DERECHO

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6 de marzo de 2015

CONSECUENCIAS DE DENUNCIAR FALSAMENTE A UN HOMBRE POR VIOLENCIA DOMESTICA:



Es común recibir en nuestro Despacho Jurídico, clientes, (hombres),  con una versión casi idéntica de los hechos que rodearon y produjeron la separación, no solo de su pareja (esposa/concubina), sino del hogar en común que tenían con ellas. PONGAMOS ESTE EJEMPLO: El señor “A”, expone que su pareja, la señora “B”, le manifestó su deseo de terminar la relación sentimental y separarse a la brevedad posible. El señor “A”, a pesar de no desearlo, lo acepta y pide un tiempo prudencial para resolver el tema de la vivienda en común, (venderla a un tercero, comprarle su parte a ella o ella a él). En el entendido que solo a través de esa única vivienda pueden resolver cada uno, por separado, su situación habitacional.  La señora “B”, para hacer el proceso “más rápido” acude a la Fiscalía con competencia en Violencia de Género e interpone denuncia, en contra del señor “A”, por violencia doméstica. La Fiscalía toma su denuncia y le otorga Medidas Cautelares Asegurativas y de Protección, tales como la contenida en el artículo 87 ordinales 3º, 5º y 6º de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia consistente en prohibición y restricción de agredir a la víctima, y su familia, al lugar de trabajo, de estudio y de su residencia, y se prohíbe al agresor por si o terceras personas realice actos de persecución intimidación o acoso a la víctima o su familia, prohibición de agresión física, verbal y psicológica a la víctima, prohibición de agresión patrimonial, de conformidad con el articulo 87 numeral 3°, 5° y 6° ejusdem. Como resultado de lo anterior, el señor “A”, debe abandonar la vivienda que les sirvió de hogar común y termina viviendo en su casa materna, en el mejor de los casos. A lo descrito, se le pueden adicionar situaciones más graves, (en forma concurrente o alterna), como: -Denuncias adicionales, en contra del hombre, por “acoso” a las hijas en común, (muchas veces producto de alienación parental materna), O, -En forma casi inmediata, al inmueble se muda otra pareja masculina, O, -La mujer alega que ese inmueble es de los hijos menores, quienes no pueden quedar sin techo. ACLARATORIA PREVIA: No pretendemos bajo ningún concepto, enarbolar una bandera en contra de las mujeres; ni hacer campaña en su contra, nada más lejos de nuestra intención. Sin embargo, hemos notado con suma preocupación, que efectivamente, muchas mujeres, en forma por demás inescrupulosas, no han hecho uso, sino antes bien, han abusado de la  Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, colocando denuncias injustificadas y argumentando violencias síquicas, físicas, patrimoniales, etc, totalmente falsas en contra de sus parejas, con el único propósito de lograr el desalojo de ellos de la vivienda. Sin percatarse que, por ese actuar irresponsable, una Ley que  surgió en el 2007, a los fines de atender una realidad social (la violencia doméstica), que ciertamente logró controlar e incluso disminuir, en un gran porcentaje, el abuso, violencia, agresión, cometido por algunos hombres en contra de las mujeres; que ciertamente era atendido por la Fiscalía como tema de preferencia y en tal sentido brindaban una protección inmediata y eficaz a las víctimas de tales abusos/delitos, se ha convertido ahora en un “caso más”. Lo anterior hasta el punto, que en la actualidad la Fiscalía se abstiene y cuida de otorgar, en forma a priori, las Medidas Asegurativas comentadas, precisamente, para evitar que los caballeros se vean privados de su vivienda por denuncias infundadas. Es así como, nuestro Despacho, es eco, en contrapartida, de denuncias de mujeres que  siendo realmente objeto de agresiones por parte de sus parejas, hoy no son atendidas por la Fiscalía, según su decir, por no mostrar signos de agresión, tales como “sangre”, “morados”, etc. Viéndonos en la necesidad de formular denuncias por escrito, en su favor, que sean recibidas por la Fiscalía, (por estar de por medio un Abogado), para procurar obtener la protección que merecen. Es en este sentido que se orienta el presente artículo. No queremos dejar de mencionar, que el hecho que existan menores de edad, no impide la división, partición, liquidación del bien habido en comunidad. Damas, entiendan por una parte que, los bienes habidos durante la relación sentimental (concubinaria o matrimonial), no son de los hijos, sino de los padres. Y solo ante la ocurrencia del fallecimiento de alguno de los padres, los hijos serán propietarios de tales bienes. Por otra parte, el garantizar una vivienda a los hijos, no es solo responsabilidad paterna, pues existe el principio de coparentalidad, en función del cual, ambos progenitores, debe asegurar, brindar un techo a sus hijos. Sabemos de algunos Jueces de control que, han impedido la ejecución de la partición forzosa de los bienes concubinarios o conyugales, motivados a no dejar desprovistos de vivienda a los hijos menores de edad. No compartimos ese criterio. Menos aun  cuando ponen en cabeza única del progenitor paterno, la responsabilidad del techo de los hijos, ya que la realidad es que, en la actualidad, tanto hombres como mujeres, son protagonistas por igual del aparato productivo, ambos son igualmente capaces y están equiparados en el ámbito económico. Siempre lo comentado será una apreciación muy personal del tema. Recordamos a nuestros Usuarios, que el derecho no es matemático, por tanto permite múltiples interpretaciones. CONSECUENCIAS DE DENUNCIAR FALSAMENTE: Bien, partamos del presupuesto que toda denuncia falsa, (falsear hechos ante un funcionario público), tendrá sus consecuencias legales. Sin pretender hacer un profundo análisis del tipo penal, (no es nuestra área), hacemos del conocimiento de nuestros lectores, que, en la mayoría de los casos, la mujer, una vez logrado su cometido, “sacar a la ex pareja de la vivienda”, pierde interés en la denuncia. Mientras tanto el Fiscal debe avanzar en sus averiguaciones para poder dictar sus Actos Conclusivos. Es así, como a falta de pruebas de los hechos denunciados, el Fiscal termina dictando por acto conclusivo  el Sobreseimiento de la Causa, solicitud que deberá confirmar o no el Juez de Control respectivo. Si el Juez de Control declara el sobreseimiento, absolviendo al imputado, podrá el señor “A” a su vez, iniciar causa penal por Simulación de Hecho Punible en contra de la señora “B”. La Simulación de Hecho Punible, está prevista y sancionada en el artículo 239 del CP vigente, el cual se encuentra establecido en el Capítulo II, Título IV denominado “De los Delitos contra la Administración de Justicia”, por lo que, el agraviado directo no resulta el señor “A”, sino la Administración de Justicia, como expresión de la certeza jurídica tutelada por el Estado, para mantener el orden jurídico. El delito de simulación de hecho punible produce un daño que en principio no es directo contra los ciudadanos, sino mediato, por lo que la titularidad de la acción penal en los delitos de acción pública la ostenta el Ministerio, la persona singularmente considerada ostenta un interés mediato según el cual en un primer momento no podrá considerarse víctima, salvo que se haya querellado. Entonces, si el señor “A”, lo desea, la espada de Damocles pesará ahora sobre la señora “B”, en contra de quien incluso, el señor “A”,  podrá solicitar una Indemnización Civil por Daños y Perjuicios Post Delito, dentro del mismo expediente. CONCLUSION: Sabemos que este artículo tendrá sus severos detractores entre nuestros Usuarios, a los cuales respetamos. De ser así habremos cumplido nuestra labor de brindar un punto de reflexión en este tan controversial tema.

Dra. Ana Santander.

¿SE PUEDE PROBAR LA AUSENCIA DE LEGISLACION EN UNA MATERIA, A TRAVES DE UN EXPERTO EN EL TEMA? (SI):


En Sentencia del TSJ, en Sala Constitucional de fecha: 18-02-15, se resolvió el tema, cuando menos en lo que respecta a la admisión de la prueba, salvo su apreciación en la definitiva en el siguiente sentido: “….PRUEBA PROMOVIDA POR LA PARTE ACTORA. OPOSICIÓN A LA PRUEBA:…C.A. ADV…promovió al ciudadano M…como “Testigo Pericial”, “Graduado en Gestión Empresarial del Pacto Global y Graduado en Gestión ISO 26000”…con el objeto de demostrar el incumplimiento de la garantía y protección del derecho a la salud, a la vida y a un ambiente seguro de conformidad con la Constitución y los Tratados Internacionales, así como el ‘incumplimiento del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco, sancionado y remitido por la Plenaria de la Asamblea Nacional en el mes de marzo de 2006’, y la obligación del sector empresarial dedicado a la producción de productos derivados del tabaco, al cumplimiento del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco, así como el financiamiento y sostenimiento de los gastos ocasionados al Estado Venezolano por el tratamiento de las enfermedades producidas por el tabaco (…)”…C.A. CBS, presentó escrito mediante el cual se opuso a la admisión de la prueba de perito testigo, promovido por la parte demandante…en los siguientes argumentos: Que “el asunto debatido es de mero derecho y en aplicación del principio ‘iura novit curia’, el derecho no es objeto de prueba”. Que la parte promovente “pretende demostrar, con la declaración de un ‘testigo pericial’, que en el ordenamiento jurídico venezolano no están previstas disposiciones que regulen el control de la industria tabacalera, hecho que resulta absolutamente falso, toda vez que sí existe en Venezuela una extensa regulación sobre la producción, promoción, comercialización y consumo de tabaco y sus derivados, que se adapta en todo a los estándares exigidos por la Organización Mundial de la Salud en su Convenio Marco para Control del Tabaco”. Que la promovente no puede “pretender demostrar normas que tratan el tema en la Constitución Nacional, el Convenio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Tratados Internacionales vigentes en Venezuela, así como demostrar las normas vigentes sobre la materia en el país”…Que “con la promoción del ‘testigo pericial’ se persigue demostrar un asunto del derecho venezolano, lo cual resulta contrario con el principio ‘iura novit curia’”, razón por la cual solicita se declare inadmisible su promoción como medio de prueba de hechos. Respecto a este medio de prueba ESTA SALA HA PRECISADO que se trata de “un experto, que incorpora sus conocimientos a los autos bajo la forma de oralidad, por lo que el artículo 132 de la derogada LOSEP, lo consideraba perito testigo, a fin de resaltar la característica oral del dictamen y encauzar la forma en que tendría lugar en estrados la declaración; motivo por el cual escogió la del testimonio, a fin  que por sus normas se regulase su promoción y evacuación”…al PRINCIPIO ‘IURA NOVIT CURIA…cabe destacar que el referido aforismo, según el cual el juez conoce el derecho, limita a las partes a probar los hechos, toda vez que es a través de la prueba que se establece la verdad de las situaciones fácticas ocurridas con anterioridad al proceso, consideradas relevantes para la decisión, lo que excluye la posibilidad de que la prueba se refiera a normas jurídicas. De esta manera, la doctrina ha señalado que la aplicación de este principio trae como consecuencia que la aplicación de la norma de derecho sea “un problema de conocimiento del orden jurídico” por el juez, razón por la cual resulta impropio “hablar de prueba de las reglas de derecho”, porque las “entidades abstractas” no pueden ser objeto de prueba. (Cfr. Carnelutti, Francesco, La Prueba Civil, Buenos Aires, Ediciones Depalma; 2da edición, 1982, pp. 5-7)…De lo expuesto se puede apreciar que, ciertamente, las normas jurídicas que sirven de fundamento a la relación material que existe entre la partes quedan excluidas de todo tipo de actividad probatoria en el proceso; toda vez que, la questio iuri que se debate pertenece a la actividad jurisdiccional que lleva a cabo el juez en su labor interpretativa de la norma, haciendo efectivo el contenido del Derecho, precisamente conformado por normas generales para resolver el conflicto planteado a través de la argumentación expresada en el fallo judicial; sin embargo, tal como lo ha sostenido la doctrina, si bien las reglas de derecho no son por lo general objeto de prueba, ni forman parte del tema de la prueba, cuando la investigación se refiere ‘a la existencia y al contenido de la norma jurídica, no ya a su interpretación’, nada se opone a que sea objeto de prueba judicial, como ocurre con el derecho consuetudinario y extranjero, porque ‘respecto a la prueba no se contraponen los hechos y las normas jurídicas, pues estas también son hechos y, por tanto, pueden ser objeto de prueba’, desde un punto de vista abstracto (…). Lo contrario es confundir el objeto con el tema o la necesidad de la prueba. (Cfr. Devis Echandía, Hernando, Teoría General de la Prueba Judicial, Buenos Aires, Victor de Zavalía; 5ta edición, 1981, pp. 181 y 182)….lo pretendido por el promovente de la prueba, es que el testigo experto incorpore al proceso de forma oral, de acuerdo a sus conocimientos, hechos concretos relacionados con la pretensión de los demandantes, tendentes a demostrar la existencia del alegado incumplimiento por parte del Estado Venezolano de regular y controlar la producción de productos derivados del tabaco con ocasión del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como el financiamiento y sostenimiento de los gastos ocasionados al Estado venezolano por el tratamiento de las enfermedades producidas por el tabaco, lo cual no guarda relación con la promoción de normas jurídicas, ni con el aforismo iura novit curia, razón por la cual se desestima la oposición formulada por la representación judicial de C.A. CBS. Así se declara…Adicionalmente, considera esta Sala oportuno precisar que…“a todo medio de prueba hay que señalarle al ofrecerlo, cuáles son los hechos que con ellos se pretende probar. De este sistema sólo escapan los testimonios y la confesión que se trata de provocar mediante las posiciones juradas”…Dada esa característica, la Sala ha considerado respecto al perito testigo que no es necesario que se indique en su promoción sobre qué versará el dictamen, “dato básico para determinar la pertinencia de la prueba, pero -al igual que con el testimonio- al momento de su exposición, la Sala podrá negarla por impertinente, ilegal, y en el proceso oral, por superfluo o dilatorio, a tenor del artículo 868 del CPC”...por tanto, se admite la prueba promovida por C.A. ADV. Así se decide…”

Dra. Ana Santander.

13 de febrero de 2015

¿SE PUEDE DEMANDAR EL CUMPLIMIENTO Y REVISIÓN DE OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN A LA VEZ?. (NO):

  PLANTEAMIENTO DEL CASO: Cuando un cliente nos pregunta: “Dr. El obligado (a), tiene X años sin cancelar la Obligación de Manutención fijada y yo solo (a) corriendo con todos los gastos de mi menor hijo, que dicho sea de paso, aun solventándose el (la) señor (a), esa exigua cantidad que le toca cancelar mensualmente, es más que insignificante. Entonces, ¿será que podemos exigirle que se solvente y de una vez que aumente el monto al que quedó obligado?”. RESPUESTA: A priori, la respuesta sería afirmativa, pero en el campo estrictamente legal, la respuesta es negativa. Paso de seguidas a explicar el por qué. La solicitud de Cumplimiento de Obligación de Manutención. Conforme al artículo 341 del CPC: “Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley. En caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de la negativa. Del auto del Tribunal que niegue la admisión de la demanda, se oirá apelación inmediatamente en ambos efectos.” La exposición de motivos de la LOPNNA establece, concederle fuerza ejecutiva al convenimiento homologado por el juez para hacerlo efectivo, en caso de incumplimiento, sin tener que acudir al procedimiento judicial. Es así que por remisión expresa del artículo 451 ejusdem, compete al Juez que conoció de la causa, aplicar lo que prevé el artículo 524 y siguientes del CPC, para la ejecución de sentencias, y así obtener el cumplimiento de la obligación reclamada. De acuerdo con el sistema que se mantiene en nuestro ordenamiento jurídico, la ejecución de sentencia no es objeto de una nueva acción ni da origen a una nueva relación jurídica procesal, sino que es el desenvolvimiento final de aquélla que se constituyó entre las partes en la causa principal y que culminó con una sentencia ejecutoriada, siendo doctrina consolidada que la ejecución de la sentencia en sus propios términos forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, ya que en caso contrario las decisiones judiciales y los derechos que en las mismas se reconocen no serían otra cosa que puras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad ninguna. En este orden, la doctrina pacífica y reiterada del Máximo Tribunal de la República ha sido exigente en lo que respecta a la observancia de los trámites esenciales del procedimiento, de tal modo que para preservar el principio de legalidad de las formas procesales, salvo las situaciones de excepción previstas en la ley, no es relajable por las partes ni por el juez, pues su estructura, secuencia y desarrollo está establecida en la ley. Por esa razón, se ha dicho de forma reiterada que no es potestativo de los tribunales subvertir las reglas legales con que el legislador ha revestido la tramitación de los juicios, pues su estricta observancia es materia íntimamente ligada al orden público...”. (TSJ-SCC. Sentencia de fecha 19 de julio de 1999, caso: Antonio Yesares Pérez c/ Agropecuaria el Venao C.A. La eficacia de la cosa juzgada apunta a tres posibilidades: Una, la coercibilidad, que consiste en la eventualidad de ejecución voluntaria, extremo éste acogido por nuestra legislación y regulado en los artículos 523 del CPC, de la siguiente manera: “La ejecución de la sentencia o de cualquier otro acto que tenga fuerza de tal, corresponderá al Tribunal que haya conocido de la causa en primera instancia”. Artículo 524: “Cuando la sentencia haya quedado definitivamente firme, el tribunal, a petición de la parte interesada, pondrá un decreto ordenando su ejecución”.. Artículo 525: “..Vencido el término de la suspensión o incumplido el acuerdo, continuará la ejecución conforme lo previsto en este Título. Artículo 526: “Transcurrido el lapso establecido en el artículo 524, sin que se hubiese cumplido voluntariamente la sentencia, se procederá a la ejecución forzada”. Ahora bien, EN LOS CASOS EN QUE HAYAN CAMBIADO LOS SUPUESTOS CONFORME A LOS CUALES EL FALLO HA SIDO DICTADO, éste puede ser revisado posteriormente, para lo cual será necesario plantear ante el órgano jurisdiccional por vía autónoma, la acción respectiva; esto es, la revisión de sentencia por aumento o disminución de la Obligación de Manutención, la privación o revisión de la Responsabilidad de Crianza, la Custodia y la Convivencia Familiar. Pero en aquellos supuestos en que sea necesario demandar el cumplimiento de lo acordado, no será necesario tramitar el procedimiento que esté regulado en la Ley para cualquiera de los casos concernientes a las instituciones familiares, sino simplemente pedir la ejecución de lo decidido, es en estos casos que el Juez de la causa deberá acudir al procedimiento de ejecución de sentencias contenido en el Código de Procedimiento Civil. 
Dra. Ana Santander.

12 de febrero de 2015

PADRE VIAJA CON HIJO AL EXTERIOR SIN PERMISO DEL OTRO Y SIN RETORNO. ¿QUÉ HACER?:



 Les ofrecemos a nuestro Usuarios, Sentencia de Restitución Internacional de Menor, declarada Con Lugar a finales del 2014, a favor de uno de los clientes de este Despacho Jurídico. 











































Dra. Ana Santander


30 de enero de 2015

POSESIÓN POR MÁS DE 20 AÑOS SOBRE INMUEBLE ¿EQUIVALE A PROPIEDAD?:


Este Despacho tiene el honor de poner a disposición de nuestros Usuarios, la Sentencia por Prescripción Adquisitiva de fecha: 18-12-14, obtenida a favor de uno de nuestros clientes,  en la cual, por razones de privacidad, hemos omitido su identificación personal. La resumiremos de nuestro modo acostumbrado así:  “MOTIVO: PRESCRIPCION ADQUISITIVA:…Se inicia el presente juicio mediante escrito de demanda, presentado por la abogada Ana Inés Santander Ortiz, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 53.497, actuando en representación de la ciudadana A, mediante el cual demandó por prescripción adquisitiva a la empresa denominada C…C.A…-II…ESTE JUZGADO OBSERVA: Alega la parte actora en su escrito libelar que desde el año 1967 ha venido poseyendo en forma pacífica, pública, continua, no interrumpida y con ánimo de dueña, un terreno que tiene una superficie aproximada de 754,41Mts.2… alinderado así…así como también ha venido poseyendo unas bienhechurías construidas por ella en ese terreno que forma parte de mayor extensión y está ubicado en la parte alta de la Urbanización…, el cual, lo ha cuidado, vigilado, mantenido, limpiado, cultivado y sembrado. Aduce que los actos posesorios que ha efectuado han sido de tal magnitud y por tanto tiempo que le han creado un ánimo y pasión por el terreno y las bienhechurías que ha construido, comportándose como verdadera dueña, sin que la propietaria del inmueble haya efectuado oposición a la posesión que ejerce. En ese sentido, basa su pretensión en los artículos 1.952 y 1.977 del C.C y 690 del CPC y procede a demandar a la empresa L. C., C.A., para que convenga o en su defecto sea declarado por este Tribunal en que es la única propietaria del inmueble por haberlo adquirido por prescripción adquisitiva. En la oportunidad de ley, compareció el abogado E y en su carácter de defensor judicial de la parte demandada, presentó escrito de contestación a la demanda…-III-…ESTE JUZGADO…ENTRA A ANALIZAR EL ACERVO PROBATORIO…a tal efecto se observa que:  Cursa…poder…en el cual, la ciudadana A…otorgó poder a las abogadas Ana Inés Santander Ortiz… cursa constancia de residencia expedida …por la Alcaldía del Municipio Chacao…documento protocolizado ante el Registro Inmobiliario del Municipio Chacao del estado Miranda…que no fueron cuestionadas en modo alguno se valoran conforme los Artículos 12, 429, 507, 509 y 510 del CPC, en armonía con los Artículos 1.357, 1.360 y 1.384 del C.C, y se aprecia que la actora reside en…cuyo inmueble le pertenece por haberlo adquirido del ciudadano…Riela…justificativo evacuado ante la Notaría Pública …se les otorga valor probatorio conforme a lo establecido en los artículos 12, 429, 431, 507, 508, 509 y 510 del CC y se aprecia que los testigos estuvieron contesten en afirmar que conocían de vista, trato y comunicación a la demandante; que ésta ha venido ejerciendo actos posesorios sobre el inmueble objeto del litigio, sembrando plantas y manteniendo en buen estado el mismo por un período de más de veinte años…En la oportunidad de promover pruebas, la parte actora solicitó la evacuación de una experticia sobre el inmueble objeto de la pretensión, cuyas resultas constaron a los folios 231 y 242 del expediente, y en vista que en su contra no hubo cuestionamiento alguno, el Tribunal procede a valorar dicho dictamen conforme los Artículos 12, 429, 451, 467, 468, 507, 509 y 510 del CPC, en armonía con los Artículos 1.357, 1.359 y 1.422 y siguientes del CC, y aprecia este Tribunal que el experto determinó en forma expresa lo que parcialmente se transcribe a continuación: “…La parcela sin identificación, parte de un lote mayor denominado …”.-IV- Realizado el estudio de las probanzas aportadas al proceso, este Juzgado considera preciso señalar que constituye principio cardinal en materia procesal, aquel conforme al cual el Juez se encuentra vinculado a lo alegado y probado en autos, sin que pueda sacar elementos de convicción fuera de estos, ni suplir excepciones o argumentos de hechos que no fuesen demostrados conforme al Artículo 12 del CPC, sin que esto constituya la anulación del poder discrecional del Juez en la búsqueda de la verdad para acercarse a lo justo y ajustado en la aplicación del derecho…A tales efectos, establece el artículo 1.952 del CC, que: “demás condiciones determinadas por la Ley”. Encontramos que esta disposición incluye La prescripción es un medio de adquirir un derecho o libertarse de una obligación por el tiempo y bajo las tanto la prescripción adquisitiva como la prescripción extintiva, respecto a los derechos reales.Se entiende por Prescripción Adquisitiva la adquisición de la propiedad por el transcurso del tiempo, determinado éste por la Ley, y bajo los requisitos que ésta establezca. Así pues, de la definición misma se colige que tanto el transcurso del tiempo durante el lapso señalado por la ley, como la posesión legítima, por creación legal, son elementos impretermitibles para la existencia de la institución jurídica que analizamos. La prescripción, está conceptuada por la Ley como un modo de adquirir la propiedad. Así lo preceptúa el artículo 796 del CC, que in fine señala: “…omissis…Puede también adquirirse (la propiedad) por medio de la prescripción “. (paréntesis nuestro). Ello entra en perfecta concordancia con lo señalado por el artículo 545 del CC, el cual define a la propiedad como el derecho de usar, gozar y disponer de las cosas de manera exclusiva con las limitaciones y obligaciones de la Ley. Este concepto de la propiedad se corresponde con una visión esencialmente civil…omissis…Limitándonos a la prescripción adquisitiva, detallaremos las principales características de ésta en el ámbito del derecho civil. La misma ha sido conceptuada legalmente como un medio de adquirir un derecho, mediante el transcurso de un tiempo determinado, durante el cual se ha ejercido posesión legítima, irrenunciable antes de haberse adquirido y con efecto sólo sobre aquellos bienes que están en el comercio…”. A su vez los artículos 1.953 y 1.977 del CC, señalan: “Para adquirir por prescripción se necesita posesión legitima”. …“Todas las acciones reales se prescriben por veinte años y las personales por diez, sin que pueda oponerse a la prescripción la falta de título ni de buena fe, y salvo disposición contraria de la ley”. Desprendiéndose de las normas que anteceden los extremos a ser cumplidos por aquella persona que pretenda acogerse al derecho de prescripción adquisitiva, resulta obligante para quien suscribe analizar los mismos, para lo cual se hace menester traer a colación lo dispuesto en el artículo 772 del CC“…Requisitos para que opere la prescripción de la propiedad serán entonces: 1. Que los bienes sobre los cuales se pretende la prescripción adquisitiva sean susceptibles de adquisición, esto es, posibilitados para el tráfico jurídico. 2. Que quien pretenda la prescripción adquisitiva del bien lo haya poseído en forma legítima, entendida ésta en los términos del artículo 772 del Código Civil, esto es, que sea “continua, no interrumpida, pacifica, pública, no equivoca y con intención de tener la cosa como suya propia. Continua: Se refiere a actos “regulares, sucesivos no interrumpidos; es una Perseverancia y una permanencia sobre la cosa objeto de la posesión; supone que ha sido ejercida siempre por la misma persona que trate de obtener la tutela correspondiente”. Presupone “un hecho personal que demuestre fehacientemente, o sea, que no admita dudas, de que el poseedor es tal durante determinado tiempo”. No interrumpida: La posesión se interrumpe, cuando el poseedor contra su voluntad, deja se usar la cosa. Se trata, según el maestro Borjas, de que ninguna causa extraña al libre querer del poseedor, le ha obligado a abandonarla o a poner cese a los actos que la constituyen. La interrupción se producirá por un acto involuntario del poseedor, mientras que la discontinuidad será un acto voluntario. Para que la posesión se considere ininterrumpida es necesario que frente al poseedor actual surja un nuevo poseedor que ejerza los actos constitutivos de la posesión contra el antiguo poseedor. Pacífica: Conforme el artículo 777 del Código Civil, “los actos violentos” no pueden servir de fundamento para adquirir la posesión legítima; sin embargo, una vez que haya cesado la violencia, comenzará la posesión a ser legítima…Algunos autores creen que la posesión pacífica es la no ininterrumpida, pero la ley distingue con claridad estos caracteres; probablemente la confusión nace de que ambos tienen por causa inmediata la perturbación, mas la diferencia es radical. No hay interrupción si la molestia no se ha llevado al despojo; y para que la posesión deje de ser pacífica se necesitan perturbaciones frecuentes, sin llegar nunca a tal extremo, porque desde ese momento no sería pacífica sino interrumpida”. Pública: Para Jiménez Salas, es un “comportamiento del poseedor frente a la sociedad o la expresión callada, que con sus actos realiza el poseedor, […] que no es clandestina su posesión, que no es oculta y que no tiene por qué ocultarla; que hay una voluntad real, efectiva y manifiesta de poseer, y que, en efecto, posee y, fundamentalmente, que esa posesión ha sido vista de cualquiera”. No equívoca: El ejercicio de los actos posesorios por parte de quien pretende ser poseedor de una cosa deben revelar de modo cierto e indudable la intención de poseerla y revestir todos los caracteres que sean peculiares al derecho que se pretende ejercer. El ejercicio de la posesión no puede estar sometido a “incertidumbres, dudas o suspicacia sobre la capacidad de posesión en nombre propio, es decir, que su relación con la cosa poseída es en su propio nombre y no en nombre de nadie. Con intención de tener la cosa como suya propia: Se presume que una persona posee por sí misma y a título de propiedad, cuando no se prueba que ha empezado a poseer en nombre de otra” (Art. 773, CC). Recoge la intención de tener la cosa como suya propia el elemento de la posesión determinado por el animus, semejante a la intención del propietario respecto de la cosa de su propiedad.  3. Que la posesión legítima por parte de quien pretenda prescribir la propiedad o el derecho real, se haya prolongado por más de veinte años, conforme a lo previsto en el artículo 1.977 del CC…”. Conforme a la normativa y doctrina antes señalada, se tiene que para que se produzca la posesión legítima, es necesario que se cumplan 6 requisitos concurrentes, los cuales son que la posesión sea: 1) continua; 2) no interrumpida; 3) publica; 4) pacifica; 5) no equívoca; 6) con la intención de tener la cosa como suya propia. En este orden de ideas, este juzgador considera imperioso determinar si la accionante de autos es o no poseedora legítima del inmueble en litigio, tal como aduce en el libelo de la demanda. En cuanto al primer requisito referente a que la posesión debe ser continúa, es necesario que la manifestación de ánimo de tener la cosa como suya propia se ejerce constantemente de modo que el poseedor no debe aceptar que otra persona realice actos de ocupación o posesión material en dicha cosa; a este respecto, el Tribunal observa que la parte demandante ha demostrado fehacientemente que la posesión que alega tener desde hace más de veinte años fue ejercida de manera continua, de forma permanente, ello se desprende de los testigos evacuados, pues de dichas probanzas se pudo constatar que la ciudadana A ha poseído desde hace más de 20 años, hasta la actualidad el inmueble descrito en autos. Así se establece. En relación al segundo requisito, que la posesión sea ininterrumpida, lo que significa, que no exista otra persona con la posesión del bien que se pretende adquirir a través de la prescripción adquisitiva, o que a lo largo de esos mínimos 20 años, ningún tercero haya ejercido la posesión sobre el bien cuya prescripción se demanda; observa este Juzgador que la demandante ha demostrado que la posesión del inmueble en cuestión ha sido sin ningún tipo de interrupción, según la constatación de las testimoniales evacuadas. El tercer requisito, referente a que la posesión sea pública, se observa que para cumplir cabalmente con este requisito, es necesario que el poseedor exhiba claramente ante la colectividad el poder de hecho que ejerce sobre el bien, que en forma alguna oculte su posesión ante los demás, para que así todos puedan considerarlo propietario del bien que retiene, observando así de las actas que componen el presente expediente, que tal situación fue perfectamente cumplida según se aprecia del testimonio de los testigos evacuados. El cuarto requisito concerniente a la posesión pacifica, es decir, que la posesión ejercida haya sido obtenida son ningún tipo acto violento, y que la misma durante el tiempo no haya sufrido ningún perturbación y/u oposición; lo cual a criterio de quien suscribe, la demandante ha demostrado durante el devenir del proceso que la posesión que ostenta sobre el inmueble objeto de juicio no ha sufrido ningún acto que pudiera ser considerado perturbador. En lo que respecta a que la posesión sea no equívoca, referido esto a que la relación que exista entre la accionante con la cosa poseída sea en su propio nombre; en lo que a este particular concierne, este Tribunal considera que la demandante con el material probatorio aportado a los autos, ha demostrado que ha poseído en nombre propio durante más de 20 años el inmueble constituido por…-V- Con fuerza en las consideraciones precedentemente expuestas, ESTE JUZGADO...DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS…DECLARA CON LUGAR la pretensión de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA (USUCAPION) interpuesta por A, contra la sociedad mercantil denominada …L…C, C.A., todos ampliamente identificadas en el encabezamiento de esta decisión. En consecuencia: PRIMERO: Se declara a la ciudadana A…titular del derecho de propiedad del bien inmueble constituido por un terreno que tiene una superficie aproximada de…; SEGUNDO: Téngase la presente decisión como TITULO DE PROPIEDAD suficiente a favor de dicha ciudadana sobre el descrito bien inmueble; en tal sentido, líbrese oficio al Registro Público del Primer Circuito del Municipio Sucre del estado Miranda, a los fines que se sirva efectuar la respectiva inscripción…”

Dra. Ana Santander.

23 de enero de 2015

COMO DEMOSTRAR LA PATERNIDAD ANTE LA NEGATIVA DEL PRESUNTO PADRE:



Pongamos un ejemplo: A madre de B, reclama la Inquisición de Paternidad en contra de C.  A solicita la prueba del ADN (prueba heredo biológica). Pero C, a pesar de ser notificado en juicio, en varias oportunidades, (en la persona de su servicio doméstico, o de su madre, o de su esposa), no se presenta al IVIC a someterse a la prueba. Por su parte C, alega que nunca fue notificado personalmente, pero se excusa de no haber acudido a ninguna de las oportunidades fijadas, por imposibilidad material. Además  C, alega que no basta la sola negativa de someterse a la prueba del ADN para que se establezca en su contra la presunción del artículo 210 CC, pues también se requiere que A pruebe la posesión de estado o demuestre la cohabitación del padre y la madre durante el periodo de la concepción y la identidad del hijo concebido en dicho periodo. A largo de toda esta discusión, el proceso se demora por muchos años. ¿A quién corresponde el mejor derecho?. El artículo en comento señala: “…A falta de reconocimiento voluntario, la filiación del hijo concebido y nacido fuera del matrimonio puede ser establecida judicialmente con todo género de pruebas, incluidos los exámenes o las experticias hematológicas y heredo-biológicas que hayan sido consentidos por el demandado. La negativa de éste a someterse a dichas pruebas se considerará como una presunción en su contra. Queda establecida la paternidad cuando se prueba la posesión de estado de hijo o se demuestre la cohabitación del padre y de la madre durante el período de la concepción y la identidad del hijo con el concebido en dicho período, salvo que la madre haya tenido relaciones sexuales con otros hombres, durante el período de la concepción del hijo o haya practicado la prostitución durante el mismo período; pero esto no impide al hijo la prueba, por otros medios, de la paternidad que demanda.” Lo anterior fue resuelto a través de sentencia emanada del TSJ en  Sala de Casación Social, de fecha: 17 de Diciembre del 2014, de la siguiente manera, que resumimos a continuación: “…La SALA OBSERVA que las boletas a través de las cuales se puso en conocimiento al demandado de las diversas fechas que debía comparecer ante el precitado Instituto, no decían intimación, salvo la última, y ninguna de éstas fue entregada personal y directamente al demandado…si bien, en materia procesal civil, esta dispuesta la intimación a fin de comunicar tales actos, en materia adjetiva de protección de niños…es necesario considerar otros principios y valores tendientes a garantizar la efectividad de la tutela de los derechos de los infantes y jóvenes, a fin de que el proceso no se convierta en una entelequia o un instrumento que atente contra el respeto y salvaguarda de dichos derechos y en definitiva de la justicia…la LOPNNA, recoge en el literal g) artículo 450 el principio de simplificación de los actos procesales y del no sacrificio de la justicia por “ritualismos o formalismos innecesarios”…por tal razón la LOPNNA, suprimió la institución de la citación e implementó la NOTIFICACIÓN, como el medio idóneo de comunicación, que si bien garantice el conocimiento oportuno de los actos y el derecho a la defensa, no se convierta dicho acto en un obstáculo, por lo que se prescindió de aquellas fórmulas excesivas que más que tutelar derechos de las partes se convierten en instrumentos al servicio del abuso que retardan indebidamente e incluso anulan el proceso y la búsqueda de la justicia. En tal sentido, interpretar que en los procesos de niños de naturaleza filiatoria, tales como inquisición de paternidad o maternidad, se requiera la INTIMACIÓN como acto idóneo a los efectos de comunicarle al presunto padre o madre la orden de practicarse la pruebas heredobiológicas, lo cual implicaría además de una orden de comparecencia, la entrega personal de la boleta a dicho sujeto, sin que otros medios sucedáneos pueda suplir dicha comunicación, tal cual como lo establece el artículo 505 del CPC, es contrariar el espíritu y propósito que marcan la LOPNNA…la intimación está revestida de unas garantías a favor del intimado, opuesta al principio de simplicidad que rige el proceso de protección de niños…, pues si bien la notificación puede contener la orden de comparecencia, se obvia la entrega personal, pues este elemento constituye en el marco de este proceso un exceso de ritualismo, que más allá de garantizar el derecho de defensa del presunto padre o madre, vulnera el derecho de los niños, a una tutela judicial efectiva que hace nugatorio el proceso…la parte recurrente alegó: que NO ES SUFICIENTE PARA ESTABLECER LA PATERNIDAD, LA PRESUNCIÓN, ante la negativa a someterse a las pruebas filiatorias, contemplada en el artículo 210 del Código Civil, SE REQUIEREN ADEMÁS PROBAR LA POSESIÓN DE ESTADO O QUE SE DEMUESTRE LA COHABITACIÓN DEL PADRE Y LA MADRE DURANTE EL PERIODO DE LA CONCEPCIÓN Y LA IDENTIDAD DEL HIJO CONCEBIDO EN DICHO PERIODOEn este punto, es entendido que muchas relaciones de parejas, más aún cuando son extramatrimoniales se desenvuelven en la esfera de la intimidad, de la privacidad… en una suerte de prueba diabólica…Luego, vista las implicaciones y consecuencias jurídicas de conocer la paternidad y la relevancia de los exámenes médicos como prueba, la no colaboración por parte de quien disponga del material indispensable para la realización de dicha prueba, se debe entender como un elemento suficiente para acreditarla, pues de tal negativa expresa o de la realización de actos tendientes a impedir o disuadir la facilitación de dicho material, se debe inferir la intención de ocultar una información lesiva a sus intereses. Así, no atribuirle a la resistencia a cooperar del presunto padre fuerza suficiente para acreditar la paternidad y exigirle a la madre, el hijo, demostrar elementos que conlleven a tal hecho, implica colocarlos en  un total estado de indefensión que conlleva a una negación de justicia. Así, ante la dificultad o imposibilidad probatoria en que se encuentran estos, las reclamaciones de paternidad quedarían a expensas de la voluntad única y exclusiva del presunto padre…de lo que se deduce que estamos frente a una prueba diabólica para la actora, quien no prueba no por su negligencia o desidia, sino por imposibilidad fáctica…los avances de la ciencia y de la tecnología han hecho que esta experticia sea cada vez más fidedigna e incuestionable, al tiempo que ha impuesto que se considere fundamental la práctica de la aludida prueba…De tal modo que la negativa a aportar el material indispensable para la realización de los exámenes heredobiológicos por parte del presunto padre constituye una conducta totalmente reprobable; en consecuencia tal negativa debe ser considerada  como suficiente para acreditar la paternidad…Todas estas razones son suficientes para apuntar la necesidad de que la presunción establecida en el artículo 210 del CC, el Juez la interprete como suficiente para desprender la filiación paterna, sin que tenga necesidad de demostrarse otros elementos como la posesión de estado o se demuestre la cohabitación del padre y la madre durante el periodo de la concepción y la identidad del hijo concebido en dicho periodo. Así se establece. DURACIÓN DEL JUICIO: Así, esta Sala con asombró observa que la demanda de inquisición de paternidad se interpuso…el presente juicio de paternidad tardó en resolverse en forma definitiva 10 años, situación que a todas luces choca con el principio constitucional contemplado en el artículo 26, a obtener una “justicia expedita, sin dilaciones indebidas”… Así en el presente caso, destaca el hecho que le fue otorgado al ciudadano E, demandado, 6 oportunidades para que le facilitara al IVIC, la muestra sanguínea a los efectos de la prueba heredobiológica que dicho ente practicaría…De tal modo que más allá de garantizar el derecho del niño C.E.E.M.V., tal proceder se debe considerar como una dilación indebida que alejó el proceso de su fin….es una clara evidencia que se rebasó las oportunidades razonables que se le podían conceder al demandado para colaborar, y ello sin lugar a duda representó una demora que desbordó los márgenes ordinarios de duración de un proceso de inquisición de paternidad…Así, 2 oportunidades fueron dadas en primera instancia, sumada a una tercera donde el IVIC dejó la opción en voluntad del demandado; en tanto, el Superior concedió 4 oportunidades, adicionales. De tal manera que la actuación de los juzgadores se puede considerar como complaciente, con la reticente actuación del demandado…Tales conductas son subsumibles dentro del artículo 170 de CPCLas partes, sus apoderados y abogados asistentes deben actuar en el proceso con lealtad y probidad…En consecuencia, esta Sala EXHORTA a todos las juezas de protección de niños, niñas y adolescentes de la República a asumir el rol de garantes de conformidad con el mandato constitucional, establecido en el artículo 76 de la CRBV, y conducir los procesos en forma expedita y sin dilaciones indebidas que enerven la tutela efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, esta Sala de Casación Social, convencida que este modo de proceder no debe repetirse, instruye los siguientes lineamientos de actuación procesal: a.   Los procesos judiciales de inquisición de paternidad deben llevarse con total transparencia y de forma expedita, sin dilaciones indebidas. b.   Las juezas están en el deber de adoptar las medidas preventivas necesarias para que la demora no haga nugatorio los intereses y derechos del niño...c.   Las juezas, ordenada la prueba heredobiológica, en caso de incomparecencia justificada del inquirido, podrán ordenar la práctica de dicho examen hasta por un máximo de dos ocasiones, siempre y cuando las circunstancias sobrevenidas sean debidamente justificadas y dentro de un plazo razonable. d.   Los actos de comunicación mediante los cuales se informe de las fechas fijadas para las pruebas heredobiológicas, se efectuarán mediante boleta de notificación, que debe contener la orden de comparecencia y la advertencia que su no asistencia, dará lugar a la presunción del artículo 210 del CC. e.   Los actos de comunicación, adicionalmente se podrán efectuar mediante llamadas telefónicas o correo electrónico, así como cualquier otro medio idóneo de comunicación que garantice el derecho a la defensa, sin menoscabo del interés superior del niño, en tanto se encuentre señalado por el solicitante de la prueba en sus escritos…”.
Dra. Ana Santander.