DERECHO

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31 de julio de 2015

SENTENCIAS DE LA SALA CONSTITUCIONAL VS SENTENCIAS DE OTRAS SALAS DEL TSJ:

 La propia Sala Constitucional en Sentencia de  fecha: 23-07-2015, dio preeminencia no a la Sala en cuestión, de quien emanara la sentencia, sino al principio de seguridad jurídica y/o expectativa plausible en aras de no sujetar la pretensión de un litigante a un criterio futuro e incierto, sino antes bien, a un criterio vigente al momento de entablar la pretensión por ante los tribunales. Comentaremos en breve  el criterio de la sentencia en comento que ratificó el ya establecido desde el 2003, en la siguiente forma: 

El principio de expectativa plausible, el cual sienta sus bases, sobre la confianza del particular, que un órgano del Poder Público, actúe de manera semejante a la que ha venido actuando, frente a circunstancias parecidas, a la posición que él esté atravesando en el presente. No se trata de que los criterios jurisprudenciales no sean revisados, y sincronizados con el cambio social, sino que esa revisión no sea aplicada de manera indiscriminada, ni con efectos retroactivos,  en otras palabras, que los requerimientos que nazcan del nuevo criterio, sean exigidos para los casos futuros, y que se respeten en consecuencia, las circunstancias fácticas e incluso de derecho, que existían para el momento en el cual se haya presentado el debate que se decida en el presente. De tal manera que un cambio de criterio jurisprudencial, aplicado al caso de autos, (al sometido al estudio del Juez de la causa en ese momento), y no “a futuro”, “ex nunc”, constituye  una violación al principio de confianza legítima, una violación a la seguridad jurídica y al derecho a la igualdad, ya que el citado cambio solo debe ser aplicado con efectos ex nunc, es decir, hacia el futuro, desde la publicación de la sentencia que lo estableció y para los casos que se hubiesen planteado con posterioridad al mismo, pues los expedientes iniciados con anterioridad a la nueva jurisprudencia se encuentran vinculados a la expectativa legítima, por lo tanto deben ser resueltos conforme a la jurisprudencia vigente al momento de su interposición, salvo que el cambio de criterio beneficie al justiciable y, en consecuencia, no afecte negativamente su situación jurídica subjetiva. Por tanto, no es el cambio de criterio el que atenta contra los derechos, garantías, principios constitucionales y la incolumidad de la CRBV, sino su aplicación inmediata o con efectos ex tunc, cuando la nueva doctrina jurisdiccional no presente una condición garantista y progresiva para el justiciable.

Dra. Ana Santander.

24 de julio de 2015

PRESCRIPCION ADQUISITIVA/REQUISITOS DE LA CERTIFICACION DE GRAVAMENES/PROCEDENCIA:


Sentencia de la Sala de Casación Civil del TSJ de fecha: 06-04-2015. En el juicio por prescripción adquisitiva, iniciado…por los ciudadanos M y contra la sociedad mercantil S…el Juzgado Superior …dictó sentencia…en la que declaró sin lugar la apelación ejercida por la parte demandada contra la sentencia del juzgado a quo…que había declarado con lugar la demanda, confirmando la misma y condenando en costas a dicha parte…Contra la preindicada sentencia…anunció recurso extraordinario de casaciónRECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD: Aduce la…parte demandada formalizante:…No se presentó con la demanda la certificación del Registrador en la cual conste el nombre, apellido y domicilio de las personas que aparezcan en la respectiva oficina de Registro como propietarias o titulares de cualquier derecho real sobre el inmueble…en su lugar, los demandantes acompañaron una certificación de gravámenes referida a un solo título de propiedad (el de la parte demandada)…El artículo 691 del CPC ordena que la demanda contentiva de una pretensión de prescripción adquisitiva sobre un inmueble debe proponerse contra todas aquellas personas que aparezcan en la respectiva Oficina de Registro como propietarias o titulares de cualquier derecho real sobre el inmueble; y un mecanismo para lograr dicho deber de acumulación subjetiva (litisconsorcio pasivo) lo establece de modo imperativo el mismo artículo 691, cual es la exigencia de presentar con la demanda una certificación del Registrador en la cual conste el nombre, apellido y domicilio de tales personas…es lo que permite o facilita conseguir las copias certificadas de los documentos de los que aparecen como titulares de derechos sobre el inmueble para poder incluirlos en la demanda y así conformar el litisconsorcio pasivo, como lo exige dicho artículo…Entonces, siendo un requisito de admisibilidad en la cual está interesado el orden público, si la parte demandante en prescripción adquisitiva no consigna la certificación del registrador que exige dicho artículo 691 conjuntamente con la demanda, ésta debe declararse inadmisible, de acuerdo a lo establecido en el artículo 314 del CPC...Petitorio…solicitamos que se case y anule la recurrida de conformidad con lo previsto en el segundo aparte del artículo 320, y se declare la inadmisibilidad de la demanda…PARA DECIDIR, LA SALA OBSERVA:la Sala descendió al análisis de las actas que conforman el expediente, de las que pudo comprobar que ciertamente, junto con la demanda por prescripción adquisitiva no se produjo la mencionada certificación, omisión que no puede ser suplida con la certificación de gravámenes que se acompañó, la cual es de naturaleza diferente al mencionado documento, lo cual no fue advertido en su momento por el tribunal de la causa ni por el tribunal superior, lo que vicia de nulidad todo lo actuado desde el auto de admisión de la demanda inclusive, la cual debió haber sido declarada inadmisible por la ausencia de presentación del aludido documento requisitoAsimismo, debe acotarse que el Juzgado que conoció del juicio principal procedió a la notificación de los posibles interesados mediante la publicación de edictos, considerando tal proceder como la manera idónea para cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 691 del CPC; sin embargo, tal razonamiento se aparta de la intención de esta norma que impone al demandante la obligación de gestionar el emplazamiento para “... todas aquellas personas que aparezcan en la respectiva oficina de registro como propietarias o titulares de cualquier derecho real sobre el inmueble”, ya que ellos pasarán a ser codemandados principales, siendo obligación exclusiva del demandante presentar la certificación del registrador con los datos de las personas que posean derechos reales sobre el inmueble. La notificación mediante edicto obedece a la invocación de posibles afectados que no aparezcan como involucrados directos por las informaciones recabadas en la oficina de registro, mientras que el emplazamiento de los adjudicatarios de derechos reales se conmina atendiendo a lo establecido en el Libro Primero, Título IV, Capítulo IV, del CPC, tal como lo ordena el artículo 692 eiusdem…Al negarse la participación de H.A.G.O.. en el juicio de prescripción adquisitiva, por obviarse los requisitos establecidos en el artículo 691 del CPC, se verificó la violación de sus derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa, razón por la cual, esta Sala considera necesario anular el procedimiento de prescripción adquisitiva que dio lugar a la sentencia dictada…por el Juzgado… de Primera Instancia…, por no haberse consignado la certificación de gravámenes correspondiente exigida por la norma adjetiva….”. REQUISITOS A CUMPLIR EN LA CERTIFICACION DE GRAVAMENES: 1.- Certificación expedida por el Registrador del lugar donde se encuentre ubicado el inmueble, en la que conste la identificación del propietario de cada una de las parcelas que se pretenden adquirir por prescripción adquisitiva. 2.- Copia certificada de los respectivos títulos de propiedad de cada parcela. 3.- El documento de parcelamiento. 4.- El tracto sucesivo de la propiedad de las parcelas que se pretenden prescribir. En el caso bajo examen, se observa que el demandante no satisfizo su carga procesal de proveer junto con la demanda los documentos fundamentales sobre los cuales sustenta su pretensión de prescribir las señaladas parcelas que conforman la ‘Hacienda La Limonera’, elementos probatorios éstos cuya consignación en autos era impretermitible a los fines de admitir la demandaDe allí que, esta Sala, actuando como director del proceso y vigilante de la estabilidad de los juicios, visto que el demandante no aportó al proceso los documentos fundamentales para la admisión de la demanda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 340 del CPC en concordancia con el artículo 434 eiusdem, debe declarar inadmisible la demanda ejercida y, en consecuencia, revoca el auto de admisión de la demanda dictado…por el Juzgado…de Primera Instancia en lo Civil... así como todas las actuaciones posteriores al mismo…CONCLUSION: En lo adelante, los Abogados deberemos ser cuidadosos al solicitar y obtener las resultas del Registro competente, cuando vamos a interponer a posteriori, una acción como la comentada; específicamente en cuanto al señalamiento de los posibles titulares de derechos reales…”

Dra. Ana Santander.

10 de julio de 2015

ADOPCION INTERNACIONAL DE MENORES EN VENEZUELA:






Sin pretender hacer de este artículo un tratado, de seguidas efectuaremos algunas consideraciones respecto a este tema tan interesante. Lo primero es que debemos partir del hecho que los solicitantes en adopción (futuros padres), según su nacionalidad y país de residencia, deben estar vinculados por el Convenio de la Haya. Caso contrario, les resultará imposible adoptar menores en Venezuela. El propio convenio, contiene la documentación, requisitos y/o evaluaciones a cumplir, por los solicitantes de la adopción, los cuales deben llenar a los fines de lograr con éxito la adopción deseada. Los solicitantes deberán acudir a la Autoridad encargada de la materia de Adopción en sus respectivos países, pues ante ellas, se someterán a los exámenes de rigor, así como ante ellas, deberán consignar los recaudos necesarios. Esta Autoridad, dependiendo del país, puede ser pública, privada, o mixta, (las evaluaciones serán entonces costeadas por el Estado o sufragadas particularmente). Una vez, llenados los requisitos ante la Autoridad en comento, ésta remite, a través de su Autoridad Central (Consulado de Venezuela en aquel país, o Relaciones Consulares), la información necesaria a la Autoridad Central Venezolana, por los canales regulares (Ministerio de Relaciones Exteriores en Venezuela), quien finalmente lo remite a Idena, competente en Adopciones Internacionales, cuya única sede está en Caracas. Idena revisará, entre otras cosas el Proyecto/Propuesta de Adopción (en el cual los solicitantes vacían las características  respecto al adoptable deseado por ellos (hembra, varón, hermanos, edad, etc). Es conveniente destacar, que cuando se trata de menores de 7 años, nuestra legislación prefiere que la custodia se ejerza en Venezuela, así como prefiere a los candidatos nacionales, frente a los internacionales. Cuando Idena, conforme a la Propuesta de Adopción, “ubica” al menor adoptable, se insta a los solicitantes a acudir a Venezuela a conocer al “adoptable”, por un período de 15 a 40 días, bajo el sistema del Emparentamiento, supervisado, en todo momento por el Equipo Multidisciplinario del Idena. De todas estas actuaciones se notifica a los Tribunales con competencia en Protección de niños. Dependiendo de las resultas del Emparentamiento, el Idena, solicita al Tribunal competente, la Colocación Familiar, por un lapso generalmente de 1 año. Es allí que el menor puede salir del país, previa conformidad de sus documentos legales, ordenada y adecuada por el Tribunal, (pasaporte, visa, etc). Cada 4 meses, promedio, la Oficina de Adopción del país de arribo, debe hacer el seguimiento adecuado. Cada Informe de Seguimiento es remitido a Venezuela por los canales regulares, al Idena. Dependiendo de esas resultas, el Idena, finalmente solicitará al Tribunal de Protección el inicio del proceso de Adopción Internacional. Notas Finales: -Evite trámites milagrosos y por demás onerosos,  por muy rápidos que le parezcan, suelen terminar con implicaciones penales, -Acuda a un Abogado Especialista en la materia, para evitar riesgos en relación a la familia extendida, -Los venezolanos residenciados en el exterior, pueden efectuarse los exámenes de rigor en Venezuela, sin costo alguno, -No confunda Adopción Nacional con la Internacional, (nacional-Av Urdaneta, internacional, Mene-grande).

Dra. Ana Santander.    

ARBITRAJE COMO MEDIO ALTERNATIVO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN MATERIA ARRENDATICIA (NO VULNERA EL ORDEN PUBLICO):



Resumimos la Sentencia del 16-06-15 de la Sala Político-Administrativa del TSJ, que abrió la puerta a las soluciones arbitrales:”…HECHOS:. el Juzgado…de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió el expediente…contentivo de la demanda por cumplimiento de contrato de arrendamiento, ejercida por…la sociedad mercantil Mcontra la sociedad mercantil E...La remisión se efectuó para que esta Sala se pronuncie sobre la consulta prevista en los artículos 59 y 62 del C.P.C, por haber declarado el referido Tribunal…la falta de jurisdicción del Poder Judicial para conocer del presente asunto, por encontrarse el contrato cuyo cumplimiento se reclama sujeto a una cláusula arbitral….CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:En primer término, es necesario precisar que la CRBV consagra en su artículo 258 el deber que tiene el legislador de promover el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios para la solución de conflictos, como alternativa ante las disputas o querellas en sede judicial, lo que refleja la constitucionalización de los medios alternativos para la resolución de conflictos. De manera que el arbitraje constituye una excepción a la competencia constitucional que tienen los tribunales ordinarios del país de resolver, por imperio de la Ley, todos los conflictos que les sean sometidos por los ciudadanos a su conocimiento. En este sentido, la doctrina y la jurisprudencia han considerado al arbitraje como un medio de autocomposición extrajudicial entre las partes, quienes, mediante una voluntad expresa, convienen en sustraer del conocimiento del Poder Judicial las diferencias, controversias o desavenencias que por la ejecución, desarrollo, interpretación o terminación de un negocio jurídico, sobrevengan entre ellas. Resulta necesario además hacer referencia a lo establecido por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, a través de sentencia N° 1541, publicada el 17 de octubre de 2008, respecto a la resolución alternativa de controversias mediante el arbitraje en algunas materias sometidas a un régimen protector o de derecho público, entre las cuales se encuentra el arrendamiento regido por la LAI. En tal sentido, la prenombrada decisión expresó -con carácter vinculante- lo siguiente: “…También bajo la vigencia de la CRBV, han entrado en vigencia un conjunto de normas que evidencian la aceptación y tendencia del ordenamiento jurídico patrio por incluir y desarrollar al arbitraje como un medio eficaz para la resolución de conflictos. Incluso, ha sido tan generosa la labor legislativa para el desarrollo del desideratum constitucional (ex artículo 258), que se le ha incluido en materias que, tradicionalmente, ni el propio legislador había aceptado la  posibilidad de implementar cualquier mecanismo alternativo para la resolución de conflictos. En tal sentido, se pueden mencionar a manera de ejemplo…el artículo 33 de la LAI (G.O. Nº 36.845  del 7 de diciembre de 1999), que aun y cuando no alude expresamente a los medios alternativos, sí los admite desde el mismo momento en que ha establecido la resolución jurisdiccional y no administrativa de todos los conflictos en la materia arrendaticia.la inclusión del arbitraje dentro del sistema de justicia, puso fin a la aparente contradicción que desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial se generó entre arbitraje, orden público, normas imperativas  y el principio tuitivo o protector de la legislación especial en áreas `sensibles´ como laboral, arrendamiento, consumo, operaciones inmobiliarias, entre otras. Cuando el legislador determina que conforme al principio tuitivo, una materia debe estar regida por el orden público, no deben excluirse per se a los medios alternativos para la resolución de conflictos y, entre ellos, al arbitraje, ya que la declaratoria de orden público por parte del legislador de una determinada materia lo que comporta es la imposibilidad de que las partes puedan relajar o mitigar las debidas cautelas o protecciones en cabeza del débil jurídico, las cuales son de naturaleza sustantiva; siendo, por el contrario que la libre y consensuada estipulación de optar por un medio alternativo -vgr. Arbitraje, mediación, conciliación, entre otras-, directa e inmediata ejecución de la autonomía de la voluntad de las partes es de exclusiva naturaleza adjetivaLa estipulación en un contrato de cualquier medio alternativo para la resolución de controversias, no supone entonces renuncia alguna a las protecciones, derechos o garantías establecidas en la legislación especial... En materia de bancos, seguros, valores y competencia a las respectivas Superintendencias o en materia de arrendamiento a las Direcciones de Inquilinato-, sino por el contrario, es admitir que en el ordenamiento jurídico vigente el hecho que se haya pactado un arbitraje no altera el régimen protector o de derecho público aplicable a cada área, en tanto la misma se constituye en la elección de un medio distinto a la vía judicial, al momento de una pretensión pecuniaria entre las partes…” De la jurisprudencia previamente transcrita -cuyo carácter, se reitera, ha sido -vinculante- se desprende que el arbitraje constituye un medio alternativo eficaz para la resolución de conflictos, aplicable también en materia de los arrendamientos regidos por la LAI, toda vez que -de acuerdo a lo expuesto en esa decisión de la Sala Constitucional- aun en las situaciones que involucren el orden público, la estipulación en un contrato de una cláusula compromisoria como un medio alternativo de resolución de controversias, no supone la renuncia a las protecciones, derechos o garantías establecidas en la legislación especial. Ahora bien, observa la Sala que cursa…original del contrato de arrendamiento suscrito entre las partes en el cual se observa…lo siguiente: DECIMA CUARTA: CONTROVERSIAS. Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, su ejecución, terminación e interpretación, se resolverá mediante arbitraje de acuerdo al Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas en base a las siguientes reglas: (1) El tribunal estará integrado por un (1) árbitro, el cual será escogido por el Comité Ejecutivo de dicha Cámara; (2) El tribunal decidirá en derecho; (3) Se le Notifica a las partes de la existencia de una demanda arbitral mediante carta, fax, o correo certificado”…De lo anterior se aprecia que correspondería efectuar el análisis de la cláusula de arbitraje expuesta en el referido contrato de arrendamiento que excluiría la jurisdicción del Poder Judicial para conocer del asunto controvertido, atendiendo al contenido del artículo 5 de la Ley de Arbitraje Comercial, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.430 del 7 de abril de 1998, que consagra expresamente la posibilidad de que las partes sometan a arbitraje la resolución de controversias o disputas, mediante un pacto denominado “acuerdo de arbitraje” y conforme al criterio expuesto por la Sala Constitucional de este TSJ, mediante sentencia Nº 1067 del 3-11-2010, en cuanto a las relaciones de coordinación y subsidiariedad de los órganos del Poder Judicial frente al sistema de arbitraje…cabe destacar que mediante…Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial…se establecieron las condiciones y procedimientos para regular y controlar la relación entre arrendadores y arrendatarios, para el arrendamiento de inmuebles destinados al uso comercial. Al respecto los artículos 2 y 4 establecen: Artículo 2:…A los fines de la aplicación e interpretación del presente Decreto Ley, se entenderá por ´inmuebles destinados al uso comercial´, aquellos en los cuales se desempeñen actividades comerciales o de prestación de servicios como parte del giro ordinario del establecimiento que allí funciona, independientemente de que dicho inmueble constituya una unidad inmobiliaria por sí solo, forme parte de un inmueble de mayor magnitud, o se encuentre anexado a éste… “Artículo 4Quedan excluidos de la aplicación de este Decreto Ley, los inmuebles…y terrenos no edificados…De acuerdo a la normativa expuesta y a los fines de determinar si al inmueble objeto de controversia le es aplicable el aludido Decreto Ley, esta Sala evidencia de la cláusula primera del contrato de arrendamiento lo siguiente: “PRIMERA: OBJETO: LA ARRENDADORA da en arrendamiento a LA ARRENDATARIA, un inmueble constituido por un lote de terreno que forma parte de la Urbanización Los Caobos, Parroquia El Recreo de este Departamento Libertador del Distrito Federal, con frente a la Avenida Lima, distinguida con el N° 43 que ocupa la parcela N° 2 de la manzana ‘F’ de dicha Urbanización y que tiene los siguientes linderos y medidas (…). En este sentido, LA ARRENDATARIA, declara que recibe EL INMUEBLE arrendado sin ninguna bienhechuría o construcción sobre el mismo” De conformidad con lo anterior, observa la Sala que el inmueble objeto del contrato de arrendamiento es un lote de terreno sin edificar, por lo cual se encuentra dentro de las excepciones establecidas en el artículo 4 del mencionado Decreto Ley, siendo que el mismo no le es aplicable. Por tanto…considera la Sala que en el presente caso resulta aplicable la cláusula compromisoria pactada por las partes en el contrato de arrendamiento para someter sus diferencias ante un Tribunal Arbitral. Así se declara…”
Dra. Ana Santander.

26 de junio de 2015

VALOR PROBATORIO DE LA CARTA DE CONCUBINATO EXPEDIDA POR EL REGISTRO CIVIL:


 







La Sala Constitucional del TSJ, en sentencia de fecha: 18-06-15, estableció en forma expresa y clara, que la existencia del Concubinato, no solo será demostrable a través del proceso mero-declarativo que todos conocemos, sino que también, es demostrable, a través de la tan famosa “Carta de Concubinato”, que hasta ahora era un elemento probatorio más, que en concatenación o adminiculación con las demás probanzas del proceso, hacían llevar a la convicción del Juez la existencia del mismo. Lo anterior es de suma importancia, pues, la casi totalidad de los clientes sostenían la existencia de su relación concubinaria, en base a decir: “yo lo legalicé”, “yo tengo carta de concubinato”, “¿tengo derecho sobre los bienes habidos durante esa relación?”. Los Abogados cautelosos, aclaraban que, primero había que agotar la mero-declarativa para poder aspirar a esos derechos económicos, pues aquella “carta” no bastaba, no era suficiente. Hoy por hoy habrá que apuntar más a que si se acompaña a juicio esa “Carta” y la misma no es impugnada en sede administrativa o en el propio juicio por quien tenga interés y por tanto conserve su valor probatorio, pues bastará para que se declare Con Lugar la Partición de los Bienes Concubinarios. Es decir, la sentencia que de seguidas resumimos a nuestro modo acostumbrado, despeja esta duda, simplemente, reconociendo lo que la propia Ley de Registro Civil ya había reconocido, que no es más que el carácter de Documento Público de estas “cartas de concubinato”, que han sido otorgadas con las formalidades de esa Ley. Tenemos entonces: “…la ciudadana T…causahabiente de E…por haber sido su concubina desde el año 1969 hasta el día de su fallecimiento”, e interpuso acción de amparo constitucional contra la decisión dictada…por el Juzgado Superior …en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por dicha ciudadana contra la sentencia dictada…por el Juzgado…de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esa misma Circunscripción Judicial, que había declarado inadmisible –por falta de cualidad- el amparo constitucional por ella interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado…de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas…el referido Juzgado declaró inadmisible la pretensión de amparo por falta de cualidad de su representada, por cuanto, en su criterio era necesario presentar una sentencia definitivamente firme que acreditara su condición de concubinaEn segundo orden…la accionante denunció la violación de los derechos constitucionales a la defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva de su representada, por parte del juzgado agraviante, y ello a razón de: Por haber decretado la falta de cualidad de su representada “sin tomar en cuenta las pruebas aportadas por ésta junto a su solicitud de amparo…En efecto, presentada la partida de nacimiento…de su hijo y de su concubino el difunto E, donde constan que para el año de 1970 ya convivían en concubinato o mantenían una unión estable de hecho, circunstancia suficiente para darle cualidad…para interponer el Amparo, no la analizó para darla por válida o desecharla sencillamente la ignoró. Y, por “no tomar en cuenta e ignorar completamente las pruebas aportadas…como lo fueron: 1) …justificativo de testigos…donde manifestaron la condición de concubinos... 2)… declaración hecha por su hijo … por ante la Notaría…donde justifica el error cometido en la partida de defunción y declara que sus padres siempre vivieron juntos y se enteró que no estaban casados cuando falleció su padre…En adición a lo anterior adujo que “exigirle a un concubino o a una persona que haya mantenido una unión estable de hecho, cuya pareja en el concubinato o en la unión estable de hecho haya fallecido, la presentación de una sentencia definitivamente firme que demuestre su condición de concubina, concubino o que se mantuvo en unión estable de hecho con el fallecido junto a la Solicitud de Amparo Constitucional, haría nugatoria la Acción de Amparo para ellos, ya que, no se ajusta al espíritu y propósito de la CRBV ni a la LOA en cuanto a su condición de ser un recurso expedito, breve, sumario y efectivo ante la violación de derechos constitucionales, por cuanto su exigencia, significaría un perjuicio irreparable…, por cuanto es imposible en razón del tiempo poder conseguir la referida sentencia definitivamente firme, al ser una prueba de difícil o improbable evacuación…”.Como petitorio de fondo solicitó “…declarar con lugar…Acción de Amparo…anule la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Superior… que conoció en Apelación de la Sentencia dictada por el Juzgado…De Primera Instancia…que a su vez conoció en primera fase el Recurso de Amparo…que se intentó contra la Sentencia dictada por el Juzgado…de Municipio…decidir el Recurso de Amparo originario …en consecuencia se revoque la sentencia recurrida, considerándose nulas todas las actuaciones realizadas con posterioridad a tal acto procesal”…II SENTENCIA ACCIONADA…Así las cosas, siendo la declaratoria judicial la única forma de probar una relación estable de hecho, y notándose de los documentales traídos por la quejosa, es posible comprobar que la misma no trajo a las actas dicha declaratoria; anexando como única prueba de su relación con el de cujus, una carta de concubinato emanada por el Consejo Comunal…realizada con posterioridad al fallecimiento del occiso, lo que a todas luces pone de manifiesto la falta de cualidad activa para incoar la acción por parte de la presunta agraviada en su condición de presunta concubina por no demostrar el nexo señalado entre el De Cujus…E y ella…I VANÁLISIS DE LA SITUACIÓN:el caso bajo examen se subsume en lo que la jurisprudencia ha denominado como “amparo contra amparo”, es decir, se intenta un amparo en contra de una decisión judicial, sólo que la misma recae sobre una acción de amparo primariamente interpuesta y que ha recorrido las dos instancias por el ejercicio de la apelación…observa la Sala que las denuncias de infracción constitucional alegadas por la representación judicial de la accionante en el amparo originario, son distintas de las que fueron argüidas en el presente caso, puesto que las primeras estuvieron dirigidas a delatar la supuesta omisión de pronunciamiento del Juzgado…de Municipio…sobre la prescripción extintiva opuesta por el ciudadano E…en la contestación de la demanda y la indebida exigencia de que probara que “un tercero ocupa el terreno dado en comodato…”, mientras que las razones que motivaron el ejercicio de esta nueva acción están relacionadas con la declaratoria de inadmisibilidad de la misma por falta de cualidad, la cual se produjo con ocasión del procedimiento de amparo originario. ..el thema decidendum se circunscribe a determinar si las pruebas producidas por la demandante de amparo para demostrar la existencia de la unión concubinaria que afirmó mantener desde el año 1969 con el ciudadano E, hasta el momento de su muerte, eran suficientes para demostrar su legitimación o cualidad para impugnar -por vía de amparo- una sentencia expedida en un juicio por cumplimiento de contrato de comodato en el que la misma no fue parte, o si, por el contrario, era requisito sine qua non que acompañara copia certificada de una sentencia dictada en un juicio por establecimiento de unión concubinaria en la que se declarara la existencia de dicha unión, tal como lo sostuvieron los tribunales que conocieron del amparo tanto en primera como en segunda instancia…la solicitud de protección constitucional ante los tribunales de la República, es un derecho que le es propio al ciudadano y por tanto, que sólo puede ser ejercido por aquél que detente un interés legítimo y directoLa legitimación activa del accionante en amparo, viene determinada porque en su situación jurídica exista la amenaza o la posibilidad de que se consolide un daño irreparable, proveniente de una infracción de naturaleza constitucional, por lo que pretende se enerve la amenaza, o se le restablezca la situación jurídica infringida. Lo importante es que el accionante pueda verse perjudicado en su situación jurídica por la infracción de derechos o garantías constitucionales que invoca, lo que le permite incoar una pretensión de amparo contra el supuesto infractor, sin diferenciar la ley, en principio, si los derechos infringidos son derechos o garantías propios del accionante o de terceros, así estos últimos no reclamen la infracción…la afectación de su situación jurídicapuede ocurrir directamente contra sus derechos o garantías constitucionales, o indirectamente, cuando afecta los derechos constitucionales de otro, pero cuya infracción incide directamente sobre su situación jurídica, debiendo demostrar, el vínculo que sus derechos o garantías constitucionales mantienen con la materia que motiva el planteamiento del asunto en sede jurisdiccional pues tal comprobación es, precisamente, la que legitima al solicitante de la protección constitucional para el requerimiento, ante el órgano judicial, de la tutela eficaz a sus derechos o garantías mediante el restablecimiento de la situación jurídica infringida….la accionante en ningún momento formó parte de la relación contractual que dio origen al juicio por cumplimiento de contrato de comodato en el que se dictó la sentencia que impugnó por vía de amparo constitucional, la cual fue dictada en un proceso en que tampoco fue parte, no obstante fundamenta su legitimación afirmando haber sido concubina del ciudadano E, quien sí lo fue con el carácter de demandado y a quien se le condenó a restituir a la parte actora libre de bienes y de personas, un bien inmueble constituido por un lote de terreno compuesto por cuatro parcelas, además del pago de las costas procesales. Queda claro entonces que la accionante pretende oponer a terceros los efectos jurídicos de la unión establece de hecho que adujo sostener con dicho ciudadano, sin embargo, no acreditó su existencia mediante la correspondiente copia certificada de la sentencia previa que así lo haya declarado, con ocasión de un juicio intentado a tal fin, lo que lógicamente determinó la declaratoria de inadmisibilidad –por falta de cualidad activa- por ella interpuesto…al no haber acompañado la demandante de amparo copia certificada de la sentencia que declare la unión estable de hecho que adujo sostener, ni la certificación de un acta de unión estable de hecho prevista y regulada en la Ley Orgánica de Registro Civil, esta Sala estima que la actuación del Juzgado Superior estuvo ajustada a derecho y dentro del ámbito de sus competencias…V OBITER DICTUM: A los solos fines pedagógicos, la Sala se permite observar a la Jueza a cargo del Juzgado Superior…que LA SENTENCIA DECLARATORIA DE LA UNIÓN ESTABLE DE HECHO NO ES LA ÚNICA FORMA DE PROBAR SU EXISTENCIA. En efecto, la LORC, publicada en Gaceta Oficial N° 39.264 de fecha 15 de septiembre de 2009, prevé en el artículo 118 que “la libre manifestación de voluntad efectuada entre un hombre y una mujer, declarada de manera conjunta, de mantener una unión estable de hecho, conforme a los requisitos establecidos en la ley, se registrará en el libro correspondiente, adquiriendo a partir de este momento plenos efectos jurídicos, sin menoscabo del reconocimiento de cualquier derecho anterior al registro”. De tal forma que, con la entrada en vigencia de dicha ley, se incorporaron a las actas que tradicionalmente se conocían en nuestro país (nacimiento, matrimonio y defunción), las actas de uniones estables de hecho, que además de las características generales de las demás actas establecidas en el artículo 81 eiusdem, deben contener las características particulares previstas en el artículo 120 ibidem. Las actas de uniones estables de hecho, al igual que las demás actas del Registro Civil previstas en el título IV de la LORC, tienen los efectos que la ley le confiere al documento público o auténtico (Art. 77), y sus certificaciones expedidas por los registradores o las registradoras civiles tienen pleno valor probatorio (Art. 155). De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 11 de la mencionada ley, los registradores civiles confieren fe pública a todas las actuaciones, declaraciones y certificaciones, que con tal carácter autoricen, otorgándole eficacia y pleno valor probatorio. Así mismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 112 idem, los datos contenidos en el Registro Civil prevalecen con relación a la información contenida en otros registros. A tal efecto, las actas del Registro Civil constituyen plena prueba del estado civil de las personas, siendo relevante destacar que los únicos medios de impugnación existentes contra las mismas son: i) la tacha de falsedad por vía principal o incidental por los motivos establecidos en el artículo 1380 del CC y mediante el procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Civil; ii) la solicitud de nulidad en sede administrativa, la cual sólo puede ser declarada por la Oficina Nacional de Registro Civil, a solicitud de persona interesada, de oficio o por solicitud del Ministerio Público o de la Defensoría del Pueblo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 150 de la LORC: 1. Cuando su contenido sea contrario a la ley o carezca de veracidad; 2. Cuando hayan sido dictadas por un funcionario o funcionaría manifiestamente incompetente o con prescindencia total y absoluta del procedimiento establecido para su expedición y 3. Cuando se corresponda a una doble o múltiple inscripción en el Registro Civil, y iii) la solicitud de nulidad de las actas del Registro Civil, que se refieran a niños, niñas y adolescentes, ante los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 156 eiusdem. Por su disímil naturaleza (jurisdiccional y administrativa) ambos medios de impugnación pueden coexistir, no son excluyentes, aunque la consecuencia de todos ellos sea la nulidad del instrumento, por lo que la pendencia de la tacha en sede judicial no obsta a que se inicie y decida la nulidad en sede administrativa ni viceversa..."
Dra. Ana Santander.