve las causas a que se refiere el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil, y cualquier otra que se someta a este procedimiento, cuya cuantía no exceda de 1.500 U.T.; asimismo, las cuantías que aparecen en los artículos 882 y 891 del mismo CPC, respecto al procedimiento breve, expresados en bolívares, se fijan en 500 U.T.”. En tal sentido, si bien no existen dudas respecto a que todas aquellas causas cuya cuantía no exceda de 1.500 U.T. deben ser tramitadas por el juicio breve y oída su apelación en el doble efecto, no obstante, respecto a la recurribilidad de los fallos que no superen las 500  U.T. conforme lo dispone el artículo 891 del CPC, podrían efectuarse interpretaciones antagónicas…la circunstancia de que el artículo en comento establezca de manera expresa la posibilidad de ejercer recurso de apelación en aquellos juicios breves que tengan una cuantía superior a las 500 unidades tributarias y guarde silencio respecto a las causas que tengan una cuantía inferior, dio cabida a interpretaciones distintas: (I) la primera de ellas se inclinó por la inapelabilidad de la sentencia para aquellas causas cuya cuantía sea inferior a la indicada, por considerar que no devienen en inconstitucional aquellas normas de procedimiento (distintos al ámbito penal) que dispongan que contra la sentencia definitiva no cabe el recurso de apelación, pues la doble instancia no constituye una garantía absoluta. (II) La segunda, según la cual la falta de regulación expresa debe entenderse como que la norma sólo limita el alcance de la apelación, en el sentido de que ésta se oye en un solo efecto y no en ambos, más no en lo que atañe a la admisibilidad del recurso. Así, tenemos que en diversos fallos se ha pronunciado esta Sala negando el carácter absoluto del principio de la doble instancia en los procedimientos Civiles, Mercantiles, Laborales Tributarios, entre otros, que no sean de carácter penal (Vide. Sentencias nros. 87/2000 y 2667/2002)…La insuficiencia o falta de previsión para regular la situación en comento no se equipara a la oscuridad o ambigüedad de la norma, sino que constituye una laguna de la ley cuya solución debe apoyarse con disposiciones que regulan casos semejantes, materias análogas o principios generales del derecho. Esta tarea se denomina integración y tiene fundamento jurídico en el artículo 4 del CC, que establece “…cuando no hubiere disposición precisa en la Ley, se tendrán en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas, y si hubiere todavía dudas, se aplicarán los principios generales del derecho...”…Ahora bien, en materia de los recursos, la norma civil adjetiva fundamental, sostiene en su artículo 288 que “de toda sentencia definitiva dictada en primera instancia se da apelación, salvo disposición en contrario. Esa es la regla general para la impugnación de los fallos con carácter definitivo y conforme a ella, en principio, toda sentencia –que ponga fin al juicio- tiene apelación, salvo que de manera expresa la ley disponga otra cosa. Siendo ello así, si el artículo 891 del CPC no prohíbe de manera taxativa la impugnación de los fallos cuya cuantía es inferior a 500 U.T., si el artículo 4 del Código Civil establece que cuando no haya disposición expresa de la ley, deben tomarse en consideración las disposiciones que regulan materias análogas. si los artículos 288 y 290 del mismo código, establecen como regla general en materia de recursos que de toda sentencia definitiva se oirá apelación en ambos efectos, salvo disposición especial en contrario, considera esta Sala que el silencio del artículo en comento, en lo que respecta a la procedencia o no del medio de impugnación de la sentencia definitiva, debe suplirse mediante la aplicación analógica de las normas que regulan lo concerniente al recurso de apelación de las sentencias definitivas contenido en los artículo 288 y 290 del CPC, cuyo tenor es el siguiente: Artículo 288. De toda sentencia definitiva dictada en primera instancia se da apelación, salvo disposición especial en contrario. Artículo 290. La apelación de la sentencia definitiva se oirá en ambos efectos, salvo disposición especial en contrario. De modo tal que no se trata de una interpretación de la norma contenida en el artículo 891 del CPC, ni que la misma sea inconstitucional. Se trata de atribuir a un caso no regulado las mismas consecuencias jurídicas del caso regulado, y evitar así tratos desiguales. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, se considera que el criterio actual respecto al alcance del artículo 891 del CPC, limita indebidamente el ejercicio de los recursos de impugnación de aquellas personas con menos capacidad económica, razón por la cual, abandona tal criterio en lo que atañe a la inapelabilidad de las sentencias dictadas en las causas tramitadas por el juicio breve cuya cuantía sea inferior a las 500 unidades tributarias y, a tal efecto, establece que a partir de la presente fecha, contra la sentencia definitiva que se dicte en aquellas causas tramitadas por el procedimiento breve independientemente de su cuantía, debe observarse lo dispuesto en los artículos 288 y 290 del CPC, es decir, que la misma es impugnable mediante el recurso de apelación el cual se oirá en ambos efectos. Así se establece….Ahora bien, respecto de la sentencia aquí accionada en amparo dictada por el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial…, que se pronunció en torno al recurso de apelación ejercido por la parte demandada contra la decisión dictada por el Juzgado del Municipio…debe esta Sala por orden público constitucional y en aras de preservar la seguridad jurídica y la expectativa plausible, proceder a declarar de oficio que conforme al criterio interpretativo del artículo 891 del CPC vigente para la fecha en que se dictó dicho fallo, el recurso de apelación contra la referida decisión del juzgado municipal resultaba inadmisible, en razón de lo cual la misma debe anularse de oficio. Y así se decide…CONSIDERACIONES: La impugnabilidad de las decisiones judiciales constituye una circunstancia que sabiamente reconoce la falibilidad del ser humano, y que, por de ende, da lugar a la posibilidad de corrección de la misma, por parte de otro juzgador. Tal posibilidad no es absoluta, pues también es necesaria la debida ponderación entre mayores grados de precisión en el acto de juzgar, por una parte, y, por otro, la celeridad procesal, es decir, una justicia oportuna que permita, además, atender los demás asuntos y conflictos sociales sometidos al conocimiento de la jurisdicción….En razón de ello la recurribilidad ha sido estimada desde diversas ópticas jurídicas, entre otras: cómo una institución, un principio, un derecho, una garantía y un valor. Así, desde cierta perspectiva, esa recurribilidad ha sido apreciada como un derecho humano que integra el debido proceso y, a su vez, una garantía constitucional que conforma esa expresión de la justicia y de la tutela judicial efectiva, como postulado cardinal de la jurisdicción…En este orden de ideas, el artículo 21 de nuestra Carta Magna dispone uno de los principios que más caracterizan al Estado Social y que más la inspira y transversaliza, en fin, una de las normas de mayor relevancia para la sociedad y para la dignidad del ser humano, a saber, el postulado general de la igualdad: Todas las personas son iguales ante la ley…Ante cavilaciones como esas, en consonancia con el postulado constitucional relativo al Estado Democrático y social de Derecho y de Justicia establecido en nuestra Carta Magna, fue dictado, por ejemplo, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas (G.O. de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.668 del 6/5/2011), así como también la nueva Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda (G.O N° 6.053 del 12/11/2011); observándose en este último texto normativo, que la materia de arrendamiento y el derecho al acceso a la vivienda han sido objeto de atención prioritaria por parte del Estado, y, además, que el legislador prescindió, expresamente, de la cuantía, como criterio determinador de la recurribilidad de las sentencias definitivas producidas en los procesos de arrendamiento tramitados bajo la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, la cuales tienen, expresamente, apelación, independientemente de su cuantía, conforme lo dispone el artículo 123 de la mencionada… Finalmente, se fija con carácter vinculante el contenido del presente fallo a partir de su publicación íntegra en la Gaceta Judicial, el criterio en relación a la integración de la norma contenida en el artículo 891 del CPC con los artículos 288 y 290 eiusdem, a los fines de establecer el recurso de apelación en ambos efectos de las causas tramitadas bajo el juicio breve cuya cuantía sea inferior a 500 unidades tributarias, criterio éste que deberá ser aplicado en las causas donde aún no haya sido dictada sentencia definitiva...”
Dra. Ana Santander.

12 de junio de 2015

CAUSALES PARA DEMANDAR EL DIVORCIO SON AMPLIADAS POR LA SALA CONSTITUCIONAL:


La Sala Constitucional,  en fecha: 02-06-15, fijó criterio en relación a las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del CC, señalando que no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446/2014. Resumimos así: “…el ciudadano F…solicitó ante esta Sala Constitucional del TSJ, de conformidad con lo establecido en el artículo 336.10 de la CRBV, la revisión constitucional de la decisión número 0319 dictada por la Sala de Casación Social de este alto Tribunal el 20 de abril de 2012, que declaró sin lugar el recurso de casación ejercido por el ciudadano en referencia contra la sentencia emanada del Tribunal Superior…del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes  de la Circunscripción Judicial de Área Metropolitana de Caracas, que declaró con lugar la demanda de divorcio de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 2° del artículo 185 del CC, incoado por la ciudadana M…en su contra…I  ALEGATOS DEL SOLICITANTE: Que el proceso de divorcio incoado por la ciudadana M… fue declarado sin lugar, tanto la demanda como la reconvención  propuesta, manteniendo los efectos de las decisiones adoptadas en la instituciones familiares de patria potestad, responsabilidad de crianza y custodia, régimen de convivencia familiar y manutención. Que, contra la referida decisión la ciudadana M…parte demandante y reconvenida,  ejerció recurso de apelación. Que…el Tribunal Superior…declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación y decidió con lugar la demanda y sin lugar la reconvención, manteniendo incólume lo decidido en las instituciones familiares. Que contra la decisión de alzada el demandado reconviniente ejerció recurso de casación…II DEL FALLO IMPUGNADO: …la Sala de Casación Social dictó decisión por la que declaró: “SIN LUGAR el recurso de casación… estableció el fallo lo siguiente:Denuncia el formalizante que la sentencia impugnada adolece del vicio de incongruencia negativa. Señala el recurrente que hubo una omisión de pronunciamiento, en torno a los términos en que quedó planteada la demanda… Para decidir, se observa:… en el caso bajo estudio se demandó el divorcio con base en las causales previstas en el artículo 185, ordinales 2° y 3° del CC, y hubo reconvención, fundamentada en las mismas causales de disolución del matrimonio. El juzgador a quo declaró sin lugar tanto la demanda como la reconvención, y únicamente apeló la parte demandante reconvenida, razón por la cual el conocimiento del juez de alzada se restringió a la declaratoria sin lugar de la demanda. Al respecto, el sentenciador examinó una de las causales alegadas en el escrito libelar, particularmente la referida al abandono voluntario, y declaró con lugar la demanda, dejando incólume la declaratoria sin lugar de la reconvención, aspecto que no abordó en virtud de la prohibición de la reformatio in peius. Por lo tanto, se evidencia la conformidad formal entre el problema judicial debatido y la decisión del juez de alzada, lo que hace forzoso concluir que éste no incurrió en el delatado vicio de incongruencia negativa…IV…por haber incurrido el sentenciador de alzada en el vicio de incongruencia positivael fallo impugnado contiene más de lo pedido por las partes, al incorporar un alegato no esgrimido por ellas, relativo a la supuesta existencia de una nueva causal de disolución “del divorcio [Rectius: del matrimonio]”, no alegada, cual es la del divorcio remedio o solución. De este modo, el juzgador incorporó un nuevo elemento al debate, con lo cual desfiguró el thema decidendum. Efectivamente, esta Sala ha procedido a casar de oficio distintos fallos, por haber incurrido el juez de alzada en el vicio de incongruencia positiva, por haber declarado el divorcio con base en la tesis del divorcio solución, y a pesar de no estar demostrada alguna de las causales de disolución del matrimonio legalmente previstas; así se evidencia de las sentencias Nos 1.174 del 17 de julio de 2008, 107 del 10 de febrero de 2009, y 610 del 30 de abril de 2009 (casos: Antonio Ramón Possamai Bajares contra Gisela Wills Isava de Possamai, César Allan Nava Ortega contra Carol Soraya Sánchez Vivas, y Guido Eduardo Urdaneta contra Aura Josefina Aguirre Cepeda, respectivamente). Ahora bien, en el caso concreto se observa que, tanto la demanda de divorcio interpuesta por la ciudadana M… contra su cónyuge, ciudadano F… como la reconvención presentada por este último contra aquélla, fueron fundamentadas en las mismas causales de divorcio, a saber, las contempladas en el artículo 185, ordinales 2° y 3° del CC, relativas al abandono voluntario y a los excesos, sevicia e injurias graves que hagan imposible la vida en común. El sentenciador de la causa declaró sin lugar tanto la demanda como la reconvención, por cuanto consideró que ninguna de las dos partes había demostrado las causales de divorcio invocadas; sin embargo, si bien dejó sin efecto las medidas preventivas decretadas con base en el artículo 191 del CC, mantuvo las referentes a las instituciones familiares –esto es, ejercicio de la patria potestad, responsabilidad de crianza, obligación de manutención y régimen de convivencia familiar–, dictadas respecto de la hija común de los cónyuges, al haber evidenciado “la existencia de una separación entre los padres (sin contar este juzgador con elemento para calificar si esta separación es justificada o no)”. Por su parte, al conocer del recurso de apelación ejercido por la demandante reconvenida, el juzgador ad quem declaró, en cuanto al fondo de lo debatido, con lugar la demanda y sin lugar la reconvención, modificando así la declaratoria sin lugar de la demanda. En este sentido, en el numeral tercero del dispositivo del fallo, el juez declaró: “En aplicación a la Jurisprudencia (sic) reiterada de nuestra máximo Tribunal relativa al Divorcio Remedio o Divorcio Solución se declara CON LUGAR la demanda de divorcio (…), con base al ordinal 2° del artículo 185 del CC”. Como se observa, el sentenciador de la recurrida mencionó la jurisprudencia relativa a la concepción del divorcio como un remedio o solución, pero no por considerar que se trataba de una nueva causal de divorcio –como fue sostenido por el formalizante–, tal como se evidencia al declarar con lugar la demanda de divorcio con fundamento en la causal prevista en el artículo 185, ordinal 2° del CC, esto es, el abandono voluntario. En efecto, en la parte motiva del fallo, el juez de alzada señaló:… el abandono debe ser intencional, voluntario y consciente como lo deben ser todos los hechos y actos que sirven de base al divorcio. En este sentido, en el caso en revisión, del análisis probatorio, y del contenido de las actas que conforman el presente asunto, se desprende que la relación entre los ciudadanos F… Y M…, tomándose en cuenta los testimonios evacuados en juicio y aún cuando no fueron valorados con mérito probatorio por el juez a quo, no es menos cierto que las referidas testimoniales coinciden en que existe entre los cónyuges una separación fáctica, lo que se traduce en una falta en el cumplimiento del deber de convivencia que impone el matrimonio, al punto que la pareja se ha distanciado y separado de residencia sin que hasta el momento exista cohabitación, aunado a ello, ambos cónyuges han protagonizado permanentemente pugnas, y discusiones, en forma pública en presencia de los empleados, familiares y amigos, tornándose la relación de pareja verdaderamente hostil, situación que no les permite comprenderse y mucho menos cohabitar y compartir la vida en común; todo este escenario que afronta la pareja ha quedado evidenciada en todo el acervo probatorio como también en el Informe elaborado por el Equipo Multidisciplinario de este Circuito Judicial (folios 59 al 70) del cuaderno de Régimen de Convivencia Familiar signado bajo el Nro. AH51… Refiere también el Equipo Multidisciplinario que escenificaron discusiones fuertes delante de la hija en común, aunado a una desconfianza progresiva en cuanto a fidelidad por parte de la madre de la adolescente, así como su honestidad en el manejo del negocio; también señaló el ciudadano F…, que para la fecha en que fue realizado el informe del Equipo Multidisciplinario…se encontraba fuera del hogar por medidas precautelares dictadas basadas supuestamente en mentiras de la pareja.La información transcrita up-supra (sic) contenida en el Informe, sumada a…obstruyéndose ambos el acceso por una parte, al local comercial y por la otra el acceso al domicilio conyugal, todo lo cual hace concluir a esta Juzgadora que en el caso que analizamos, hubo conductas de abandono por parte del demandado, lo cual provocó que su cónyuge, también asumiera una actitud hostil cuya consecuencia también es el abandono…en consecuencia este Tribunal Superior considera que el cónyuge demandado incurrió en la causal 2° del artículo 185 del Código Civil, y que la ciudadana M… también abandonó a su cónyuge, pero no por los motivos explanados en el escrito de contestación y reconvención sino por su accionar, es decir, fue el ciudadano F…, quien dio los motivos que a fin de cuentas produjeron el abandono mutuo, la ruptura afectiva y el incumplimiento de todos los deberes que implica el matrimonio, es decir, trayendo honda fractura de la relación matrimonial…ha quedado plenamente demostrado que la situación de la pareja es inconciliable pues no existe comunicación asertiva, ni compromiso posible al que ambos se adhieran, lo que hace concluir a este Tribunal Superior, que de continuar el matrimonio, serían mayores los daños a esta familia, y debemos precisar además, que frente a los derechos de los progenitores, se encuentran los derechos de la adolescente de autos, quien está afectada emocionalmente, situación que perjudica su desarrollo integral, y por ende, amenaza sus derechos humanos. Y así se decide…por tal motivo debe disolverse dicho vínculo matrimonial conforme a lo dispuesto por la Jurisprudencia reiterada de nuestro máximo Tribunal relativa al Divorcio Remedio o Divorcio Solución, con base al ordinal 2° del artículo 185 del CC…De la transcripción anterior, se evidencia –como se indicó ut supra– que el sentenciador de la recurrida, lejos de declarar la disolución del vínculo matrimonial con base en una causal no alegada por las partes –tal como alegó el recurrente al fundamentar la denuncia del vicio de incongruencia positiva–, consideró que se había verificado la causal contemplada en el artículo 185, ordinal 2° del Código Civil, razón por la cual declaró con lugar la demanda; al respecto, es necesario aclarar que si bien el juez hizo alusión a la concepción del divorcio como un remedio o solución, conteste con la jurisprudencia emanada de esta Sala de Casación Social, ello no implicó que se saliera del thema decidendum planteado por las partes, ni que sustentara el divorcio en una inexistente causal de divorcio.Por lo tanto, visto que el juzgador de la recurrida no incurrió en el vicio de incongruencia positiva, esta Sala desecha la delación bajo estudio, y así se establece….III MOTIVACION PARA DECIDIR DE LA SALA CONSTITUCIONAL:…esta Sala Constitucional observa que se solicitó la revisión de un fallo definitivamente firme dictado por la Sala de Casación Social de este TSJ, razón por la cual resulta competente para conocer sobre la presente solicitud y, así se decide….el solicitante sustentaque la decisión dictada por la Sala de Casación Social debió declarar con lugar el recurso de casación contra la sentencia emanada del Tribunal Superior …del Circuito Judicial de Protección de Niños…, que a su vez decidió con lugar la demanda de divorcio y sin lugar la reconvención, por cuanto, presuntamente quebrantó y omitió formas sustanciales que menoscabaron su derecho a la defensa, establecido en el artículo 49 de la CRBV, debido a que el juzgador, a su entender, se “extiende sobre la causal de divorcio” constituida por el abandono voluntario, configurándose la incongruencia negativa, dado que la decisión fue fundamentada, en la jurisprudencia que asumió la doctrina del “divorcio solución”, la cual no constituye una causal, alegando no haber incurrido en abandono alguno…debe esta Sala Constitucional declarar de manera inequívoca que reconoce el matrimonio como una institución protegida por el artículo 77 de la CRBV y también reconoce el matrimonio como un contrato civil solemne por el que los cónyuges manifiestan libremente su voluntad de fundar una familia en plena igualdad jurídica, y que implica una comunidad de vida y de bienes con recíprocos deberes y derechos entre cónyuges. En este sentido debe esta Sala destacar que, ciertamente, la familia deriva de manera inmediata de la unión matrimonial, pero no toda familia deriva solo y necesariamente de un matrimonio. En este sentido, el artículo 75 de la CRBV recoge un amplio concepto de familia el mismo universalizado por la Organización de Naciones Unidas y que entiende a la familia como “asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de los derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado garantizará protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia”….Así, adicional a la familia nuclear, patriarcal, bilateral y consanguínea, observamos otras categorías como la familia sustituta; la adoptiva; la recompuesta; por procreación asistida; la monoparental  y la pluriparental; donde no necesariamente hay menores de edad o hijos, pero, en caso de haberlos, se desenvuelven con una maternidad o paternidad subrogadas por figuras atípicas (madrastras, padrastros) que son adultos que sirven de referentes significativos a aquellos (ZULETA, 2012). Lo importante de estas categorías familiares es que se caracterizan por la igualdad de derechos y deberes entre sus integrantes, por su solidaridad, esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco; independientemente de su origen, tal como lo señala nuestro Texto Fundamental en su artículo 75. La Sala ha realizado las anteriores consideraciones para explicar que en la actualidad el Estado no debe su protección exclusivamente al matrimonio sino a la familia constituida como espacio social vital provenga ella del matrimonio, de una unión estable o de un concubinato. Lo ha reconocido recientemente esta Sala en sentencia Núm. 446 del 15 de mayo de 2014, con ocasión de un examen de la constitucionalidad del artículo 185-A del Código Civil, al sostener  que “la actual Constitución tiene otros elementos para entender jurídica y socialmente a la familia y al matrimonio”. Corolario de la protección a la familia concebida al margen del matrimonio, es el reconocimiento que realiza la CRBV de las uniones estables de hecho, que en la parte in fine del aludido artículo 77 dispone: “Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio”.  Asimismo, es demostrativo de ello el contenido del artículo 76 que dispone: “La maternidad y la paternidad son protegidas integralmente, sea cual fuere el estado civil de la madre o del padre”…Se ha dicho en contra del divorcio que el mismo atenta contra la estabilidad de las familias constituidas por el matrimonio, y que el Estado debe estar interesado en evitar que el divorcio se produzca, persuadiendo a los cónyuges del mantenimiento del vínculo conyugal. Al respecto, considera esta Sala que este tipo de afirmaciones en los actuales momentos merecen ser revisadas, pues las máximas de experiencia explican que no es el divorcio per se el que fragmenta la estabilidad de las familias, sino otros elementos de facto perturbadores que a la postre obligan a las parejas a decidir la disolución del vínculo que los une, a través del divorcio.En ese sentido, sin temor a equívocos puede asegurarse que atenta más contra la familia una separación de la pareja, como consecuencia de una situación conflictiva prolongada, cargada de insultos, de irrespeto, de intolerancia y de humillaciones, sin canalizarse jurídicamente, a la que terminan acostumbrándose sus miembros;  que el divorcio, como un mecanismo jurídico válido para poner fin a una situación dañina familiarmente donde se relajan los principios y valores fundamentales en la familia como son, la solidaridad, el esfuerzo común y el respeto recíproco entre sus integrantes, tal como lo preceptúa el artículo 75 constitucional. De tal manera, que no es el divorcio sino los hechos que lo demandan los que atentan contra la familia. De suerte pues que no es manteniendo una unión matrimonial e impidiendo el divorcio como se subsanan los conflictos familiares, y se persuade a las parejas para la convivencia pacífica y el bienestar familiar…El divorcio representa entonces el mecanismo jurídico válido para extinguir el vínculo matrimonial (artículo 184 del Código Civil), esto es, la solución que otorga el ordenamiento jurídico a los cónyuges, o a uno de ellos, cuando éstos consideran que sus diferencias son insalvables. Con razón la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido desde su sentencia Núm. 192/2001 (caso: Víctor José Hernández), lo siguiente:“No debe ser el matrimonio un vínculo que ate a los ciudadanos en represalia por su conducta, sino por el común afecto; por tanto, las razones que haya podido tener un cónyuge para proferir injurias contra el otro, sólo demuestran lo hondo de la ruptura y la imposibilidad de una futura vida común. En estas circunstancias, en protección de los hijos y de ambos cónyuges, la única solución posible es el divorcio”. Estima la Sala Constitucional que, quizás contrario al pensar común, se promueve más el matrimonio como institución cuando se ofrecen condiciones fáciles, claras y accesibles para disolver el vínculo, que cuando se colocan obstáculos legales, pues, en nuestros días, la pareja opta por convivir sin contraer nupcias, como una solución que les permite gozar de los mismos efectos que el matrimonio, lo que se conoce como “uniones de hecho”, hoy día equiparadas por la Constitución y reconocidas por la jurisprudencia de esta Sala y por algunas leyes de la República (Ley Orgánica de Registro Civil, Ley del Seguro Social o la Ley Orgánica de Protección a la Familia, la Maternidad y la Paternidad). De allí que sea preciso entender la realidad social como fuente del orden normativo, y de la hermenéutica jurídica. ..De tal modo que, un examen de las disposiciones normativas que regulan el divorcio no pueda apartarse de ese dinamismo social, siendo por tanto esta Sala Constitucional, como máximo y último intérprete de la Constitución (artículo 335 constitucional), la llamada a realizar las interpretaciones a que haya lugar sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales, modulando las instituciones del ordenamiento jurídico para ajustarlas al modelo de Estado constitucional. El divorcio es así la ruptura o extinción de un matrimonio contraído válidamente, mediante una sentencia judicial. Su previsión se encuentra contenida en el CC, que dispone: Artículo 184.- Todo matrimonio válido se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges y por divorcio. La institución del divorcio, de vieja data en nuestro ordenamiento civil, es concebida como una sanción o castigo al cónyuge infractor que hubiese incurrido en el incumplimiento de los deberes conyugales. ..Con posterioridad…desde el Código Civil de 1942, se abandona la expresión “son causales legítimas” de divorcio las que enumera el texto legislativo, y se sustituye por  la expresión “causales únicas”... Tal redacción se mantuvo en la reforma al Código Civil de 1982, quedando entonces en los siguientes términos la norma que hoy conocemos y que se encuentra vigente: Artículo 185. Son causales únicas de divorcio: 1°.- El adulterio. 2º.- El abandono voluntario.  3º.- Los excesos,  sevicia e injurias graves que hagan imposible la vida en común. 4º.- El conato de uno de los cónyuges para corromper o prostituir al otro cónyuge,  o a sus hijos,  así como la connivencia en su corrupción o prostitución. 5º.- La condenación a presidio. 6º.- La adición alcohólica u otras formas graves de fármaco-dependencia que hagan imposible la vida en común, 7º.- La interdicción por causa de perturbaciones psiquiátricas graves que imposibiliten la vida en común. En este caso el Juez no decretará el divorcio sin antes procurar la manutención y el tratamiento médico del enfermo. También se podrá declarar el divorcio por el transcurso de más de un año, después de declarada la separación de cuerpos,  sin haber ocurrido en dicho lapso la reconciliación de los cónyuges. La norma transcrita contiene un catálogo de causas que permiten a uno de los cónyuges demandar el divorcio fundamentado en alguna causal de ley, sobre la base de que aquel cónyuge contra quien se ejerce la demanda haya incurrido en los supuestos enumerados, con lo que se presume un incumplimiento de uno o varios de los deberes conyugales que la institución matrimonial comporta. La interpretación doctrinaria y jurisprudencial de esta norma legal ha considerado que la enumeración de las causales es de carácter taxativo; es decir, que el precepto contiene un numerus clausus, de tal modo que no se admite invocar un motivo distinto a los expresamente previstos en la norma. Cabe destacar que antes de la reforma de 1942 al Código Civil, se preveía el divorcio por incompatibilidad de caracteres de los cónyuges, lo que comportaba una causal de divorcio de contenido muy amplio, que ofrecía una apertura a la institución del divorcio; sin embargo su eliminación legislativa hizo más evidente la intención del Legislador de impedir o disuadir al divorcio. Desde luego, hoy día la refundación institucional propuesta en la vigente Constitución de 1999 obliga a una revisión de las instituciones preconstitucionales incluyendo el divorcio como fórmula de solucionar las desavenencias insalvables de la pareja unida en matrimonio. En efecto, es preciso considerar que la pretensión de divorcio planteada por un ciudadano supone el ejercicio simultáneo de otros derechos y garantías constitucionales, como lo son: el libre desarrollo de la personalidad y la tutela judicial efectiva, entendida este última como el derecho que tiene el justiciable de activar el órgano jurisdiccional a los fines de obtener un pronunciamiento exhaustivo sobre sus pretensiones, expresión de la garantía de acceso a la justicia, y que es novedad de nuestro vigente texto constitucional al estipularlo como derecho autónomo en el artículo 26 constitucional….límites a la personalidad…artículo 20 de la CRBV: “Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del orden público y social”…En cuanto al consentimiento, base nuclear de todo vínculo jurídico…artículo 75 de la Constitución de 1999 considera a la familia una asociación natural de la sociedad; pero así ella sea natural, toda asociación corresponde a una voluntad y a un consentimiento en formar la familia… artículo 77 eiusdem establece la protección al matrimonio, entre un hombre y una mujer fundada en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges, lo que se concatena con los lineamientos del referido artículo 75.De allí que, el matrimonio solo puede ser entendido como institución que existe por el libre consentimiento de los cónyuges, como una expresión de su libre voluntad y, en consecuencia, nadie puede ser obligado a contraerlo, pero igualmente –por interpretación lógica– nadie puede estar obligado a permanecer casado, derecho que tienen por igual ambos cónyuges. Este derecho surge cuando cesa por parte de ambos cónyuges o al menos de uno de ellos –como consecuencia de su libre consentimiento–la vida en común, entendida ésta como la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente (artículo 137 del Código Civil) y, de mutuo acuerdo, tomar las decisiones relativas a la vida familiar y la fijación del domicilio conyugal (artículo 140 eiusdem)…ya que el consentimiento libre para mantenerlo es el fundamento del matrimonio, y cuando éste se modifica por cualquier causa y por parte de cualquiera de los cónyuges, surge lo que el vigente Código Civil Alemán en su artículo 1566, califica como el fracaso del matrimonio, lo cual se patentiza por el cese de la vida en común, uno de cuyos indicadores es el establecimiento de residencias separadas de hecho y que puede conducir al divorcio, como lo reconoce el citado artículo...Justamente, entre las causales de divorcio hay dos que se fundan en la modificación del libre consentimiento de uno de los cónyuges de mantener la vida en común, las cuales son: el abandono voluntario (ordinal 2° del artículo 185 del Código Civil) y la separación de hecho por más de cinco años (artículo 185-A eiusdem), la cual al igual que la separación de cuerpos decretada judicialmente, bien como resultado de un proceso a ese fin o bien por mutuo consentimiento, requiere de una declaración judicial que la reconozca como requisito previo al divorcio. Luego, para el derecho venezolano, el cese de la vida en común por voluntad de ambos o de uno de los cónyuges es una causal de divorcio, de igual entidad en todos los anteriores supuestos, ya que en la actualidad se adapta a la previsión del artículo 77 constitucional, según el cual el matrimonio se fundamenta en el libre consentimiento. Por otra parte, el artículo 137 del Código Civil, que refiere la obligación de los cónyuges de cohabitar, establece:…Planteada así la situación, no hay razón alguna, salvo una estrictamente formal, para sostener que en casos de que se invoque el abandono voluntario para solicitar el divorcio (artículo 185.2 del Código Civil) o que se pida la conversión en divorcio de la separación de cuerpos por mutuo consentimiento decretada judicialmente (artículo 185 del Código Civil), se pruebe en el procedimiento de divorcio que el abandono existió, o que no hubo reconciliación (artículos 759 y 765 del Código de Procedimiento Civil), mientras que para el caso de que en base al artículo 185-A del Código Civil, se pida que se declare el divorcio por existir una separación de hecho permanente por más de cinco años, no se ventile judicialmente la existencia real de tal situación por el solo hecho de que uno de los cónyuges (el citado) no concurriere a la citación, o no reconociere el hecho, o el Ministerio Público simplemente se opusiere. Sostener esta última solución, a juicio de esta Sala Constitucional crea una discriminación ante una situación de naturaleza idéntica en los mencionados casos de suspensión de la vida en común, suspensión que denota que un presupuesto constitucional del matrimonio: el libre consentimiento para mantenerlo de al menos uno de los esposos, ha dejado de existir”…Ciertamente, cuando se determinan previamente y se encasillan como causales “únicas” para demandar el divorcio, aquellas  previamente descritas por el Legislador, y se niega al cónyuge exponer y sostener ante los órganos jurisdiccionales un motivo distinto a los enumerados por la ley para disolver el vínculo conyugal que voluntariamente creó se desconoce el derecho a obtener una tutela judicial efectiva…En Venezuela, la Sala Constitucional aprecia que resultan convalidables en derecho los esfuerzos realizados por la Sala de Casación Social de este Supremo Tribunal que…en sentencia Núm 107/2009 (caso: César Allan Nava Ortega vs. Carol Soraya Sánchez Vivas) esa misma Sala de Casación Social dejó sentado: La doctrina patria distingue dos corrientes en relación al fundamento jurídico del divorcio, a saber: i) el divorcio sanción, en el cual el cónyuge inocente pide que se castigue –mediante la declaratoria de la disolución del matrimonio– al cónyuge culpable, en virtud de haber transgredido en forma grave, intencional e injustificada sus deberes matrimoniales; y ii) el divorcio remedio, que lo concibe como una solución al problema de la subsistencia del matrimonio, cuando éste –de hecho– ha devenido intolerable, independientemente de que pueda atribuirse tal situación a uno de los cónyuges, de modo que no hay un culpable y un inocente (Vid. Francisco López Herrera: Derecho de Familia, Tomo II, 2ª edición. Banco Exterior - Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2008, pp. 180-181; Isabel Grisanti Aveledo de Luigi: Lecciones de Derecho de Familia, 11ª edición. Vadell Hermanos Edit., Caracas, 2002, pp. 283-284). La tesis del divorcio solución fue acogida por esta Sala en decisión N° 192 del 26 de julio de 2001 (caso: Víctor José Hernández Oliveros contra Irma Yolanda Calimán Ramos), al sostener que: El antiguo divorcio-sanción, que tiene sus orígenes en el Código Napoleón ha dado paso en la interpretación, a la concepción del divorcio como solución, que no necesariamente es el resultado de la culpa del cónyuge demandado, sino que constituye un remedio que da el Estado a una situación que de mantenerse, resulta perjudicial para los cónyuges, los hijos y la sociedad en general. Esto se evidencia de la inclusión, como causal de divorcio, de la interdicción por causa de perturbaciones psiquiátricas graves que imposibiliten la vida en común, pues en tal situación no puede pensarse en culpa, sino en una aflicción que necesita ser resuelta; e igualmente incide en la interpretación de las otras causas de divorcio establecidas por la ley. La existencia de previas o contemporáneas injurias en las cuales pueda haber incurrido el cónyuge demandante, darían derecho a la demandada a reconvenir en la pretensión de divorcio, pero de manera alguna pueden desvirtuar la calificación de injuriosa dada por el Juez a las expresiones y actos de la demandada; por el contrario, hacen más evidente la necesidad de declarar la disolución del vínculo conyugal. Los motivos de la conducta del cónyuge demandado, por las razones antes indicadas, no pueden desvirtuar la procedencia del divorcio. Por el contrario, cumpliendo con el deber de hacer justicia efectiva, el Estado debe disolver el vínculo conyugal cuando demostrada la existencia de una causal de divorcio, se haga evidente la ruptura del lazo matrimonial. No debe ser el matrimonio un vínculo que ate a los ciudadanos en represalia por su conducta, sino por el común afecto; por tanto, las razones que haya podido tener un cónyuge para proferir injurias contra el otro, sólo demuestran lo hondo de la ruptura y la imposibilidad de una futura vida común. En estas circunstancias, en protección de los hijos y de ambos cónyuges, la única solución posible es el divorcio. Nótese que la Sala dejó sentado que la corriente del divorcio remedio incide en la interpretación de todas las causales de divorcio –y no sólo la interdicción por causa de perturbaciones psiquiátricas graves que imposibiliten la vida en común–, pese a que la doctrina señala algunas causales como inspiradas en la idea del divorcio sanción, en especial las previstas en los ordinales 1° al 6° del artículo 185 del Código Civil (Vid. López Herrera, op. cit., p. 181; Grisanti, op. cit., p. 284). En consecuencia, aunque la falta del cónyuge demandado no configure una transgresión injustificada a sus deberes conyugales –al estar motivada por una falta previa o simultánea del cónyuge demandante, que puede fundamentar una reconvención en su contra–, igualmente procederá el divorcio, pero no como un castigo a un cónyuge culpable, pues el demandado no merece ser castigado. Ahora bien, es indispensable aclarar que en todo caso, y con independencia de la posición doctrinaria que se asuma, debe estar demostrada la causal de divorcio que haya sido alegada, como condición sine qua non de la procedencia de la disolución del vínculo matrimonial, tal y como se dejó sentado en la citada sentencia N° 102/2001, al afirmarse que “(…) el Estado debe disolver el vínculo conyugal cuando demostrada la existencia de una causal de divorcio, se haga evidente la ruptura del lazo matrimonial (Resaltado añadido)”…En consecuencia, no es suficiente la voluntad de los cónyuges, o de uno de ellos, para lograr la disolución del vínculo matrimonial, sino que es necesaria la preexistencia de hechos o actos específicamente determinados por la ley, y que constituyen las causales de divorcio; así, el juez únicamente podrá declarar el divorcio cuando haya sido invocada y demostrada la ocurrencia de alguna o algunas de las causales previstas en el Código Civil –incluyendo el transcurso de un año una vez declarada judicialmente la separación de cuerpos y la prolongada ruptura de la vida en común, contempladas en el primer aparte del artículo 185, y en el artículo 185-A del referido Código. En este orden de ideas, la doctrina del divorcio solución no constituye una nueva causal de disolución del vínculo conyugal que modifique el elenco contenido en la ley, sino tan solo una concepción o explicación del divorcio como causa excepcional de extinción del matrimonio…Asimismo, es indudable que el cónyuge, aun habiéndose comprometido moral y jurídicamente a esa relación, puede con posterioridad y debido a innumerables razones sobrevenidas estar interesado en poner fin al matrimonio. Ese interés debe traducirse en un interés jurídico procesal, de acudir a los órganos jurisdiccionales e incoar una demanda donde pueda obtener una sentencia que ponga fin al vínculo conyugal. Desde luego que esa posibilidad no está negada y el ordenamiento jurídico ofrece como mecanismo la demanda de divorcio, empero cuando se limita éste de manera irrestricta a una tipificación que en la actualidad luce sumamente estrecha, nos encontramos frente a un vacío, que hace nugatorio el núcleo central del derecho por lo menos en lo que al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva se refiere, específicamente a obtener una sentencia judicial favorable que tutele la libertad del individuo de decidir un importante aspecto de su vida, a través del divorcio, frente a una regulación pre constitucional escasa, incapaz de satisfacer las expectativas creadas frente a las vicisitudes de la vida y las nuevas tendencias sociales….Es decir, que en la actualidad resulta vetusto e irreconciliable con el ordenamiento constitucional, el mantenimiento de un numerus clausus de las causales válidas para accionar el divorcio frente a la garantía de los derechos fundamentales del ciudadano al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva. IV DECISION SALA CONSTITUCIONAL:…vista las anteriores consideraciones realizadas en torno a la institución del divorcio, analizada e interpretada, en aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 20 y 26, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala Constitucional realiza una interpretación constitucionalizante del artículo 185 del CC, y DECLARA, CON CARÁCTER VINCULANTE, QUE LAS CAUSALES DE DIVORCIO CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 185 DEL CC NO SON TAXATIVAS, POR LO CUAL CUALQUIERA DE LOS CÓNYUGES PODRÁ DEMANDAR EL DIVORCIO POR LAS CAUSALES PREVISTAS EN DICHO ARTÍCULO O POR CUALQUIER OTRA SITUACIÓN QUE ESTIME IMPIDA LA CONTINUACIÓN DE LA VIDA EN COMÚN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN LA SENTENCIA N° 446/2014, AMPLIAMENTE CITADA EN ESTE FALLO; INCLUYÉNDOSE EL MUTUO CONSENTIMIENTO. Asimismo, es necesario considerar la atribución de competencia de los jueces u juezas de paz que otorga la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, sancionada por la Asamblea Nacional y publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.913 del 2 de mayo de 2012, para declarar el divorcio por mutuo consentimiento, al disponer en su artículo 8.8 que los jueces y juezas de paz son competentes para: “Declarar, sin procedimiento previo y en presencia de la pareja, el divorcio o la disolución de las uniones estables de hecho cuando sea por mutuo consentimiento; los solicitantes se encuentren domiciliados en el ámbito local territorial del juez o jueza de paz comunal; y no se hayan procreado hijos o de haberlos, no sean menores de 18 años a la fecha de la solicitud”. Ello así, en atención a lo dispuesto en el artículo 177 de la ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes,  los cónyuges cuyos hijos sean menores de edad que de mutuo acuerdo deseen divorciarse, acudirán ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en función de sustanciación y mediación del lugar donde hayan establecido su último domicilio conyugal y, previo acuerdo igualmente, expreso e inequívoco, de las instituciones familiares que les son inherentes, para solicitar y obtener, en jurisdicción voluntaria, una sentencia de divorcio. Así se declara. En consecuencia, deberán los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes permitir con base en la doctrina contenida en el presente fallo tramitar conforme al procedimiento de jurisdicción voluntaria, previsto en los artículos 511 y siguientes de la LOPNNA, las solicitudes de divorcio de mutuo consentimiento que presenten ambos cónyuges, sin más exigencias que el acta de matrimonio y de nacimiento de los niños, niñas y adolescentes de que se trate, así como el acuerdo previo de los cónyuges acerca de las instituciones familiares, esto es, lo relativo a la responsabilidad de crianza del o los menores de edad que hubiesen procreado, la responsabilidad de crianza y custodia, obligación de manutención y régimen de convivencia familiar, a efectos de que sean evaluados por el Juez de niños, niñas y adolescentes y determinar si son convenientes para los niños, niñas o adolescentes de que se trate y conferir la homologación, en caso de que no lo sea el Juez o Jueza ordenará su corrección. La homologación del acuerdo acerca de las instituciones familiares será requisito necesario para la declaratoria del divorcio… NO HA LUGAR a la solicitud de revisión constitucionalREALIZA una interpretación constitucionalizante del artículo 185 del CC y fija con carácter vinculante el criterio interpretativo contenido en el presente fallo…y, en consecuencia, se ORDENA la publicación íntegra del presente fallo en la página web de este TSJ…las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del CC no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446/2014, ampliamente citada en este fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento…”
Dra. Ana Santander.